El dirigente estatal del PAN, Enrique Méndez Juárez, opinó que el cateo que se llevó a cabo este viernes 8 de mayo a la casa del ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid ubicada en el fraccionamiento Cumbres de Juárez, en Tijuana, se debió a que el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, está desesperado ante la resolución que habrá de dar la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la reforma para ampliar su mandato de dos a cinco años.
“Nos queda claro que ante la desesperación…por lo que va a venir el lunes en la SCJN”, autoridades del gobierno estatal “quieran generar cortinas de humo y no dudamos que ante la falta de resultados en atención a la pandemia (de COVID-19), crimen organizado y crisis económica vendrán más acciones como esta orden de cateo”, informó el líder partidista.
Abordado por ZETA sobre la diligencia emprendida la tarde de hoy, Méndez Juárez abundó que no puede dejar de pensar que “esto tiene un fondo político”, toda vez que “estamos a unas horas, unos días de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al periodo del gobernador Bonilla de dos o cinco años” y “el proyecto del ministro (José Fernando Franco Gonzáles Salas) establece que sería inconstitucional ampliarlo a cinco años”.
Quien fuera subsecretario de gobierno durante la administración de Vega de Lamadrid recalcó que “los actos de hoy tienen mucho que ver con eso que está por resolverse, como que se está buscando tender una cortina de humo porque todo indica que este asunto no viene a favor del gobernador Bonilla”.
También dijo que hasta donde tiene conocimiento, el cateo obedeció a una denuncia que se presentó en contra de la esposa de Vega de Lamadrid, Brenda Ruacho, “por los manejos de los recursos en DIF y la relación que pueda tener con la fundación que se formó para la construcción de la estancia familiar para las personas que acuden al CRIT”.
Añadió que la diligencia se manejó “como que era un cateo para buscar cosas de Kiko Vega pero hasta donde nosotros tenemos entendido tiene que ver con la investigación de Brenda Ruacho”.
A nombre del PAN expuso: “nosotros respetamos los actos de autoridad, que están realizando una investigación”.
Finalmente afirmó que si como resultado de las investigaciones resultan responsables las personas que han sido objeto de señalamientos, que son militantes del Partido Acción Nacional estaría justificada la aplicación de las sanciones que correspondan.
“Nosotros no estamos pidiendo ningún trato preferencial ni que haya impunidad si es que se acreditan que se hayan cometido los delitos, lo único que nosotros pedimos es que estas personas que han estado siendo señaladas, que tengan un debido proceso y que si son responsables paguen la pena que se les aplique, pero que si no son responsables también que se deje de lucrar con sus nombres”.
El cateo, el cual se extendió por alrededor de cinco horas, también se realizó en el marco de otras investigaciones, una de las cuales derivó de una denuncia interpuesta contra el ex gobernador por presunto desvío de mil 586 millones de pesos.
