El diputado de Encuentro Social por Baja California, Héctor Cruz Aparicio, lamentó que la Fiscalía Estatal haya dado por concluidas las indagaciones sobre dos ex colaboradores del gobernador, Jaime Bonilla Valdez, quienes poco antes de asumir como servidores públicos habrían recibido dinero a cambio de conceder contratos de servicios de proveduría para el estado.
Cruz Aparicio refirió que la decisión de no proseguir con las averiguaciones en contra de la ex secretaria de Bienestar, Cynthia García Soberanes, y el ex oficial mayor, Jesús Núñez Camacho, y de la cual dijo que se dio a conocer el miércoles 15 de abirl, constituye “una señal de complacencia” para los funcionarios que incurran en irregularidades durante la actual administración.
Recordó que al inicio del proceso él emitió un exhorto desde el Congreso de la Unión en aras de que la Fiscalía General de la República atrajera el caso, pues a su modo de ver “existían señales” de que en el ámbito local había poca voluntad “para proceder con una investigación seria”.
A propósito de que la Fiscalía estatal archivó el asunto con la justificación de que García Soberanes y Núñez Camacho no fungían como servidores cuando supuestamente recibieron los denomiandos “moches”, el legislador antepuso: “el hecho de que en la fase inicial de su ejecución los activos no hubieren tenido el carácter de funcionarios públicos no precluye la actualización de un delito, quizás el cohecho como tal no se haya configurado, pero ciertamente existió un delito”.
Enrique Méndez Juárez
Además indicó que “el pretexto de la insuficiencia probatoria es risible, ya que las conversaciones en plataforma digital de mensajería son pruebas y hacen prueba debidamente incorporadas…”; ello en alusión a un intercambio de mensajes que un ex colaborador de García Soberanes sostuvo con ella en lo referente a supuestas negociaciones con un empresario a quien se le entregarían contratos con la administración estatal.
El político tijuanense sostuvo por parte de las autoridades competentes “el mensaje hacia la población es más que negativo, es de continuación de la impunidad”, en razón de que “ni la FGI ni el Sistema Anticorrupción ni la Secretaría de Honestidad cumplieron con la gente cuando tenían la mejor oportunidad para demostrar algo de voluntad para cumplir lo que tanto prometieron”.
La postura de Héctor Cruz en parte coincide con el posicionameinto del dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Enrique Méndez Juárez quien a propósito manifestó: “Es inaceptable que la fiscalía del estado realice un estado tan mediocre ante el gran tamaño de corrupción que fue denunciado por uno de de los involucrados en llevar a cabo las negociaciones de los moches”.
Méndez Juárez consideró que el “carpetazo” a las consabidas indagaciones demuestra que por parte de la fiscalía se está actuando “con alevosía y ventaja, aprovechándose de la situación en la que estamos por la pandemia (coronavirus COVID-19)” y finalmente opinó que “es una desfachatez que salgan a decir que el caso se cerró”.
