Nunca elegimos ni autorizamos, en el espíritu socialmente generoso del sentido de leyes y normatividad vigente, a nuevos y viejos funcionarios públicos y/o privados para que, anteponiendo sus mezquinos intereses personales, inventaran más problemas que los que enfrentamos.
Emerge más visible que nunca una élite pervertida, que opta con estos caminos por autodestruirse. Una vez más que el gobierno y algunas empresas ligadas a este agravio, demuestran estar en los tiempos de las cavernas por cerrados, tercos y necios en probar su bajeza en cada decisión social valiosa.
Está anunciada por el Gobierno del Estado una “consulta abierta ciudadana” para disponer de elementos legales, políticos y sociales, que justifiquen la legitimidad de decidir si se permite operar a la cervecera Constellation Brands (CB); entendido como “constelación” de marcas embriagantes que pretende instalarse en Valle de Mexicali y exportar sus millones de litros de alcoholes al mundo, sustentando en subsidios injustos, sus ganancias en el riesgo de poner en jaque el desarrollo sustentable de la economía, población y otras ramas que impulsen el desarrollo agrícola e industrial.
Hay en contra de este proyecto de inversión (y con el aval del gobierno panista más inepto y corrupto que tenga memoria la entidad) una opinión pública adversa, que mueve el nervio de repudio y movilización; su operación es considerada -por científicos y expertos- como una grave amenaza al abastecimiento de líquido. Agua.
Dentro de la prioridad de la población de productores agrícolas sanos, tanto en el Valle de Mexicali como su zona urbana, y la población de Tecate, Tijuana, Rosarito y Ensenada, vivimos sacrificios serios de cortes, tandeos y una red insuficiente de abastecimiento de agua debido a una empresa con irregularidades financieras, administrativas, técnicas y éticas, como lo es la Cespt.
Los antecedentes son negros, propios de una economía y un gobierno enfermo; sin el marco jurídico de respeto en los hechos a la Ley y a Derechos de la Sociedad de ser valorada, estar informada y salvaguardar el derecho social de tener acceso garantizado a mínimos de agua potable.
CB, es una empresa (del colonialismo de E.U.) que empezó mal y de malas: chueca, al iniciar ilegalmente sus operaciones en Baja California -como es común en las colonias del tercer mundo- a “golpe de billetes” e influencias insanas.
No disponen de permisos del Gobierno Federal. Sin estudios de impacto ambiental; sin planeación estratégica ni inteligencia empresarial; sin análisis transparente; sin respeto al entorno social ni y una plataforma que convenciera, con argumentos válidos, a la sociedad y comunidad científica de su viabilidad ambiental, hidrológica, técnica y comunitaria a largo plazo.
Quienes legalmente están facultados a realizar las consultas a la ciudadanía son los (desaparecidos) consejos de participación ciudadana, y estos no se han creado. Pesa más el ninguneo del gobierno prianista a la población distraída, desinformada, despistada y más dedicada a sobrevivir día a día por su condición de pobreza multidimensional (¿que gobiernan los principios de Morena? Ni de broma).
La “consulta” será una simulación más en la larga cadena de engaños de la camarilla que ha secuestrado el gobierno, y que finalmente pretende desinformar, manipular y justificar un golpe bajo y artero, a millones de bajacalifornianos, llevándose entre las patas a empresas medianas y pequeñas. Estas encuestas pretenden, reiteradamente, engañar con un “resultado aprobatorio” hecha a modo. Peor que en el 2018.
Con estos actos de desmedida ambición económica, inmorales, sin visión social, y alejados de la razón, se magnifica la insolvencia de los “promotores” de atraer inversión nacional y foránea. No hay el debido decoro y dignidad en la tarea de convocar a inyecciones de capital y tecnología sustantivas, con positivas y mejores razones a proyectos que no sobreexploten los escasos recursos naturales del desierto de Baja California.
Muestran los involucrados su condición inmoral de mercenarios; que poco o nada les importan los derechos de alrededor de cuatro millones de habitantes de B.C.
Dejar sin agua a la población, es un crimen que nada ni nadie la justifica. Es, a todas luces, condenable y denunciable.
Ninguna encuesta, sospechosa, previsiblemente distorsionada, con el método caro de decenas de camiones de acarreados que acostumbran en el PRIAN, justificará el atropello.
M.C. Héctor Ramón González Cuéllar es académico del Instituto Tecnológico de Tijuana. Correo electrónico: profe.hector.itt@gmail.com
