Nueve organizaciones empresariales en Baja California alistan la demanda de amparo contra la reforma al artículo 153 de la Ley de Salud del estado, que establece como requisito una licencia sanitaria a diez giros comerciales y de servicios, con un costo que aún se desconoce.
El secretario general del Consejo Ejecutivo Nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Miguel Ángel Badiola, recordó que el pasado 11 de mayo el Congreso local aprobó la iniciativa, e informó que el juicio de amparo lo interpondrá el abogado fiscalista, Adolfo Solís Farías.
Foto: Miguel Ángel Badiola
Entre las organizaciones que forman parte del amparo colectivo están: la Asociación de Cerveceros Artesanales de Tijuana, Ensenada y Mexicali; la Asociación de Hoteles y Moteles de Mexicali; y la Asociación de Estilistas, Estéticas y Spas de Mexicali.
Además de las delegaciones de Canirac de Ensenada, Tijuana, Mexicali, Tecate y Rosarito.
Así como, la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar) delegación BC; la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope); Desarrollo Económico e Industrial de Tijuana (DEITAC)
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Tijuana; y la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) de Tijuana, abundó en un comunicado, en el que previó que más organismos continúen sumándose.
Explicó que con la reforma a la Ley de Salud se estableció como requisito una licencia sanitaria a 10 diferentes giros comerciales y de servicios, como a los establecimientos que expidan alimentos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, y los que presten asistencia social.
Así como a rastros, albercas y baños públicos, centros de reunión y espectáculos; establecimientos dedicados a la prestación de servicios estéticos, como peluquerías, salas de belleza o masaje; los de hospedaje; las funerarias; los transportes de carga de alimentos y perecederos; y los centros de desarrollo infantil.
“Estamos totalmente de acuerdo con que lo más importante es la salud y seguridad de nuestra clientela, y que debemos regirnos por los nuevos protocolos de sanidad, lo cual cumpliremos, como siempre lo hemos hecho, porque al sector restaurantero le interesa más que a nadie generar confianza en la población”.
Sin embargo, no se puede permitir una “atrocidad” como agregar un cobro más al sector productivo, y menos aún en las circunstancias tan devastadoras que ha generado la contingencia por COVID-19.
“Ya estamos en la lona, ya no nos golpeen, al contrario, apóyennos, particularmente nuestros representantes en el Congreso del Estado”, pidió Badiola Montaño al anunciar la adhesión de Canirac a este recurso judicial.
