Emmanuel Cuellar Balderas, juez Quinto de Distrito, ordenó en Baja California al gobierno de Jaime Bonilla Valdez que “implementen las medidas de higiene y en general, preventivas, para mitigar y controlar los riesgos para proteger la salud” de los jubilados del ISSSTECALI, personas de la tercera edad que en medio de la crisis de contagio del COVID-19, son obligados acudir a las oficinas del instituto para cobrar sus pensiones.
En representación de un grupo de 100 jubilados, la abogada Zaira Mitzel Valdez Martínez, presentó 6 demandas de amparo, la 276/20120, 277/2020, 278/2020, 279/2020, 280/2020 y 281/2020, denunciando “la falta de protocolos de seguridad y atención en el pago de pensiones a jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI)”
Reclamaron que el Gobierno del Estado, específicamente ISSSTECALI, no cumplía con los mínimos lineamientos para proteger a sus jubilados, el grupo de personas más vulnerables ante al coronavirus, cuando acudían a cobrar sus ingresos por los años de servicio prestados.
“Hacer trámites para cobrar su pensión, sin la implementación de medidas preventivas para prevenir el contagio de un virus mortal, mientras se encuentran en las oficinas esperando la entrega de su pensión, provocaría aumentar considerablemente el contagio de dicho virus y aparejadamente el peligro de perder la vida, con independencia de la reacción que este tenga en cada quejoso, pues la probabilidad mortal por mínima que parezca, vale la pena prevenir”, se lee en la suspensión emitida por el juzgador el 26 de marzo del 2020.
Al concluir su etapa laboral, los jubilados de ISSSTECALI acuerdan con el gobierno la forma de cobro de sus pensiones, la mayoría decide por el depósito bancario y pocos por el cobro del cheque en las instalaciones del instituto.
En el caso del centenar de exempleados que solicitaron y obtuvieron el amparo de la justicia por el tema del COVID-19, la mayoría de ellos recibía su dinero por transferencia, pero el sexenio pasado, cuando empezaron a retrasarles los pagos y se ampararon para obligar al estado a pagarles los días últimos de cada mes, por este hecho, la administración los castigó y empezó a pagarles con cheque, situación que sus abogados no han podido modificar a pesar de los recursos legales iniciados.
