La Comisión de Energía del Congreso del Estado, aprobó por mayoría la creación de la Secretaría para el Manejo Saneamiento y Protección del Agua, en Baja California, por lo que ahora será turnada al Pleno para su valoración.
Con cinco votos a favor de la mayoría morenista, dos en contra y una abstención, se inclinó la aprobación de la iniciativa presentada por el Gobierno del Estado, hace apenas una semana, y cuyo objetivo es centralizar el uso y operación de los servicios de agua en Baja California.
Esta propuesta de reforma del gobernador Jaime Bonilla Valdez, es contraria a su promesa de campaña cuando siendo candidato aseguró en que promovería la municipalización de las comisiones de agua.
El 8 de mayo, la iniciativa fue aprobada sin mayores modificaciones por la Comisión presidida por el diputado Elí Topete Robles, en una sesión realizada la tarde del viernes, y se presume que será subida al Pleno el lunes 11 de mayo.
La iniciativa reconoce lo que los grupos de resistencia dijeron durante años de protestas, que existe estrés hídrico en el acuífero de Baja California, además de estar en riesgo permanente de padecer escasez del vital líquido.
Partiendo de esta premisa, el Gobierno del Estado, pretende centralizar toda política relacionada con el manejo del agua, desde la que se extrae del acuífero, las cargas residuales, agrícolas, de uso urbano, hasta las desaladas.
Amador Rodríguez Lozano, secretario General de Gobierno, aseguró a través de un video enviando a los medios de comunicación, que la intención era poner en orden a las direcciones de agua, y uno de los argumentos para hacerlo fue que las comisiones cobran cuotas diferentes, lo cual, según el investigador del Colegio de la Frontera Norte (COLEF), Alfonso Cortez Lara, es perfectamente normal, debido a que los costos de traslado de agua en zona Costa son superiores a los de Mexicali.
Cortez Lara también cuestionó la capacidad jurídica que podría tener el Estado sobre las concesiones de agua cómo las agrícolas, las de descarga, e incluso las desaladoras, toda vez que son de injerencia federal.
Contrario a ello, el diputado Juan Meléndrez, aseguró que está iniciativa daría certeza jurídica al sector agrícola de Baja California y a las concesiones otorgadas, porque ya tendrían un órgano rector en el propio Estado.
El proyecto contemplaría además la creación de toda una estructura operativa -lo que representaría incrementar la nómina, según el doctor Cortez Lara- y de un consejo avalado por funcionarios de gobierno estatal, en su mayoría, además de empresarios designados por el Gobernador y representantes de los alcaldes de cada municipio, para desempeñar sus funciones.
