El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este jueves 5 de marzo, que si el ex juez español, Baltasar Garzón Real, será el abogado de Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) en España, la tiene difícil, porque “no son tamalitos de chipilin”.
Durante la conferencia de prensa matutina se le cuestionó al mandatario nacional que Lozoya Austin sumará a su defensa a que Garzón Real, lo que podría complicar su proceso de extradición de España. Además de que hace poco se reunió con el ex juez español en Palacio Nacional.
“Es famoso por algunos casos que le ha tocado llevar, que es importante ya que juzgó al dictador chileno Augusto Pinochet”, respondió el titular del Poder Ejecutivo Federal.
“Es una figura, un abogado español. Me enteré en los últimos tiempos que asesoraba al presidente Evo morales [Ayma] y ahora es un abogado que da un servicio ahora en este caso a un presunto delincuente”, afirmó el político tabasqueño.
Sin embargo, Lopez Obrador indicó en este caso, Garzón Real no encabezaría la defensa de una causa justa, sino buscaría la libertad de un presunto defraudador.
“Depende de la causa siempre, los abogados suelen ser buenos cuando ss trata de defender una causa justa, como lo que hablamos de juzgar a Pinochet, pero si se trata de defender a un posible defraudador por muy bueno que sea el abogado”, abundó el presidente.
“¿Perderá?”, le preguntó un reportero a López Obrador. “No me puedo adelantar a eso, la tiene difícil, no son tamalitos de chipilin”, respondió el mandatario nacional
El ex juez español, Baltasar Garzón Real, será el abogado de Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) en España, para no ser extraditado a México, según lo informó este miércoles 4 de marzo, el periodista Ciro Gómez Leyva en su noticiario matutino transmitido en Radio Fórmula.
El jurista español fue magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional desde 1988 hasta 2012 -excepto desde mayo de 1993 hasta mayo de 1994-, y tuvo a su cargo la investigación de algunos de los delitos de mayor relevancia que se produjeron en España durante aquella época: crímenes contra la humanidad, terrorismo, terrorismo de Estado, narcotráfico, corrupción política y delincuencia económica.
El 22 de febrero de 2012, Garzón Real fue expulsado de la carrera judicial tras haber sido condenado por el Tribunal Supremo a once años de inhabilitación, por un delito de prevaricación cometido durante la instrucción del caso Gürtel. Desde entonces, ha ejercido, entre otros cargos, el de asesor del Tribunal Penal Internacional de La Haya o el de director de la defensa jurídica del fundador de Wikileaks, Julian Assange.
En Argentina, el ex juez, de 64 años de edad, fue coordinador de asesoramiento internacional en la secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, hasta que renunció a dicho cargo en enero de 2016, tras el fin del mandato de Cristina Kirchner.
En Colombia, asesoró a la Fiscalía General de dicho país. Mientras que en Ecuador fue designado coordinador de la Veeduría Internacional a la Reforma de la Justicia, cuyo informe final fue presentado el 13 de diciembre de 2012.
Por su parte, el ex director general de Pemex, ingresó el pasado 2 de marzo, en la cárcel de Madrid IV, en Navalcarnero, tras ser trasladado en las últimas horas desde el centro penitenciario de Alhaurín de la Torre, en Málaga.
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de España, organismo dependiente del Ministerio del Interior, decidió trasladar al ex funcionario federal mexicano por cuestiones administrativas, debido a la cercanía a la Audiencia Nacional, el órgano judicial con sede en la capital española, y que es el competente para decidir sobre la orden de detención y extradición emitida por las autoridades mexicanas.
La de Navalcarnero es una cárcel al sur de Madrid que fue construida en 1992 y dispone de 750 celdas y otras 113 complementarias, según datos de la propia Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de España.
El pasado 27 de febrero, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que trabaja en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en la integración del expediente que se enviará a España, país donde se decidirá si México cumple con los requisitos o no para que se apruebe el enjuiciamiento de Lozoya Austin.
En contra de Lozoya Austin existen dos órdenes de aprehensión, en las que se le imputa ser probable responsable de los delitos de cohecho, por supuestamente haber recibido sobornos por 10.5 millones de dólares que le entregó la constructora brasileña Odebrecht.
Además de operaciones con recursos de procedencia ilícita, al haber transferido ilegalmente recursos recibidos tanto por la empresa brasileña. También por la compra venta de la empresa Agro Nitrogenados en 2015 a Altos Hornos de México (AHMSA), así como por ejercicio indebido del servicio público.
La FGR señaló que México debe entregar a las autoridades españolas un expediente en el cual se acredite la existencia de la órdenes de captura, copia de los documentos obtenidos a través de colaboración internacional respecto a las transferencias financieras realizadas a países como Alemania, Andorra y Brasil, además de los informes que garanticen el cumplimiento del Tratado de Extradición entre ambas naciones.
Por su parte, Javier Coello Trejo, abogado del ex director de Pemex, advirtió que por instrucciones de su cliente, ya no dará información sobre la defensa y el proceso de extradición. Agregó que tampoco revelará el nombre de la firma española que defenderá al ex funcionario federal.
“Como se debe entender el respeto a la instrucción de nuestro cliente no puede ser violada, por lo que les agradeceremos a los medios su interés y comprensión […] nos ha instruido que por el momento no demos declaración e información alguna respecto a los procedimientos legales”, indicó el litigante mexicano.
