Ordena jueza de distrito pruebas de coronavirus para internos más vulnerables
El Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) presentó una demanda de amparo indirecto en favor de 446 personas privadas de libertad en los cuatro penales del Complejo Penitenciario de Puente Grande y obtuvo la suspensión de plano por la omisión de las autoridades en adoptar medidas en materia de derechos humanos para salvaguardar la vida, la salud, la dignidad y la integridad personal de los presos.
En un hecho sin precedentes, los defensores de oficio del ámbito federal, recabaron los nombres de todas las personas internas a las que representan en procesos y sentencias penales, para solicitar que se apliquen estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos en su favor.
El escrito fue presentado el pasado 24 de abril y turnado a un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal del Estado de Jalisco. Los actos reclamados son:
1. La práctica de pruebas de COVID-19 en favor de sus representados.
2. A las personas que resulten positivas se les puede aislar, pero no se les incomunique en sus relaciones con el exterior.
3. Que el centro penitenciario implemente mecanismos para despresurizar la sobrepoblación, como lo son las preliberaciones por razones de Política Penitenciaria.
Los defensores públicos sustentaron su petición en la resolución 1/2020 “Pandemia y Derechos Humanos en Las Américas”, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y en la Declaración del Relator Especial de Naciones Unidas sobre Independencia Judicial “Emergencia del coronavirus. Desafíos de la Justicia”.
Las autoridades señaladas responsables son: El comisario de Sentenciados; el comisario de Prisión Preventiva; la comisaria de Reinserción Femenil; y el comisario del Reclusorio Metropolitano, donde se encuentran internados los quejosos. También figura el Director General de Reinserción Social y el Secretario de Salud Jalisco.
Luego de solicitar los informes previos, la titular del Juzgado logró conocer que 18 de las personas en cuyo nombre se solicitó la protección de la Justicia de la Unión, ya no están presas, por lo que al resolver sobre la suspensión de plano, ésta fue concedida en favor de 428 internas e internos, que en más de la mitad se encuentran recluidos en la Comisaría de Prisión Preventiva, donde se registra el mayor brote de coronavirus del país.
La juzgadora de derechos fundamentales concedió la suspensión de actos para los siguientes efectos:
· Las autoridades realicen las pruebas de COVID-19 a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad por afectaciones preexistentes, presión arterial, enfermedades cardiacas, diabetes, VIH Sida o síntomas de coronavirus.
· Si las personas privadas de libertad arrojan resultados positivos se les brinde la atención médica necesaria y de ser posible fuera del centro penitenciario. Y se garantice la comunicación con el exterior, en particular con sus familiares, a través de cualquier medio. Tomar medidas para la propagación del virus.
· Implementar estrategias eficaces para el control del virus en la población penitenciaria, bajo los siguientes lineamientos: Habilitar espacios para atender a los pacientes y atender las precauciones generales.
· Establecer monitoreo y evaluación permanente de los casos para conocer si las estrategias son efectivas o no.
· Solicita al Sistema Penitenciario que, en la medida de lo posible, identifique y agilice el trámite correspondiente, para quienes les resulte procedente, otorgar un beneficio preliberacional conforme a la ley para despresurizar los centros.
Los defensores públicos federales sustentaron la gran demanda de amparo en las pésimas condiciones en que se encuentran los centros de reclusión de la zona metropolitana de Guadalajara, donde “la combinación de virus y hacinamiento, es la peor combinación”, según expresaron a semanario ZETA.
En el caso de la Comisaría de Reinserción Femenil, se destaca que los dormitorios no cuentan con la ventilación adecuada; cuentan con instalaciones eléctricas expuestas; fauna nociva; los lavabos están en mal estado; las regaderas no funcionan; los comedores e instalaciones en general son insuficientes; y hay deficiencia en la limpieza e higiene de los locutorios.
Según datos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, en la Comisaría de Sentenciados (CRS) no funcionan las regaderas, existe deficiencia en la limpieza e higiene de los locutorios, y los espacios son insuficientes en los comedores, talleres, biblioteca, instalaciones deportivas y de visita familiar, registrándose un hacinamiento superior al 200 por ciento.
En tanto, en la Comisaría de Prisión Preventiva se presentan problemas similares y en los dormitorios del 2 al 14 existe hasta un 290 por ciento de sobrepoblación.
El complejo penitenciario no cuenta con servicios de ambulancia para el traslado de enfermos y los expedientes médicos carecen de documentación y fichas de identificación, condiciones contrarias a la dignidad humana con que debe tratarse a personas privadas de libertad.
La audiencia constitucional en la que se desahogarán y valorarán pruebas para el dictado de la sentencia de amparo fue programada para el próximo 3 de junio, fecha en la que probablemente se habría levantado la alerta por la pandemia. Una de las defensoras de oficio recalcó “Esa gente está esperando una sentencia de muerte. A ver a qué hora me toca, dicen algunos de los internos”.
