El pronóstico de que se beneficiará a más de 6 mil 200 presos queda en duda. Experto critica el proceso desaseado y carente de técnica legislativa para contar hoy con el ordenamiento. Para ver a la primera persona amnistiada en la calle podrían pasar más de seis meses. La pandemia del COVID-19 fue solo una patraña para allanar el camino de Morena, destaca Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Delitos como robo simple y aborto no son conductas que se juzguen en el fuero federal
En una sesión convocada especialmente para discutir el tema, el pleno del Senado de la República aprobó por mayoría, tanto en lo general como en lo particular, la Ley de Amnistía, instrumento legal que podría beneficiar a miles de personas actualmente privadas de libertad en los centros penitenciarios del país.
Legisladores de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en alianza con los partidos del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES), mayoritearon a la oposición con 68 votos a favor, 14 en contra y 2 abstenciones. De esa manera se creó la norma que plantea “olvidar” las condenas por delitos considerados menores de jóvenes primo delincuentes, adultos mayores, mujeres embarazadas, indígenas y campesinos.
Debido a su marcada minoría, legisladores opositores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y de Movimiento Ciudadano (MC) no pudieron contrarrestar la votación de los morenistas, a quienes reclamaron por acatar órdenes expresas del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para aprobar el dictamen.
Algunos senadores de Morena, como Héctor Vasconcelos, reconocieron que sí respondieron al llamado del titular del Ejecutivo y demás líderes de su partido: “Yo vine a esta sesión convocado por la presidenta Mónica Fernández, por mi coordinador, Ricardo Monreal, y les mentiría si no les digo que principalmente convocado por Andrés Manuel López Obrador, que reconozco como nuestro líder, mío, y no tengo la menor duda de que mis compañeros vinieron también convocados principalmente por ese liderazgo”.
Con esta Ley, sus impulsores consideran podrían ser beneficiadas unas 6 mil 200 personas privadas de libertad, la mitad de ellas mujeres presas por narcomenudeo. Otros pronostican que entre los beneficiarios hay unos 400 adultos mayores. Unos más, que los indígenas suman 2 mil reclusos, y el resto, jóvenes que estarían en los presupuestos de la nueva legislación.
Sin embargo, voces autorizadas en asuntos jurídicos califican como patrañas los argumentos de los senadores para acelerar el procedimiento legislativo, pues urgía crear la Ley de Amnistía ante la preocupación de lo que pudiese ocurrirle a los internos de los centros carcelarios por la pandemia de COVID-19 y se trataba de salvar vidas de los más vulnerables, siendo que podría pasar hasta medio año para que la primera persona sea amnistiada, cuando el virus ya causó sus estragos.
Mientras el tema aún causa resquemor social por la posible liberación de quienes son catalogados como delincuentes, ante el crecimiento de la inseguridad y una violencia desbordada, en los reclusorios del país hay incertidumbre por conocer los alcances reales de la nueva Ley y el temor de enfermarse de coronavirus, pues cada vez son más las cárceles que registran brotes a nivel nacional.
Primero fue en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Mérida, Yucatán, donde se conoció de un primer caso de COVID-19; luego trascendió la contaminación de 23 presos del penal de Cuautitlán, Estado de México; le siguió la prisión de Aguaruto, en Culiacán, Sinaloa; en la Comisaría de Prisión Preventiva de Puente Grande ya suman ocho casos de internos infectados y ahora en los penales de Ciudad de México también se informa de contagios.
Como si la situación fuera menor, en esa cárcel de Puente Grande se verificó una fiesta entre reclusos, en la que presuntamente corrió el alcohol, con la complacencia de las autoridades penitenciarias, pues los reos parranderos se tomaron hasta fotografías posteriormente filtradas a un medio de comunicación.
CUATRO, SEIS O MÁS MESES
La Ley de Amnistía prevé beneficiar a las personas vulnerables ya referidas en las categorías de primo delincuentes, jóvenes, mujeres, ancianos, indígenas y campesinos que hayan participado en delitos del fuero federal específicos como aborto, contra la salud en diversas modalidades no graves, robo simple y sin violencia, sedición y cualquier ilícito cometido por integrantes de alguna etnia, si durante su proceso no les fue garantizado el derecho a una defensa adecuada con intérpretes en su lengua de origen.
Investigan fiesta en penal de Puente Grande y aumentan internos contagiados por COVID-19
Autoridades estatales investigan una fiesta que presuntamente se realizó el fin de semana último al interior de la Comisaría de Prisión Preventiva en Puente Grande, Jalisco. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública asegura que el evento ocurrió en fuera del contexto de COVID-19 y ya hay dos funcionarios suspendidos.
Mientras que la visita familiar, íntima y hasta de abogados a personas privadas de libertad se encuentra suspendida desde la tercera semana de marzo con motivo de la pandemia del coronavirus, se filtraron fotografías al periódico Mural sobre un convivio con bebidas embriagantes al interior del reclusorio preventivo.
De acuerdo con información publicada por el diario, el protagonista de la fiesta fue un empresario de nombre Horacio “N”, imputado por el delito de fraude, quien habría utilizado un dormitorio especial para dar rienda suelta a la diversión.
En una de las imágenes se aprecia a cuatro personas sin guardar la debida distancia que aconsejan los protocolos sanitarios, dos de ellas muestran botellas con supuestas bebidas alcohólicas. Horacio “N” y otros cuatro internos habrían participado del convivio junto con otras personas, al parecer visitantes.
No es el único escándalo ventilado recientemente. Hace poco más de una semana, versiones periodísticas dieron cuenta de la celebración de eventos en los que reclusas de la Comisaría de Reinserción Femenil son llevadas a penales de varones a participar en actividades deportivas, con festejo que incluye carne asada y cerveza.
El miércoles 22 de abril, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, aseguró que ya ordenó una investigación de la última farra denunciada en el medio de comunicación. “Evidentemente no es correcto lo que la foto refleja, no es algo que se pueda tolerar y por supuesto que habrá medidas al respecto”.
Respecto al incremento de tres a ocho el número de internos que fueron detectados con el virus de COVID-19 dentro del antes llamado Reclusorio Preventivo de Guadalajara.
Alfaro expresó que se reforzarán las medidas de seguridad sanitaria.
El gobernador jalisciense refirió que “en medio de la emergencia sanitaria, hay todo un programa de monitoreo y de muestreo dentro de las instalaciones en materia de reclusorios y estamos intensificando esas medidas”.
Sobre el tema de la fiesta en la penal, la Coordinación General de Seguridad Estratégica informó que suspendió a dos funcionarios de Puente Grande por presuntamente permitir una convivencia al interior del reclusorio, uno de ellos es el comisario Jairo Márquez Barbosa y del jefe de custodios, “quienes ya eran investigados por otras irregularidades”.
Las autoridades afirman que este evento no ocurrió en el contexto de la pandemia del coronavirus. En cuanto a los presos confirmados con la enfermedad, trascendió que se les envía cumplir con el aislamiento al Módulo de Tratamiento en Adicciones, antes Clínica de Desintoxicación, programa que actualmente suspendido debido a la contingencia y a la falta de espacios por sobrepoblación, pues en ese reclusorio hay 6 mil 700 internos.
Al cumplirse más de un mes de la prohibición de visitas, tanto reclusos como sus familiares, se encuentran desesperados ante la falta de comunicación a la que se enfrentan, ya que si bien se les permite el acceso a la telefonía, en ocasiones los presos no cuentan con dinero para adquirir las tarjetas necesarias para hacer las llamadas.
Gerardo Carrasco Chávez, director de litigio estratégico de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, reconoce que la nueva legislación tiene bondades, puede ser noble y justa, pues las personas más vulnerables pudieran ser amnistiadas. Recordó que no es la primera amnistía que hay en el país, sino que se trata de la sexta aprobada en la historia.
El jurista criticó el uso político que el partido en el poder le dio a la crisis por coronavirus para acelerar el proceso legislativo. “Resulta lastimoso, causa extrañamiento y da coraje que se haya vendido esta sesión ordinaria en el Senado de la República y convocado en plena contingencia sanitaria para aprobar fast track esta iniciativa, bajo el argumento de que es necesario salvar a las personas privadas de la libertad de la pandemia”.
Condiciones para recibir amnistía
- Que su sentencia en firme haya sido la primera que recibieron por el delito del que se les indició, es decir, no sean personas reincidentes.
- Que no hayan sido condenadas por delitos en los que se privó de la vida a otra persona, por delitos contra la integridad corporal o secuestro, o se provocaron lesiones graves con secuelas permanentes.
- Que en la comisión del delito no hayan empleado o utilizado armas de fuego.
Tampoco se podrán beneficiar de la amnistía las personas procesadas o sentenciadas por delitos graves o aquellos a que hace referencia al Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La amnistía beneficiaría a quienes están en prisión por delitos menores, no a homicidas o secuestradores, tampoco a quienes hayan causado un grave daño a otra persona.
Los delitos
Aborto. En cualquiera de sus modalidades, previsto en el Código Penal Federal.
Contra la salud. En las modalidades de producción, transporte, tráfico, comercio, introduzca o extraiga del país algún narcótico de los prohibidos por la Ley. Cometidos por pobreza, amenazas, presión de la pareja o familiar o pertenezca a etnia.
Cometidos por indígenas. Cualquier delito si durante su proceso no les fue garantizado el derecho a una defensa adecuada con intérpretes o defensores que tuvieran conocimiento de su lengua y cultura.
Robo simple y sin violencia. Que no amerite pena privativa de la libertad de más de cuatro años.
Sedición. Que le hayan invitado, instigado o incitado a la comisión de otros delitos, formando parte de grupos impulsados por razones políticas con el propósito de alterar la vida institucional.
Y prosiguió:
“Desde mi punto de vista esto es un engaño, en-ga-ño, ¿Por qué? Basta leer el texto aprobado, que se dio al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación, para saber que, en el mejor de los casos, será en tres o cuatro meses, cuando veremos en la calle a la primera persona beneficiada por la Ley de Amnistía”.
Carrasco refirió que es muy sencillo entender que la Ley de Amnistía no ordena la libertad inmediata de los presos que están en situaciones de pobreza, falta de defensa adecuada o fueron víctimas de la violencia para cometer los delitos enunciados, sino que esta normatividad establece un procedimiento específico que, en cada caso concreto, analiza si se otorga o no la amnistía. Y para que este procedimiento inicie hacen falta dos cosas:
Foto: Fernando Carranza Garcia/Cuartoscuro.com
“Primero, que el Poder Ejecutivo, cree mediante decreto, una comisión especial que tomará y revisará estos casos. Y, en segundo lugar, que el Consejo de la Judicatura Federal determine a los jueces que resolverán si se aprueban o no las amnistías. Para que pasen estas dos cosas, se les da un plazo máximo de 60 días hábiles; es decir, como dos meses y medio, para que se creen las condiciones suficientes para que puedan iniciar los procesos”, dijo el abogado.
Las esperanzas de los privados de libertad por salvar la cárcel en tiempos de coronavirus son muy remotas. “¿Cuánto duran los procesos? La propia Ley aprobada por el Senado establece que podrán durar hasta cuatro meses. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente estaremos viendo a los primeros amnistiados, si es que se toman su tiempo para aprobar en la comisión y los jueces, que sería histórico que en México se respetaran los plazos en cuestiones legislativas, pero pues, dentro de seis meses, seis meses y medio, veríamos al primer amnistiado en las calles. Puede ser de cuatro meses, quizá, pero puede ser que pasen seis meses”.
El anuncio de las autoridades es por el momento que las actividades sociales y económicas podrían regresar después del último día de mayo. Pero no se descarta que se amplíe el plazo para todo el mes de junio o incluso después, por lo que el experto cree que no habrá personas liberadas en el marco de esa Ley. Y fustiga que el proceso de los senadores se haya acelerado “para tener una Ley al vapor, mal hecha, en la forma y en el fondo, no obstante, sus intenciones son nobles y justas”.
SIN CONSULTAS A BENEFICIARIOS
Gerardo Carrasco Chávez no se sorprende de la forma de proceder de la actual Legislatura, porque ha sido la constante; sin embargo, estima que “las personas que pudieran ser beneficiadas merecen un poquito más de respeto. Incluso la propia Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República les dijo ‘oigan, espérense tantito, no aprueben así la Ley’. Están dejando a un lado al Instituto de la Defensoría Pública, abogadas y abogados de oficio que serían los defensores que llevarán sus procedimientos, pues se supone que la mayoría no tiene defensor particular”.
Y así como en la Ley de Amnistía no se contempla a los defensores de oficio, tampoco se dio participación al Instituto Nacional de las Mujeres, al Instituto de Lenguas Indígenas, ni al Consejo Nacional para Prevenir La Discriminación, cuando se supone hay personas vulnerables, que son las y los indígenas y mujeres que han participado en el delito de aborto, pudieran estar involucradas y ser beneficiadas.
“Recordemos que en la propia Comisión para la Igualdad de Género está el senador Martí Batres, pero ¿qué paso? Pues que las comisiones se encargaron de aprobar este dictamen de la Ley, simplemente rechazaron los cambios propuestos sin motivación adicional alguna por la Comisión de Igualdad de Género, y pues tuvimos un texto tal como fue aprobado en la Cámara de Diputados a finales del año pasado”, destacó Carrasco.
En conclusión, Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad considera que es imposible esperar en términos de la Ley de Amnistía, que alguna de las personas reclusas en centro penitenciario consiga su libertad en el marco de la cuarentena por COVID-19, además de asegurar que el ordenamiento legal tiene vacíos que podrían dificultar su correcta aplicación, lo que se visibilizará en la práctica en próximos meses.
