La Asociación de Industriales de la Mesa de Otay (AIMO) pidió al gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, aplicar una prórroga en el cobro de impuestos a empresarios cumplidos para enfrentar la contingencia económica que está causando la pandemia del Covid-19, tal como lo han aplicado diversos estados como Jalisco, Sonora y Querétaro.
Sobre ello, Bonilla Valdez dijo que analizaría las opciones, sin embargo, afirmó que su prioridad es el tema de salud; “que no falten medicinas, y se cuente con recursos humanos y materiales”, para atender la contingencia.
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Además, anunció, que su administración daría una despensa a la población cada tres días en escuelas para aquellas familias que tengan que dejar de trabajar ante una suspensión de actividades por el Covid-19.
En la reunión, transmitida en la página del gobernador de Facebook, el presidente de AIMO, Salvador Díaz González expuso: “nosotros estamos haciendo el esfuerzo, hasta estamos sacando de nuestros bolsillos para mantener el compromiso con los trabajadores de Baja California.
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Entonces en esta mesa estamos proponiéndole que se haga una consideración al Impuesto Estatal Sobre Nómina para que nosotros apoyemos al trabajador y el gobierno a las empresas”, dado que los comercios están teniendo menos ventas.
Ejemplificó que la administración de Plaza Río (que en condiciones normales sanciona a los negocios que no abren o no mantienen un horario regular) ya envío un comunicado diciéndole a sus locatarios que pueden cerrar ante la caída de hasta 90 por ciento del consumo.
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“Aun cuando los recursos de las empresas IMMEX vienen del extranjero al final los mercados importantes, Estados Unidos, Asia, y Europa están cerrados; no hay ventas a las casas matrices y eso se ve repercutido hacia la manufactura del estado”, argumentó el líder empresarial para lograr dicha prórroga.
En la reunión en la que también participaron el exempresario Rodolfo Valtierra; William Rosali de Grupo Abadi y del Hotel Qartz; así como Tomás Sibaja, presidente del Clúster aeroespacial, entre otros, el secretario de Hacienda, Adalberto González, refirió que los empresarios en Baja California ya tienen una ventaja con respecto a las del resto país, por el decreto de estímulos fiscales que bajó el IVA al 8%.
Y que, así como los empresarios tienen menos ingresos y gastos, el gobierno se encuentra en dicha situación, de modo que se mostró reacio a tomar una decisión de este tipo.
Refirió que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) envío un comunicado en el que establece que hasta el momento no se va a prorrogar el pago de gravámenes, ni la presentación de la declaración de impuestos que vence el 30 de abril.
En tanto, el secretario de Economía Sustentable y Turismo, Mario Escobedo Carignan afirmó: “El gobernador nos tiene instrucciones muy claras: ´no tomes decisiones personales, siéntate con la contraparte, antes de que termines un programa socialízalo, velo´, es lo que hemos hecho”.
“No siempre estamos de acuerdo, ni siempre podemos, yo les aseguro que la lista que traen ustedes y la lista que nos envió el CCE, el gobernador hubiera hecho la misma, y yo también (en referencia a que también son empresarios) pero ¿en qué condiciones estamos como Estado, financieramente la mayoría de las empresas que ustedes representan tienen mayor facilidad de acceder a créditos que nosotros, porque nosotros estamos limitados por ley. Entonces es un tema sumamente complejo, el único ingreso que tenemos es el Impuesto Sobre Nómina”.
Aseguró que están haciendo un análisis sobre un programa de contingencia económica. Estamos en pláticas con Nafin para que haga un sistema estatal de garantías, para que el gobierno del Estado sea quien garantice los créditos de la micro, pequeña y mediana empresa (MiPyME).
Estamos viendo cómo multiplicar “los poquitos” recursos que tenemos, porque si ustedes tienen un problema, si mañana dejan de salir los sobre ruedas son miles de personas que viven al día y que no tienen para comer.
“Cuando nosotros llegamos al gobierno había cien mil bajacalifornianos en condiciones de hambruna, eso se va a multiplicar”, dijo y aseguró que se está haciendo un análisis de las peticiones y de Hacienda, cuyas condiciones son “sumamente complejas”, y que se va a presentar un plan que será socializado con los CCEs.
En el encuentro -que por momentos fue ríspido- dado que el gobernador reprochó que integrantes de AIMO hayan “bajado” del pódium a Escobedo Carignan, quien había asistido a un desayuno en su representación el pasado 7 de febrero.
En dicho evento, Escobedo Carignan tuvo que retirarse al haber quitado el personalizador de la mesa de honor y haberle comentado que ya no podría dar su discurso, pese a que se le había invitado.
El momento de más fricción fue cuando el mandatario estatal volvió a acusar a industriales de robarse el agua, ya sea porque no pagan lo que consumen o porque están conectados indebidamente.
“Ahí si me gustaría aclarar ese punto que está mencionando, gobernador”, dijo Díaz González, para luego añadir: “se ha mencionado que la industria se ha robado y conectado clandestinamente. Usted representa al gobierno de Baja California y representa la CESPT. No sé lo que pasó anteriormente, pero las deficiencias están en la CESPT, y llegaban las empresas a Baja California y no tenían los insumos para conectarles el agua a las empresas. No nos diga rateros, gobernador”
-No, No te pongas el saco, le reviró Bonilla. Yo no dije que eras tú, pero por qué te indignas.
Porque representamos a la industria, señor gobernador, contestó el líder empresarial
-“Perdóname, cuando yo hago señalamientos es porque tengo los pelos de la burra en la mano y eso va a la Función Pública y habrá sus denuncias, así que no te ofendas si tú no eres. Yo digo, y lo vuelvo a ratificar, gran parte de la industria está robando agua, y tengo los datos, los medidores y las fotografías y las fe de hechos, entonces no te pongas a defender una cosa que no te conste, tú defiéndete, pero no me digas que fulano de tal no era, si a ti no te consta”, expuso el mandatario quien afirmó que representaba a 4 millones de bajacalifornianos y no se iba a permitir más impunidad.
En el encuentro, Bonilla dijo que hay 353 empresas que no tienen medidor o no pagaban lo que consumían, entre ellos los del parque Alva Edison; los hoteles del Río, Premier, Astor así como el Hipódromo. Este último adeuda 36 millones de pesos. Además de la Plaza Sendero.
