Si de algo se está beneficiando el Gobierno del Estado de Baja California con esta pandemia derivada del coronavirus, es de no verse obligado a cumplir con los lineamientos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información federal y local, puesto que, por acuerdo de la mayoría de los órganos garantes del país, se determinó suspender los plazos, sanciones, recursos de revisión -ni con los derechos ARCO, relacionados a los datos personales- durante el periodo de contingencia.
Esto quiere decir -y lo ha hecho efectivo- que el Poder Ejecutivo estatal no está obligado a informar nada de lo relacionado con el acceso a la información, como licitaciones públicas, adjudicaciones directas, cumplimiento de plazos en torno a solicitudes de transparencia… En fin, de por sí es un gobierno sumamente opaco y ahora le dieron el pretexto perfecto para no hacerlo.
Y digo que lo ha hecho efectivo porque, desde marzo, el Gobierno del Estado no ha publicado en las páginas del Periódico Oficial ninguna licitación o adjudicación directa, más allá de las relacionadas con papelería o de bajos costos en otros rubros.
De hecho, durante los primeros tres meses del año no hay indicios de información alguna que confirme si realmente hubo compra de medicamento, de equipo médico, de servicios de laboratorio, o de algo relacionado a la contingencia sanitaria, menos aún sobre contratos, montos y especificaciones del mismo.
Esto quiere decir que todo lo que se adquiera en calidad de urgente en este momento, no tendrá obligación de rendir cuentas por ello, por lo menos no a corto ni a mediano plazo. Medida que le cayó como anillo al dedo al Poder Ejecutivo y a los otros entes autónomos, quienes ya incumplían con los lineamientos de acceso a la información, y, gracias a esto, podrían posponer la transparencia hasta que concluya la contingencia.
Entre amigos
Aunque el ex diputado Carlos Torres -esposo de la alcaldesa cachanilla Marina del Pilar Ávila- no es bien visto por el panismo de Baja California, luego de operar y avalar la reforma constitucional al Octavo Transitorio que amplió el periodo de la gubernatura de dos a cinco años, es evidente que algunas de sus ligas blanquiazules permanecen firmes y todavía se benefician de sus nuevos aires bajo el resguardo del morenismo de Baja California.
Pues uno de ellos, el ex secretario de Turismo, Alejandro Moreno Medina, fue contratado a través de una adjudicación directa por el Ayuntamiento de Mexicali para diseñar el Plan Maestro Conceptual de Imagen Urbana para el Centro Histórico, considerado el proyecto insignia de Ávila y uno de sus padrinos, el ex presidente municipal Francisco Pérez Tejada.
Carlos Torres Torres
El propietario de la empresa CTMAS 1, SC es cercano a Torres, pues trabajaron juntos en Ciudad de México cuando uno era diputado y el otro laboraba en la Secretaría de Turismo federal, además de residir en Tijuana y coincidir muchas veces durante la gestión de Eugenio Elorduy Walther como mandatario estatal.
El contrato fue firmado en febrero y costará 613 mil 440 pesos -lo cual excede el monto de adjudicaciones directas- y fue pagado en una sola emisión. Carlos Torres es el encargado de emprender el proyecto del Centro Histórico, y parece que no olvida a sus amigos.
Cabe recordar que Moreno Medina estuvo en el ojo del huracán durante la administración de Elorduy, luego que tanto él como su hermano Luis Ignacio, fueran señalados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como supuestos “lavadores” de los Arellano Félix.
Faltan tres semanas
Pues como no queriendo la cosa, faltan tres semanas para que la Ley de Identificación Vehicular y Combate a la Contaminación -mejor conocido como “Bonillapromex”- entre en vigor en el Estado, lo que quiere decir que para culminada la contingencia por el coronavirus, muy probablemente ya estará vigente y se podrá instalar la Junta de Gobierno que regirá el Instituto, además de dotarla de patrimonio propio y de todos los elementos necesarios para su funcionamiento.
En el Periódico Oficial del Estado ya fue publicada el 6 de marzo, por lo que estaría operando para la primera semana de mayo, sin embargo, quedan muchas dudas sobre este proyecto que prácticamente está avalando la ilegalidad.
