La iniciativa del gobernador de BC va en contra de la tendencia mundial, lo ideal es que cada región se haga cargo de su servicio. Según el doctor Alfonso Cortez Lara, especialista de El Colef, invade atribuciones como el uso agrícola y de descargas, que no le competen y para lo cual no tiene capacidad. Amador Rodríguez Lozano, secretario general de Gobierno, argumenta que se requiere orden en las comisiones, dado a que es más caro llevar el agua a Tijuana que a Mexicali
La nueva Secretaria para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua que pretende el gobernador Jaime Bonilla Valdez, no vendrá a solucionar absolutamente ningún problema hídrico en Baja California, solo incrementará la burocracia, centralizará las decisiones de la operación del vital líquido e invadirá funciones que no le corresponden, lo que representaría un inminente choque con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Estos son los argumentos del especialista de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), Alfonso Cortez Lara, quien conoce muy de cerca a las comisiones estatales de Servicios Públicos, pues fue uno de los analistas para la obtención del Crédito Japonés, uno de los principales proyectos en materia hídrica de Baja California.
El 9 de abril, en medio de una contingencia sanitaria originada por el coronavirus, y a escasas dos semanas de realizada una consulta ciudadana en la que un sector de la sociedad mexicalense rechazó la instalación de la planta cervecera Constellation Brands, debido a la preocupación generada por su la falta de agua, el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, presentó una iniciativa a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado ante el Congreso del Estado. El objetivo era crear la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua, que regularía el uso “agrícola, ganadero, doméstico, comercial e industrial, así como la regulación de aguas tratadas, residuales, desaladas, para dar mayor eficiencia al uso en todas las modalidades”.
La justificación de la iniciativa establece que el agua es un derecho humano y es necesaria para la vida, además de permitir el desarrollo de cualquier cultura y mejorar la economía de cada país.
Curiosamente, el Gobierno del Estado cambió su discurso, pues ahora reconocen la escasez del vital líquido en la entidad:
“La realidad en Baja California es que las fuentes de abastecimiento de agua son limitadas, por lo que tanto su manejo y uso requieren que las actividades que se desarrollan en torno de la misma, adquieran el sentido de sustentabilidad. Sin lugar a dudas, el problema más notable dentro del Estado de Baja California es el proceso de agotamiento y deterioro que padecen sus cuencas y acuífero, por lo que es de vital importancia brindarle la atención necesaria para evitar que este se agudice”.
Para Cortez Lara es un gran consuelo ver cómo la administración estatal reconoce lo que los expertos han explicado desde hace años, aunque recuerda que ese no era el comentario que ofrecían cuando se promovía la instalación de la cervecera.
ESTÁN RETANDO A LA CIUDADANÍA: CORTEZ LARA
Estamos a poco más de un mes de la consulta ciudadana donde se dio reversa a la instalación de la planta cervecera Constellation Brands, en el Ejido El Choropo del Valle de Mexicali, y a más de tres años de la abrogación de la Ley del Agua propuesta por el ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid por las protestas multitudinarias en la Capital del Estado. Aun así, el Poder Ejecutivo estatal no entiende que los temas relacionados con el agua deben ser socializados.
Esa es la opinión del experto de El Colef, una de las voces más serias contra de la instalación de la planta cervecera, quien no ve con buenos ojos la creación de esta dependencia por varios motivos.
Lo primero es que actualmente se lleva a cabo una iniciativa en el Congreso de la Unión, la cual contempla varias de las propuestas del colectivo Agua para Todos, cuyo propósito es democratizar todo lo relacionado con el vital líquido. Entre estos puntos, se busca dotar de mayores responsabilidades a las regiones para el manejo responsable de agua.
Consideró que la iniciativa del gobernador busca lo contrario, pues concentraría todo lo relacionado con el tema a una secretaría, la cual respondería a su mandato. Por esta tendencia, muy probablemente la iniciativa de Bonilla va a contraponer con la nacional, lo que provocaría confusión e incluso reformas subsecuentes, y, a su juicio, lo más sensato sería esperar.
En primera instancia, una reforma de este tipo requeriría un aumento de la burocracia, lo cual contraviene a todo discurso de austeridad del Gobierno Federal y local, toda vez que se requeriría a mayor personal para atender una secretaría que se encargara de atender asuntos del agua, además de definir las políticas públicas del vital líquido.
Sobre todo si en verdad la secretaría pretende acumular funciones de la Federación, como el manejo y sanción del uso de agua agrícola, ganadero, además de residuales y desaladas. Para este fin, se requeriría ampliar su personal, al tratarse de una labor gigante que ninguna Comisión de Servicios Públicos tiene capacidad financiera para atender.
El Consejo de Administración resulta sumamente centralizado, al estar conformado de siete integrantes:
* Gobernador
* El nuevo secretario de Saneamiento
* El secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado
* El secretario de Hacienda
* Un ciudadano designado por el gobernador, a propuesta del Cabildo en cada municipio
* Dos empresarios designados por el gobernador, a propuesta de las cámaras nacionales de Comercio, y de la Industria de Transformación.
Cortez Lara considera que estas estructuras de gobierno ya no funcionan en esta época, donde se concentra la responsabilidad absoluta en un ente todopoderoso.
También se entromete en funciones federales como las arriba mencionadas y exclusivamente responsabilidad de la Conagua.
No existe sustento para que atienda o sustente temas relacionados con el agua de riego ni con las descargas de aguas, por lo que cualquier acción o sanción, carecería de marco jurídico.
El diputado Juan Manuel Molina asegura que el documento expresa claramente que solo atendería estas aguas en función de su competencia. Es decir, las aguas agrícolas y de descarga en las que tenga intervención el Estado.
Sin embargo, Cortez Lara aseveró que existen muy pocas concesionar de este tipo y todas se manejan bajo las normas oficiales mexicanas dictadas por la Federación y en coordinación de Conagua o Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), por lo que quedarían fuera de cualquier intervención estatal.
“Sí es una propuesta, falta muchísima discusión y no solo en las cámaras, sino en la sociedad. Para hacer un cambio de ese tipo, primero tendría que estar alineado a la Ley, no está alineado, son atribuciones federales, y en las que viene también así será, son atribuciones; ni es congruente en esa revisión que está ocurriendo”, reclamó el experto.
COMISIONES ERAN UN DESASTRE: AMADOR
La única justificación expuesta por Amador Rodríguez Lozano, secretario general de Gobierno, es que las comisiones estatales de Servicios Públicos eran un desastre, ya que cada quien “hacía lo que quería”.
El argumento del funcionario estatal es que se requiere un órgano que coordine las políticas públicas del agua, aunque reconoció que todas las direcciones continuarán con autonomía, solo que tendrán un esquema homologado de trabajo.
“El gobernador encontró las CESP totalmente colapsadas, llenas de corrupción, trabajando anárquica, cada una hacía lo que quería, no hay orden en el manejo del agua, unos cobraban una tarifa, otro otra, dejaban exentos a unos y otros a otros”, subrayó Rodríguez Lozano.
Cortez Lara coincidió en que las comisiones son un desastre en su operación, pero centralizar las decisiones no va a solucionarlo.
Referente a la variación de las tarifas en cada municipio, opinó que es algo perfectamente natural, pues resulta más costoso llevar el agua a Tijuana que a Mexicali, o bien, es más cara el agua de desaladora que la de río, por lo que cada municipio paga lo que se debe.
Agregó que sería preocupante homologar la tarifa de agua en todo el Estado, ya que podría transferir costos del vital líquido a Mexicali para reducir los de otros municipios, lo que resultaría injusto.
NO ES UNA LEY DE AGUAS: MOLINA
El diputado Juan Manuel Molina argumentó que la iniciativa no es una “Ley de Aguas” como la que presentó el ex gobernador “Kiko” Vega, sino una estructura que busca regir el uso del agua en la entidad.
Molina García consideró que buscan elevar a rango de secretaría el uso del agua, lo que considera positivo, pues se le está dando la importancia debida a este tema.
Aunque el doctor Cortez Lara no la definió como una Ley de Aguas como tal, sí consideró que se entromete en esquemas de podrían considerarse como tal.
Lo que sí busca la iniciativa -dijo Molina García- es que sea eficiente el uso del agua, sobre todo en dependencias como la Comisión Estatal de Agua (CEA), cuyo objetivo es precisamente el traslado del agua de Mexicali a Zona Costa, el cual ha sufrido un gran abandono que pone en riesgo el abasto del vital líquido a Tijuana, principalmente.
“Está absorbiendo las comisiones del Agua, que han demostrado su ineficiencia, porque ha sido descuidado el acueducto del Río Colorado-Tijuana, en cualquier momento puede detenerse y bajar el flujo del agua hasta Tijuana, estamos en riesgo en Zona Costa por el mal funcionamiento de la CEA”, advirtió.
El especialista de El Colef citó que se usa mucho la palabra eficientar, pero no se especifica cómo se realizará esto y menos aún se informa qué se hará con el agua que se ahorre, pues tal espectro es muy amplio.
Por un lado, dijo, mantiene el esquema del uso de plantas desaladoras que generan gran contaminación, además de resultar sumamente costosa; y por otro, criticó que no se tiene un esquema que garantice el que haya agua.
“Que sea más eficiente el uso del agua, no me garantiza que voy a tener agua”, refirió Cortez, preocupado porque este punto quedó fuera de la Ley.
Para finalizar, indicó que la iniciativa carece de marco jurídico, no analiza las dimensiones de las atribuciones que se está adjudicando y no asegura un uso eficiente de agua, o bien, que se garantice para los bajacalifornianos; su único objetivo es concentrar el poder del agua en el gobernador.
