Este sábado 21 y domingo 22 de marzo, se llevará a cabo una consulta pública donde se votará a favor o en contra de la operación de la planta cervecera de la empresa Constellation Brands, en Mexicali, Baja California -misma que presenta un avance de 70 por ciento en la construcción y es equivalente a una inversión de mil 400 millones de dólares- ello a pesar de la recomendaciones sanitarias por parte de las propias autoridades federales ante la propagación del brote de coronavirus COVID-19.
Sin embargo, Jesús Rodolfo Cristena Iribe, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, otorgó a un grupo de ciudadanos, una suspensión de plano, para obligar a las autoridades responsables, a que antes de la consulta, y en un lapso no mayor a 24 horas (que concluye antes de las 13:00 horas de este sábado 21 de marzo), presenten todas las medidas y acciones que se desarrollaron (un protocolo sanitario), para poder prevenir y evitar cualquier riesgo de contagio del coronavirus COVID-19, a efecto de evitar que en el tema de salud e integridad y vida, se proteja a la población mexicalense.
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En caso de incumplimiento de esta protección jurídica por parte de las autoridades responsables, el juicio de amparo 285/2020 menciona la posibilidad de sanciones penales y de la destitución de dichos funcionarios públicos, entre ellos, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; la Secretaria de Gobernación (SEGOB), Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila; al subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo.
Además del titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Manuel Toledo Manzur; a la presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), María del Rosario Piedra Ibarra; al gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez; y a la directora de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Blanca Jiménez Cisneros, y “terceros interesados”.
“[…] Los efectos y consecuencias del acto reclamado que han quedado precisados, consistentes en la omisión de las autoridades responsables de dictar medidas sanitarias suficientes para evitar la propagación de la epidemia denominada COVID-19, entre los asistentes a la consulta pública reclamada, sí configura un acto prohibido por el artículo 22 Constitucional, pues impactan en el derecho a la salud, y a la postre, en el derecho a la vida de la comunidad mexicalense a la que pertenecen los quejosos, lo que obliga a este Órgano Jurisdiccional a pronunciarse sobre la media cautelar solicitada en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, únicamente por lo que hace a dichos efectos y consecuencias del acto reclamado (medidas de prevención de riesgo sanitario)”, indica la resolución judicial.
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La boleta en la que se votará a favor o en contra la cervecera, incluirá al reverso un texto explicando la situación actual de la empresa, que incluye su ubicación, el avance alcanzado, los permisos y autorizaciones ambientales con las que cuenta y los beneficios que tendrá para los habitantes.
Asimismo, se incluye un párrafo en el que se deja en claro que la empresa estadounidense se compromete con el impacto ambiental para evitar la escasez de agua. La boleta también refiere la preocupación expresada por algunos pobladores y organizaciones civiles sobre el impacto en el abasto de agua en la zona.
“[…] la celebración de la consulta popular objeto de los actos reclamados, no implica de suyo afectación directa e inmediata al derecho pública de acceso al agua y preservación del ecosistema que dicen tener los promoventes, porque la operación de la empresa dependerá, además, de la terminación de su construcción, de las autorizaciones relativas que otorguen las autoridades competentes, actos que resultan independientes en sí mismos, de la propia consulta pública”, dice, sin embargo, la resolución judicial.
La copia del juicio de amparo fue dado a conocer por Gustavo de Hoyos Walther, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), en su cuenta de la red social Twitter, ayer viernes 20 de marzo por la noche.
La consulta convocada por el @GobiernoMX para decidir el destino de una planta en construcción en BC vulnera la confianza y la legalidad.Por el #COVIDー19mx es también un riesgo a la salud. Un Juez Federal ordenó a @lopezobrador_ tomar medidas sanitarias. https://t.co/Au5vCM2Uzg pic.twitter.com/FTKHkvZm4a
— Gustavo de Hoyos W (@gdehoyoswalther) March 21, 2020
