El dictamen unánime de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno a la vulgaridad de la Ley Bonilla, fue contundente e inapelable; no había otra sopa. La peor carta de presentación del gobierno fugaz. Dado el contrasentido de pisotear la inteligencia legal, de la sociedad y la necedad de imponer intereses espurios, enmascarados, exhibe la decadencia del sistema político… Porque no detuvieron esa patraña a tiempo.
Desperdicio de recursos para defender una posición engañosa, violatoria de la ley; de esta historia patética, que desnuda las distorsiones de la política acorde a “principios” de pesos y centavos. Una inversión -o una deuda mayor, quizás- que se quiere recuperar de una campaña electoral faraónica, y carente de ideas, de honestidad y, consecuente, con sacar al buey de la barranca.
Si existiera un estado de Derecho, las consecuencias del juicio de los magistrados el 11 de mayo tendrían repercusiones y sería retomada por la Fiscalía y el Senado de la República. No es cosa menor la aberración legal y política.
Hay responsabilidad jurídica de los implicados. Se viola la Constitución, las disposiciones del INE; se burló y engañó a la sociedad; se desviaron recursos. Hubo denuncia precisa del coordinador de los diputados priistas y su candidato a gobernador. Se ofreció sobornos de millón de dólares por diputado para negociar impunidad del ex gobernador, uno de los peores en corrupción e incapacidad que ha tenido el país y BC. Así lo dijo AMLO; pero, increíblemente, después en la presidencia lo trató como aliado.
Bonilla quería un espaldarazo para el quinquenio de “moches” -impunes- de 25 millones que empezó en septiembre del 2019. Aquello se comparó, con razón, con el filme de “la Ley de Herodes” donde de un plumazo, se rompe la Constitución.
¿Se imaginan lo que se puede hacer si un gobernador y su estructura en pleno se dedica 16 horas a trabajar por el bien común del Estado, por infraestructura, educación y salud de calidad? Es evidente, por la crónica, explosiva y creciente pobreza del 60% y el 25% de miseria de las colonias marginadas de esta frontera, poco o nunca se enfocan a superar rezagos; solo negocios infames.
Recuerdo al Gobierno Federal, otro caso enterrado; al tirano de Chihuahua, César Duarte, causa de bancarrota de aquel Estado, quien vive en la absoluta impunidad y disfrutando de su botín en Miami. ¿Se perdonaron a esos dinosaurios sus raterías? ¿O están esperando “tiempos electorales” para actuar tibiamente?
Lo mismo parece haberse negociado el reyezuelo con “Kiko” Vega. La justicia es una caricatura porque, después de 200 días de gobierno, no se procede ante desvíos de al menos 2 mil millones de pesos.
Hay responsabilidad legal y política directa de dos congresos, quienes avalaron la “Ley Bonilla”, envileciendo su compromiso de representantes sociales. También están en capilla -de existir legalidad y estado de Derecho- el conjunto de los diputados panistas de la anterior legislatura que fueron presuntamente (no se ha dado seguimiento a la denuncia del líder priista de los disputados) sobornados por el actual subsecretario de Gobernación y ex director de Aduanas, Ricardo Peralta Saucedo, quien no quiso ni pudo resolver el mayúsculo problema de corrupción en las aduanas, donde siguen lucrando con el feroz contrabando que mina empleo e industria nacional.
“Nuestros” diputados locales y federales, frente a esta realidad, callan. No hay un elemental posicionamiento independiente, republicano que los dignifique frente a estos escándalos, siendo su oficio ser la voz ciudadana. El espíritu de decoro, crítico, del ilustre senador Belisario Domínguez en la clase política, es una piedra sin vida.
Si tuvieran vergüenza y decencia, renunciarían diputados y gobernador por simple dignidad. Bonilla afirma cínicamente, que no está de acuerdo con la SCJN, y los diputados desaparecidos e invisibles. ¿Y no pasara nada? Si el senado de la República y el Presidente se callan, frente al monumental Fraude Constitucional -SCJN dixit-, entonces estamos frente a la cuarta simulación política y el estado de Derecho es una farsa. El PRI “bueno” sigue en el poder.
Pero lo más lamentable, y que explica estas aberraciones y vergüenzas, es la ausencia de masa crítica que se levante y proteste.
¿Somos una sociedad huérfana, descabezada, desmovilizada, omisa, callada y agachada?
M.C. Héctor Ramón González Cuéllar es académico del Instituto Tecnológico de Tijuana. Correo electrónico: profe.hector.itt@gmail.com