Por un supuesto adeudo con la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt), 50 familias fueron desalojadas del hotel “Suites Las Palmas”, quedándose sin hogar en plena contingencia por el COVID-19.
El pasado 11 de mayo, representantes de la dirección de Protección contra Riesgo Sanitario, Isesalud y la Cespt se presentaron en el lugar para clausurar el lugar; los del sector salud bajo el pretexto de que no se contaban con medidas preventivas contra el coronavirus y una fuga de aguas negras que ponía en riesgo la salud de los inquilinos, mientras que la paraestatal argumentó un adeudo.
Uno de los afectados comentó a Semanario ZETA que una de las irregularidades fue provocada por la misma Cespt, como represalia contra el hotel al negarse a pagar el presunto adeudo de agua que tiene; primero se les suspendió el servicio de agua potable y luego el del drenaje, lo segundo ocasionó la fuga de aguas negras.
“Los del hotel compraron pipas para abastecernos de agua, el único problema que persistió fue la fuga de aguas negras. Pero todo fue provocado por la misma autoridad, no fue negligencia del hotel”, aseguró el inquilino afectado.
Cuando los administradores fueron notificados de la posible clausura del lugar, acudieron a la Cespt para llegar a un acuerdo y evitar afectar a sus inquilinos, debido a que el 50 por ciento de estos eran adultos mayores y familias con niños que se estaban resguardando por la contingencia sanitaria.
Fue en ese momento cuando se enteraron de la existencia del adeudo de más de un millón de pesos que debía saldarse en una sola exhibición, sin posibilidad de convenios, para evitar cualquier acción por parte de la autoridad.
Los propietarios del hotel quisieron presentar los comprobantes de que estaban al corriente con sus pagos; sin embargo, se les puso la excusa de que los medidores colocados por la anterior administración estaban alterados y no reflejaban el verdadero consumo.
El día de la clausura fue “un verdadero martirio” para los inquilinos del hotel, que estaban distribuidos en los ocho niveles y necesitaban tiempo para poder sacar la totalidad de sus pertenencias. Para algunos esto no fue posible, debido a que primero se clausuró el elevador y esto dificultó bastante el ascenso y descenso de las personas; después vino la clausura total del lugar y ya no se les permitió el reingreso.
Algunos de los inquilinos tramitaron amparos para tener acceso de nuevo -unos con la intención de recuperar sus pertenencias, otro para tener un lugar donde resguardarse-, pues muchos utilizaban este hotel para vivir por las facilidades económicas que representaba. Pero hasta el momento ninguna autoridad ha acatado la disposición judicial.
