El 19 de mayo, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) reculó la decisión de suspender provisionalmente las pruebas a 17 centrales generadoras de electricidad mediante energía eólica y solar en el país. Con ello, las plantas podrán reanudar las pruebas, previo a que se les otorgue la licencia para conectarse al Sistema Nacional Eléctrico.
El cambio de la medida gubernamental se suscitó después que seis empresas interpusieran amparos y el Juez Primero de Distrito en materia de Competencia Económica y Telecomunicaciones, Rodrigo de la Peza López Figueroa, les concediera la suspensión del acuerdo emitido por el Cenace el 29 de abril de 2020.
Esto se dio en medio de severas críticas del sector privado en México y del envío de sendas misivas a la secretaria de Energía, Rocío Nahlé, por parte de las representaciones diplomáticas de Canadá y la Unión Europea, que advirtieron del riesgo de perder inversiones en energía renovable.
El director de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMEE), Julio Valle, comentó que el acuerdo del Cenace de finales de abril constituía la negativa a otorgar licencias para la interconexión de nuevos proyectos que cumplen con la normatividad y los requerimientos que la autoridad exige. Se trata de 44 proyectos (28 plantas solares fotovoltaicas y eólicas, con una capacidad de generación de 3 mil 270 Mega Vatios (MW), que se encuentran listas para operar, así como 16 proyectos en construcción que no podrían interconectarse.
Por dichos proyectos estaría en riesgo una inversión directa de 6 mil 426 millones de dólares y 29 mil 517 empleos en la cadena de valor en 18 estados de la República Mexicana.
En entrevista con NEGOCIOZ, Valle agregó que en Baja California dos proyectos serían afectados con una capacidad instalada de 22 MW y una inversión de 48 millones de dólares.
Las afectaciones negativas también repercutían en proyectos actualmente en operación comercial de casi 10 mil MW que veían limitada su capacidad de entregar energía, debido a que otra medida del acuerdo “básicamente implicaba desplazar la competencia en favor de la Comisión Federal de Electricidad para incluir a unas de sus centrales dentro de lo que se considera la operatividad del sistema, sin ningún fundamento”
Según el ejecutivo, las afectaciones del acuerdo implicarían una energía eléctrica más costosa, dado que las centrales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) utilizan un combustible más caro que el costo de las energías renovables. Adicionalmente, se encuentra el daño al medio ambiente, pues la CFE podría usar diésel y combustóleo para generar electricidad.
En la industria eólica hay alrededor de 12 mil empleos directos y el sector solar tiene alrededor de 35 mil empleos directos en todo el territorio nacional, los cuales estarían en riesgo, apuntó.
El presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Enoch Castellanos Férez, estimó que se presentarán 50 amparos contra el acuerdo del Cenace.
En declaraciones a la prensa, el líder empresarial coincidió con Valle respecto a que la energía generada por las centrales de la CFE es más cara.
Por último, Castellanos advirtió que las medidas del acuerdo, así como el reciente decreto de la Secretaría de Energía que frena las inversiones en energías renovables, pretenden dar ventaja a la CFE y cumplir con la meta de producción prevista para las seis refinerías de Petróleos Mexicanos, pese a ser contaminante
