En una de tantas Jornadas por la Paz, ZETA escuchó al gobernador Jaime Bonilla Valdez declarar que, previo a su toma de posesión el 1 de noviembre de 2019, estaba enterado del desorden y del cúmulo de deudas que su administración recibiría de su antecesor, Francisco Vega Lamadrid, pero no creyó que fuera tanto.
Entonces, el mandatario entrante subestimó la corrupción de “Kiko” Vega, al igual que el apoyo que supuestamente recibiría del Gobierno Federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, así que se está quedando corto en el cumplimiento de compromisos, particularmente en aquellos que implican dinero o involucran resolver los adeudos causados por los panistas.
“Debo, no niego; pago, no tengo”, parece ser la postura del ingeniero Bonilla, cuya administración entrega parcialidades que no resuelven la totalidad de las deudas, pero son recibidas por los acreedores como muestra de “buena fe”, de que los compromisos económicos pendientes se cumplirán en su totalidad.
Por ejemplo, los profesores jubilados e interinos a quienes supuestamente ya no se les debía, le recordaron en una reunión con maestros el 25 de febrero, a través de Héctor Lara, líder del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación, que aún están pendientes finiquitos de personal jubilado. Tema que, según el secretario de Educación, Catalino Zavala, quedaría resuelto tras una investigación el pasado mes de enero.
Otro infortunado clásico, es la deuda por mil 729 millones de pesos que el Gobierno del Estado de Baja California tiene con la Universidad Autónoma, desde el inicio de la administración anunciaron autosuficientes que iniciarían los pagos. Entonces, los bonillistas reiniciaron la entrega mensual de recursos a la que su gestión está obligado, pero de los casi 2 mil millones que se les deben, en la UABC aún no ven nada.
A los socios de Compañías Mexicanas de la Industria de la Construcción, a quienes también adeudan 20 millones de pesos, según datos de los propios afectados, les prometieron abonos apenas el 26 de febrero.
Antes empezaron a pagar parte de los 25 millones que les adeudaban a los agremiados de Gabriel Valenzuela Moreno, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) de Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito, quien en diciembre de 2019 explicó que desde el gobierno les habían pedido tiempo para pagar y han cumplido en un alto porcentaje en la medida de sus posibilidades.
Pero aún tiene deudas pendientes con socios de la CMIC: por obras concluidas y no entregadas aún, las cuales se están programando y los proveedores están recibiendo “promesas de pago”; y por obras que se licitaron con el gobierno pasado, pero en las que aún están trabajando, como las realizadas con la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT).
Para los profesionales de la construcción, la problemática en este punto son los tiempos de pago del actual gobierno, que acumula las estimaciones de los constructores y tarda hasta cuatro y ocho semanas en pagarlas, lo que afecta seriamente la estabilidad de las empresas más pequeñas, y mucho tiene que ver con las finanzas de la CESP, que el gobernador se comprometió a “sanear”.
A la lista de pendientes económicos, incluidos los 230 millones de pesos de los burócratas, el ingeniero Bonilla agregó -por lo menos en discurso- haber encontrado adeudos por 2 mil millones de pesos a proveedores no registrados. Una deuda global de 33 mil millones de pesos, mencionó.
Total, que con tantos acreedores y tan poca información gubernamental, resulta difícil saber en qué se gastó o se siguen gastando los 3 mil millones de pesos que solicitó y le otorgaron como crédito a corto plazo, después que el 10 de diciembre le aprobaron la reestructuración de la deuda de 12 mil millones de pesos, lo que extendió el pago de intereses del adeudo a 20 años.
Pero también se ignora de qué manera se ha invertido lo recaudado entre los gravámenes de casino y nómina incorporados en Ley de Ingresos y los impuestos aprobados de última hora para la venta de gasolina, gas, hospedaje, más para casinos y casas de empeño. Tributaciones que, según estimaciones “moderadas”, durante 2020 generarían 6 mil 997 millones de pesos, de los cuales, 3 mil 800 millones serían solo de impuestos nuevos, como explicó a ZETA en enero, Héctor Manuel Valle Loaiza, jefe del Departamento de Normatividad y Glosa de la Dirección de Ingresos del Gobierno del Estado de Baja California. Lo que significa que a más tardar entre el 15 y el 17 de febrero, el Estado bajacaliforniano debió haber recibido un mínimo de 583 millones de pesos solo por estos impuestos.
En esas condiciones de opacidad económico-administrativa, valdría que el segundo y los siguientes informes mensuales que el Congreso le aprobó al gobernador fueran más allá de la autopromoción, de discursar respecto al porcentaje del cumplimiento de sus promesas, de la creación de programas, guardias estatales, fiscalías, y en lugar de mencionar la palabra transparencia, la practicara.
Lo ideal sería que esos informes anunciados como actos de rendición de cuentas lo fueran en realidad. Que el mandatario hable de los dineros públicos y sus beneficiarios. Por ejemplo, ¿cuánto está recaudando?, ¿quiénes están pagando?, ¿quiénes se están amparando?, ¿en qué está gastando?, ¿a cuáles empresas está contratando?, ¿por qué está entregando adjudicaciones directas?, ¿a cuáles acreedores les está pagando?, ¿cuáles deudas está saldando?
Habrá que esperar a conocer el contenido del Segundo Informe de Gobierno para saber si de verdad Bonilla tiene la voluntad de informar o continúa en la línea de la autopromoción.
Corresponderá a los grupos de la sociedad organizada exigir a los diputados que cumplan con el compromiso que hicieron después de usar a la mayoría de Movimiento Regeneración Nacional para aprobar el aumento de impuestos sin información suficiente, y así auditar y supervisar mensualmente el gasto gubernamental.
