El Ministerio Público del Fuero Común decidió no ejecutar acción penal contra del ex oficial mayor Jesús Núñez, la ex secretaria de Bienestar, Gissel García, y el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, por el caso denunciado públicamente, de los moches solicitados a empresarios locales a cambio de entrega de contratos de gobierno. Así lo anunció el 15 de abril, la Fiscalía General del Estado (FGE) que titula Guillermo Ruiz Hernández.
De acuerdo a la denuncia presentada en diciembre de 2019, durante los meses de septiembre y octubre, los funcionarios mencionados y otros habrían estado presentes en las negociaciones con empresarios mexicalenses, a quienes solicitaron mínimo 24 millones de pesos a cambio de preacuerdos en los que se les prometía entregarles algunos de los contratos millonarios que licitaría el gobierno de Jaime Bonilla Valdez, a partir de la toma de posesión en noviembre de 2019.
Pero “luego de un cúmulo de diligencias y pesquisas realizadas por el Ministerio Público, se emitió una determinación de archivo, ya que los imputados no tenían calidad de servidores públicos, aunado que a la fecha se recabaron informes de la autoridad y testimonios de quienes hasta ese momento se advierte tienen conocimiento de los hechos, los cuales no son suficientes para resolver sobre el ejercicio de la acción penal”.
La carpeta inicial refiere que los mencionados intercambios económicos, quedaron expuestos la tarde del 27 de septiembre, cuando Einar André Hernández Garza, secretario particular de Cynthia Gissel García Soberanes, integrante del equipo de transición de quien el gobernador electo ya había anunciado sería la secretaria de Integración y Bienestar Social, fue inspeccionado en el retén de El Centinela. El joven transportaba 3 millones 700 mil pesos que fueron encontrados por un militar.
Einar Hernández aseguró que eran propiedad del Gobierno del Estado, comunicó al representante de las fuerzas castrenses con García Soberanes, ella corroboró la versión de su empleado y pidió la cortesía. El soldado regresó el dinero, lo dejó pasar y realizó un informe, pero no notificó a sus mandos. El hecho ocurrió 36 días antes de la toma de posesión del futuro gobernador y su activísimo equipo de transición.
Mientras, Bonilla se presentaba cada mañana en las Mesas de Coordinación Territorial para la Construcción de la Paz y Seguridad, en las que la Secretaría de la Defensa Nacional tiene representación. No eran funcionarios, pero actuaban como si ya lo fueran, al punto que los gabinetes salientes fueron borrados del mapa público.
Llegó diciembre sin que los empresarios que presuntamente aceptaron entregar sobornos, fueran beneficiados, y presionaron al empleado de García Soberanes, el ex priista Rosendo Colorado, quien había servido de enlace con los integrantes del equipo bonillista que les habían pedido el dinero. Le advirtieron: o los contratos o el dinero. También se acercaron con el reclamo a otros funcionarios y todo se descubrió.
Cercanos dijeron que el gobernador ordenó a la secretaria de Honestidad y Función Pública, Vicenta Espinoza Martínez, emprender una investigación y a los involucrados, solicitar que regresaran el dinero. Pero cuando la información de corrupción en su recién estrenado gobierno se hizo pública, no le agradó. Así que Bonilla negó conocer el tema, acusó al priista Colorado de infiltrado, y aunque García y Núñez renunciaron, él presumió: “Deben recordar que la administración pasada jamás despidió a un funcionario”.
E insistió:
“Este gobierno no es lo mismo del gobierno pasado, aquí el que se equivoca, se va, y si tenemos señalamientos de algunos funcionarios -se los dije durante la campaña- no hay vacas sagradas, no hay favoritismos para nadie”.
Cuatro meses después, en plena crisis del coronavirus, la Fiscalía General del Estado decidió avisar, pasadas la nueve de la noche del 15 de abril, que nadie sería acusado.
Conforme avanzó la indagatoria, corruptores y corrompidos, todos inmiscuidos en el delito consideraron que era más seguro en términos legales quedarse callados y no echarse al gobierno de enemigo.
Después, “el cúmulo de diligencias y las pesquisas” de la FGE no incluyeron la obtención de conversaciones incriminatorias de los teléfonos de todos los participantes, tampoco los preacuerdos, retiros y depósitos de los millones de pesos que presuntamente intercambiaron, ni ninguna otra prueba documental, necesarias para procesar.
El desinterés oficial fue patente desde el inicio. A Vicenta Espinoza, secretaria de Honestidad y Función Pública, la primera en llevar el caso, le quitaron la carpeta después que el 13 de diciembre, declarara a la periodista Mireya Cuellar que si los secretarios Amador Rodríguez Lozano (de Gobierno) y Mario Escobedo Carignan (de Economía Sustentable y Turismo), mencionados en dos denuncias, no solicitaban licencia, en algún momento ella se las pediría para evitar interferencias. Idea que el gobernador rechazó públicamente.
Después Bonilla apresuró el procedimiento y, el 21 de diciembre, el Congreso eligió a Elizabeth Ojeda como fiscal Anticorrupción, pero nunca recibió el expediente de los moches, como tampoco le entregaron recursos para trabajar ni el gobernador, ni el fiscal general que la boicoteó, obligándola a renunciar el 29 de enero.
Así fue como el último día de enero, finalmente personal de la FGE tomó la responsabilidad de la carpeta, que anteriormente el fiscal Guillermo “Titi” Ruiz había evadido porque no era su responsabilidad.
Entonces resulta, que el Ministerio Público empezó a recabar datos cuatro meses después que todos los implicados en el presunto delito habían sido advertidos que serían investigados. Al tiempo que tuvieron los presuntos delincuentes para meditar su defensa, se sumó el limitado esfuerzo de la FGE que, de acuerdo al boletín informativo, se dedicó a recabar “testimonios e informes de autoridad” a sabiendas que los dichos, efectivamente, no son suficientes para resolver el ejercicio de la acción penal.
El abogado agregó: “Sin la denuncia por fraude de los empresarios, no existe en el Código un tipo penal que se ajuste a la conducta que realizaron los imputados”.
Así, las peores películas de la historia bajacaliforniana se repiten, cambian los colores de la papelería oficial, llegan distintos partidos al poder, pero la política sigue sometiendo a la Ley, la impunidad no deja de bailar sobre la justicia y la corrupción avasalla los destellos de honestidad.
