La noche del sábado 29 de febrero, el comunicador fue privado de la libertad y severamente golpeado por sujetos que, según una línea de investigación, podrían ser policías. La alcaldesa cabeña Armida Castro se quejó de la prensa crítica, pero no se refiere específicamente al caso. “Dime quién te está pagando para que publiques cosas en contra del gobierno municipal”, cuestionaron al agredido, quien conversó con ZETA
El comunicador y director del medio digital Sin Censura Noticias, Cristian Pérez Ojeda, recibió un cachazo en la cabeza y múltiples golpes en el rostro el sábado 29 de febrero. A decir del afectado, escuchó a sus agresores decir que lo privaron de la libertad para golpearlo, darle una lección y posteriormente privarlo de la vida, aunque esto último no lo consiguieron gracias a que huyó del lugar.
Aproximadamente a las 8:15 pm, Cristian y su esposa se dirigían a su negocio familiar ubicado en Bulevar Laurel y Flores, Colonia Las Veredas de San José del Cabo, donde se percató que dos individuos lo perseguían a bordo de una camioneta tipo Ford Escape color perla.
“Me agarraron en un negocio de mi esposa, tiene una lavandería y siempre va ella a cerrar, y ese día, el sábado, le dije: te acompaño, porque necesito comprar unas cosas para la visita de mis hijos, pan para hot dog y salchichas; me fui con ella y yo creo que esas personas ya me estaban camelando ahí, llegando al negocio vi una camioneta Escape sospechosa, estacionada detrás de nosotros, con dos personas a bordo”, expuso el comunicador a ZETA.
De inmediato Pérez pidió a su esposa que se metiera al negocio y cerrara la puerta, sin advertirle lo que sucedía, para no alarmarla. Confesó que no creía que fueran capaces de hacerle daño por realizar su trabajo, pues solo se dedica al tema político y no al de seguridad.
“Al ver que esas personas sospechosamente venían detrás de mí, le dije a mi esposa: vete a tu negocio y ciérralo, yo me metí a una farmacia, pero estos tipos siguieron de frente, la farmacia está a escasos 30 metros del local de mi esposa. Ellos se estacionaron en un carrito de hot dogs, y cuando volteo, ya vienen los dos tipos encapuchados”, recordó.
Este es el mensaje con el que, según el comunicador, inició la amenaza de parte del Director de Comunicación Social, Héctor Miranda Burgueño
En eso vio cómo se acercaban dos tipos de complexión delgada, cada uno armado, uno portaba una pistola y otro un arma larga. Lo sujetaron del brazo y otro del cuello. Amenazado de muerte, Cris fue subido a la camioneta y partieron del lugar.
En la declaración oficial ante el Ministerio Público, el relato de la víctima fue:
“Cuando veo a estos tipos, veo que traen pasamontañas y traen armas largas y cortas, uno me jaló del brazo, pero como era muy delgado él, lo arrastré. El segundo que trae un arma corta se fue sobre el cuello y me amenazó con el arma, y fue así como me obligaron a subir al carro en el que viajaban, incluso en el puesto de hot dogs, donde había muchísima gente, ellos amenazaron a los presentes, diciéndoles de manera grotesca que: aquel cabrón que dijera o le hablara a la Policía o fuera decir algo, se los iba a cargar la verga, que iban a regresar”.
Al momento del incidente, la esposa de la víctima de secuestro llamó a los números de emergencia y solicitó apoyo, en redes sociales:
“Amigos les pido con el corazón en la mano me ayuden a localizar a mi esposo, hace 10 o 15 minutos se lo llevaron por la fuerza afuera de nuestro negocio. Desafortunadamente le pasó a mi esposo, esos que dicen que todo fue montado, pregúntenme qué sentí cuando me tocó presenciar ver cómo de la manera más cobarde se lo llevaban, y yo sin saber que era el papá de mi hijo. Se imaginan el peso que cayó en mí en ese momento, cuando me di cuenta que estaba sola, que le marcaba a su teléfono y ya no me contestó, cuando pedía ayuda y NADIE lo hacía PORQUE TENÍAN MIEDO A QUE HUBIERA REPRESALIAS”, expresó Yosali Castro.
SECUESTRO PARA CAUSAR DAÑO
Cuando secuestraron a Cris Percovich, como se le conoce en el medio periodístico, en un instante pensó que se habían equivocado, hasta que empezaron las preguntas en el asiento trasero de la camioneta:
“En el camino los agresores me iban diciendo ‘ya te cargó la verga’ y me preguntaban insistentemente ‘a qué te dedicas’. Tengo una lavandería. ‘No te hagas pendejo y dinos la verdad, a qué te dedicas’. Tengo un periódico. ‘Cómo se llama’. Sin Censura Noticias. ‘Ya ves, qué te costaba decir la verdad”.
En los informes de la declaración, el afectado reiteró que los hombres lo privaron de la libertad y, para evitar que supiera a dónde iban, le taparon el rostro y lo recostaron en el asiento trasero.
“Ya en el carro me bajan sobre el asiento y me ponen un pasamontañas en la cabeza para cubrirme el rostro, nos vamos a rumbo desconocido y sobre el trayecto me van preguntando que si a qué me dedicaba”. Con insistencia le interrogaron para que informara que trabajaba para un medio de comunicación, específicamente Sin Censura Noticias, a lo que sus agresores dijeron: “Ya sabes por qué vinimos”, declaración que quedó asentada en el informe de la Fiscalía de Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión.
El comunicador fue trasladado en un vehículo por alrededor de cinco kilómetros, a los alrededores del Fraccionamiento INVI Santa Anita, allí lo hicieron descender de la unidad y lo hincaron en el suelo.
“Sentí que el carro bajó como a una especie de terracería, porque empezó a moverse de un lado a otro, aquí se paran y me dice ‘bájate aquí’, me bajan, me arrodillan y en cuanto me arrodillo me empiezan a golpear el rostro, patadas en el cuerpo y me empiezan a decir ‘te estás pasando de verga, tú ya sabes por qué’”, testificó.
Mientras Cris era torturado sus agresores, quienes además lo grababan durante el interrogatorio, el propósito era conocer un dato relevante: “’Dime quién te está pagando para que publiques cosas en contra del gobierno municipal’. Nadie me está pagando, le dije, a mí nadie me paga. ‘Está bueno, cabrón’, y en eso apagan las luces de los celulares”, manifestó Pérez Ojeda en su declaración ante la autoridad.
Al final del interrogatorio, pensó que toda había terminado para él, “seguí escuchando algunas claves, dos o tres en total, como si fueran policías o supieran las claves policiales”. Y de pronto, escucha lo peor de todo: “Ya hay que quebrarlo”.
Cristian enmudeció por un instante, mientras sus secuestradores fueron al carro. En eso el comunicador salió corriendo del lugar.
“Cuando terminó el interrogatorio me dice: ‘agacha la cabeza’ y se dicen entre ellos ‘ya hay que quebrarlo’. Y comienzan a hablar en claves como de Policía, cuando dicen eso, uno de ellos se va al asiento del piloto y el otro de copiloto, y en ese momento pensé: si me voy a morir sufriendo cuando me corten el cuello, porque recuerdo que traían un cuchillo, prefiero que me maten de un balazo, más rápido. Así que salí corriendo, no sé cuánto tenía corriendo, a qué distancia, pero escuché que dijeron ‘se nos peló, se nos peló’. Seguí corriendo a donde se miraba luz, a lo lejos de un fraccionamiento”, expresó la víctima a los oficiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Lo que le pasó a Cris no fue afuera de su casa, ni fue solo una persona como trató de dar a entender el Ayuntamiento de Los Cabos a través del director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Juan José Zamorano.
“Al llegar al fraccionamiento unas personas me auxiliaron y me dieron ‘raite’ para el lado de mi casa, me dijo uno de ellos ‘agacha la cabeza, nosotros te vamos a llevar hasta donde debas llegar’. A la casa llegué todo golpeado, y de mi casa me trasladan al hospital, recuerdo que antes de llegar a la casa, como una cuadra me desvanecí por los golpes y vi a dos jovencitos de entre 16 y 17 años, que son ahí del barrio y les pido ayuda; ellos me ayudan a llegar a la casa, soy muy conocido en la colonia, por eso me identificaron y ya me llevaron al hospital”, compartió Cristian Pérez Ojeda a ZETA.
LAS AMENAZAS
Una de las hipótesis de la PGJE, señala extraoficialmente que los atacantes de Cris podrían ser policías municipales, concretamente en activo.
“No eran armas viejas, eran armas nuevas y al parecer en un rifle G3, el del arma larga, y el del arma corta te puedo asegurar que era una 9 milímetros, de hecho no realizaron ningún disparo cuando me quise escapar, ni realizaron ningún disparo donde me tenían sometido; presumo que no dispararon porque seguramente deben ser armas de cargo de alguna institución policiaca y no quisieron dejar huella”, informó Cris al Ministerio Público.
El 31 de enero de 2020, Cristian Pérez Ojeda, ex trabajador del Ayuntamiento de Los Cabos, demandó a la institución y a Jesús Armida Castro Guzmán por despido injustificado ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje al Servicio de los Trabajadores del Estado y Municipios.
El reclamo era la indemnización constitucional de poco más de 43 mil pesos, y de 20 días por cada año laborado, sumando más de 35 mil 500 pesos.
Hago responsables de lo que me pase a mí o a mi familia a Armida Castro Guzmán, Alcaldesa de Los Cabos, Juan José Zamorano, Director de Seguridad Pública y a Héctor Miranda Burgueño, de Comunicación Social, dijo el periodista agredido.
“Al prestar mis servicios al Ayuntamiento y al despedirme de ahí, presenté una denuncia por despido, y como mi medio es crítico, solo hablamos de política, nunca nos hemos metido en asuntos de narco ni delincuencia, siempre ha sido político, me llegó una amenaza de parte el director de Comunicación Social. Textualmente me dice ‘canijo, bájale una de la raya, la jefa ya se enojó y no te aconsejo que la quieras conocer enojada’, algo así me dijo”, afirmó a ZETA.
En una conversación que sostuviera este Semanario con el director de Comunicación Social de Los Cabos, Héctor Miranda Burgueño desmintió haber enviado tal mensaje, además, dijo que ante ese tipo de amenazas, se debe denunciar de inmediato o hacerlas públicas. Como comunicador, expuso, sabe de ello.
Sin embargo, el director de Sin Censura Noticias sí publicó la amenaza al momento en que ocurrió, el 7 de enero. La difusión se hizo al día siguiente con el título “Armida Castro amenaza a Director de Sin Censura Noticias a través de su Director de Comunicación”.
“¡Canijo! Bájale una raya a tus publicaciones la jefa ya se molestó y no te aconsejo que la quieras conocer enojada, hay (sic) te encargo”, fue el supuesto mensaje enviado al celular de Pérez Ojeda.
Según el comunicador, cuando lo secuestraron, le quitaron todas sus pertenencias y le pidieron las contraseñas de su equipo para borrar la evidencia en su teléfono celular. Pero tiene respaldo de todo.
LA VERSIÓN OFICIAL
Violentando flagrantemente el Código Penal de Baja California Sur, el titular de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Los Cabos, Juan José Zamorano Martínez, reveló parte del Informe Policial Homologado (IPH), el cual debe guardarse en sigilo procesal por tratarse de una investigación en curso.
“Recaba la información (el primer respondiente) y realiza su IPH, y lo que manifiesta la persona afectada, y eso es un informe que directamente se rinde tomado por el oficial primer respondiente, menciona el afectado que aproximadamente a las 20:15 horas, al ir saliendo de su casa, me abordó un sujeto al cual no ubico, y este me empezó a agredir a golpes para después retirarse, desconociendo hacia donde, ya que me quedé tirado en la banqueta, y fue cuando mis familiares me trajeron al hospital general para que me atendieran médicamente, deseo manifestar que desconozco el motivo por el cual me han agredido, es todo lo que tengo que manifestar, este IPH fue hecho en una entrevista a la persona afectada y está firmado por la persona afectada”.
El marino en activo y director de Seguridad Pública violentó el sigilo procesal, de entrada debe ser destituido del cargo, y de comprobarse que dicha versión se hizo pública y benefició a los agresores, se iniciaría un proceso por encubrimiento.
Ningún reportero presente en la rueda de prensa lo cuestionó, porque siendo servidor público estaba haciendo pública una declaración, siendo la más importante la de la víctima.
Además, el informe que brindó Zamorano Martínez incurre en falsedades, por ejemplo, el periodista fue agredido por dos personas y eso lo dicen varios testigos, fue abandonado a cinco kilómetros de su vivienda, secuestrado a dos cuadras de su casa, llegó por su cuenta, solicitó ayuda a dos jóvenes y la más importante: dos días después, el IPH no se había brindado a la Fiscalía Especializada en la Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).
Otra irregularidad es que los tiempos no coinciden, como dice el director de Seguridad Pública de Los Cabos.
“El reporte que dio inicio a la movilización de atención a este evento fue una supuesta privación ilegal de la libertad, acudimos con el personal operativo inclusive aplicando este protocolo de patrullaje y atención cuando se presentan las tipo incidentes, se llegó al lugar en donde se tuvo conocimiento o que denunció el reportante, y al llegar al lugar nos informaron que la persona afectada ya había llegado a su domicilio, nos trasladamos al domicilio, y al llegar al domicilio nos dijeron que la persona ya estaba siendo atendida, que había sido conducida por familiares a la clínica de Chamizal”, indicó.
Acorde con el funcionario, tuvieron el reporte a las 20:15 horas, pero el personal de seguridad acudió cuando la víctima ya había regresado a su domicilio, lo cual hace pensar que acudieron al llamado de la privación ilegal de la libertad una hora y 45 minutos después.
Aparte de dar mal los horarios, evidenció el IPH, el cual es vital en la investigación, y muy a la ligera reveló datos primordiales en el sigilo procesal.
Para Cris Percovich, pareciera que se trató de un montaje, justamente ahora entiende el por qué la insistencia de los oficiales en que firmara en el momento que estaba siendo atendido de la gravedad de los golpes.
“Estos policías esperaron a que llegara al hospital cuando yo estaba golpeado, se quisieron y se metieron a la fuerza donde me tenían en urgencias los policías, y como yo estaba todo golpeado, el doctor no los dejaba pasar, y el doctor le decía ‘no puede pasar, acaba de llegar’, y los oficiales insistían en que tenían que pasar por la protección. Total, lograron pasar, yo estaba escuchando todo, entra el policía y dice: ‘Oye, ya traemos aquí el reporte que nos dio tu esposa, para que nos firmes rápido para mandarte seguridad’, pero yo no entendía, yo estaba aturdido, más menos, no más entendí que el reporte de mi esposa y que firmara, firmé y se fueron, ahora entiendo todo”, lamentó Cristian Pérez Ojeda.
La alcaldesa de Los Cabos, Armida Castro, no se refirió al caso en específico, incluso se dejó entrever que ella solo apoya a quien le parece ético y profesional:
“Nosotros condenamos la violencia hacia cualquier ciudadano, obviamente nos deslindamos absolutamente de ser parte de orquestar una situación así, más allá el respeto que he tenido y quiero seguir teniendo, y la excelente comunicación con todos los medios de comunicación, agradecerles el que puedan estar acompañándonos, verdaderamente informando, dando la cara; para mí eso es ética y profesionalismo, por supuesto que los respeto y respaldo”.
Con total nerviosismo dirigió unas palabras, incluso tuvo muchas equivocaciones al hablar. “De ninguna manera yo… yo… ese día lo que más sugería era que alguien le pidiera que hiciera una denuncia, para que puedan ser las instancias corre… correctas, las que hagan la información y deslinden o señalen a quien tengan que señalar, yo digo que ninguno de mis servidores públicos ni yo (se le va el aire) en persona, perdón… este… estaríamos haciendo daño. Al contrario, nuestro trabajo, nuestra labor es otra”, finalizó la edil cabeña.
