El pasado mes de febrero, seis puestos de revistas ubicados en la Zona Centro fueron clausurados por la dirección de Inspección y Verificación del Ayuntamiento de Tijuana, por exhibir material pornográfico; sin embargo, tras pagar la multa impuesta por la autoridad, ya se encuentran nuevamente en operación, declaró Adolfo García, titular del área.
“Los que fueron multados, acordaron notificar a sus compañeros de los demás puestos, que nadie podía vender pornografía y la retiraron. Pero aun así seguimos revisando que no se esté exhibiendo este tipo de material en la vía pública”, comentó García a ZETA.
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A este Semanario llegaron denuncias por parte de voceadores que fueron afectados por esta acción, quienes prefirieron reservar sus nombres por temor a represalias, respecto a que si bien la autoridad les dio un plazo para cubrir la multa, esta fue excesiva. Algunos argumentas que la más alta fue por cinco mil pesos.
El titular de la dirección de Inspección y Verificación aceptó que las multas fueron montos desde los mil a los cinco mil pesos, y que la mayoría de los afectados eran personas de la tercera edad, quienes requirieron un plazo de cinco días para poder cubrirlo. Agregó que en caso de reincidir en esta falta, los dueños de los puestos podrían obtener una multa más elevada o perder sus permisos.
En el Artículo 16, del capítulo tercero, del reglamento que regula las actividades de los comerciantes ambulantes -puesto fijos, semi-fijos y mercados sobreruedas- se estipula como prohibición “ejercer el comercio de toda clase de artículos que representen palabras, frases, objetos, dibujos o imágenes de contenido pornográfico, para la promoción de cualquier tipo de productos o servicios que atenten contra la dignidad humana”.
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Por otra parte, Adolfo García comentó que se mantiene vigente la clausura de casetas telefónicas, acción que también se aplicó en el centro de la ciudad, y que hasta el cierre de esta edición sumaban ya 200. Aunque una de las dos empresas detectadas ya se presentó ante la autoridad para realizar el trámite pertinente y detener el proceso, indicó que aún persiste la probabilidad de que el Ayuntamiento remueva los teléfonos públicos si no se resuelve la parte de los permisos.
