En un segundo operativo realizado por autoridades de los tres niveles de gobierno, el jueves 9 de abril, suspendieron temporalmente más empresas que se negaban a cerrar en Mexicali, y ordenaron el pago completo a los trabajadores. Las calificaron como no esenciales, porque producen material de exportación
A pesar de que intentaron demostrar que son necesarias incluso en la pandemia, y que se apegaban a los requerimientos del decreto, terminaron por aceptar la orden del gobierno y e informaron a los funcionarios que lo consultarían con sus abogados, tras ser informados que su reapertura estaría sujeta a un análisis de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).
Las empresas cerradas fueron: Clover. Dedicada a reparar celulares y otro tipo de maquinaria, y Telvista dedicada al soporte técnico, cuyo personal supera los mil empleados cada una.
También, Jonathan y Calibaja, dedicadas a manufactura diversos productos, desde lámparas, productos médicos, y hasta de limpieza. Ambas ubicadas en el Parque Industrial Siglo XXI, donde desde hace varios días, trabajadores han hecho múltiples protestas para exigir la inspección por parte de autoridades estatales.
ZETA acudió al operativo encabezado por el procurador del Trabajo Eric Medina, quien se hizo acompañar de personal de la COFEPRIS, del Ayuntamiento de Mexicali y de la Guardia Estatal.
Apenas el 8 de abril suspendieron temporalmente 7 negocios, entre ellos ZAHORI y LG, las cuales no pudieron acreditar -en ese momento- que se trataba de empresas esenciales.
Este jueves iniciaron la inspección en las instalaciones de la planta de Clover, ubicada en el corredor Industrial Palaco, donde antes de ingresar fueron abordados por un numeroso grupo de empleados inconformes.
Además de referirles una serie de injusticias de las que han sido víctimas, los trabajadores denunciaron que había mujeres de más de 60 años trabajando pese a que el decreto lo prohibía. De igual manera denunciaron malos tratos y condiciones insalubres para trabajar.
Los representantes de la empresa recibieron a los funcionarios estatales, a quienes les hicieron una presentación para demostrarles que su actividad es esencial, porque reparan celulares y otras máquinas.
La respuesta de los representantes de COFEPRIS fue que todo ese producto era trasladado a los Estados Unidos, por lo que dudó que pudieran considerarse esenciales para el Estado. Pese a los señalamientos, se determinó la suspensión de actividades de la empresa, con goce de sueldo.
Una trabajadora denunció ante este semanario que pese a tener obesidad mórbida, y síntomas de coronavirus -lo cual respaldó con un documento médico- el área de Recursos Humanos no le quiso pagar el periodo de aislamiento, por lo que fue canalizada a las oficinas de la Secretaría del Trabajo para resolver su problema.
Eric Medina, aseguró que eran más de 3 mil 500 denuncias a las páginas de redes sociales de la STPS, en las que solicitaban atención a la empresa Clover.
Inmediatamente, la comitiva se trasladó al parque Industrial Siglo XXI, donde hicieron lo ingresaron a las empresas Jonathan y Calibaja, ambas que manufacturan diversos productos médicos, entre muchos otros. El argumento para cerrarlos de nuevo fue que nada se queda en Baja California.
Las empresas, ambas de 500 trabajadores aproximadamente, tuvieron que suspender labores en tanto no aclaren sí se tratan de una empresa esencial.
Referente a la empresa Telvista, pese a la negativa inicial de permitir el ingreso a las autoridades, lograron contactar a los representantes de la empresa y ordenar la reducción de operaciones consideradas no esenciales.
El procurador del Trabajo Eric Medina, comentó que las supervisiones a empresas continuaran los siguientes días.
