Jessica Johanna, primogénita del líder del CJNG, fue detenida cuando estaba al pendiente de la audiencia de su hermano en Washington. Es señalada de encabezar empresas y lavar dinero para la organización criminal. En México obtuvo un amparo que la libró de ser capturada por operaciones con recursos de procedencia ilícita. En esta frontera, la hermana del “Menchito” y su madre, Rosalinda González, tramitan amparos para recuperar inmuebles asegurados en Playas de Tijuana
Jessica Joahanna Oseguera González, hija de Nemesio Oseguera Cervantes “Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenida en Washington la tarde del 26 de febrero de 2020, en vísperas a la audiencia de su hermano Rubén Oseguera “Menchito”. La noticia fue revelada por el abogado de la familia, Víctor Francisco Beltrán García desde Guadalajara.
La detención significa un duro golpe a la organización criminal, considerada por Estados Unidos como una de las dos más poderosas en México dedicadas al narcotráfico. La captura de la primogénita del “Mencho” ocurre tan solo una semana después que su fraterno Rubén fue entregado en extradición a la Unión Americana.
Nacida el 23 de julio de 1986 en San Francisco, California, es señalada por autoridades federales como la principal operadora financiera del CJNG. Cuenta con doble nacionalidad, pues también fue registrada en Morelia, Michoacán. Es licenciada en Mercadotecnia, egresada de una universidad jesuita de Guadalajara, Jalisco.
Sobre la detención, se conoció que la mujer estaba al pendiente de la audiencia del “Menchito” y eso fue aprovechado por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) para detectarla y ejecutar orden de captura en su contra, dictada el 16 de febrero por la Corte de Distrito de Columbia por lavado de dinero, según corroboró al diario El Universal, el abogado Beltrán.
A decir del litigante, se estaría juzgado dos veces por el mismo delito a su clienta, pues en México ya enfrentó el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en 2017, causa penal que venció a través de un amparo y protección que le fue concedido y confirmado por tribunales federales del Estado de Jalisco en 2018.
Tanto Jessica Johanna Oseguera como su madre, Rosalinda González Valencia, fueron incluidas en la lista de traficantes de narcóticos, especialmente designados según lo establecido en el acta de designación de cabecillas extranjeros del narcotráfico, emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros perteneciente al Departamento del Tesoro de Estados Unidos. De igual manera, fueron designadas diversas empresas en las que aparecen como accionistas o administradoras.
A raíz de esos señalamientos, ambas mujeres fueron denunciadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ante la ex Procuraduría General de la República (PGR, hoy Fiscalía) por operar empresas que presuntamente brindan apoyo financiero y son controladas por el CJNG.
En el caso de Jessica Johanna se detectó que en un periodo de aproximadamente tres meses registró operaciones bancarias inusuales y sospechosas, ya que depositó en una de sus cuentas bancarias la cantidad de un millón 433 mil 749 pesos y 50 centavos y retiró un millón 416 mil 387 pesos y 47 centavos, destacando la autoridad que los recursos no tuvieron una permanencia en dicha cuenta.
Para solicitar órdenes de aprehensión en México contra Jessica y Rosalinda, el Ministerio Público federal señaló que ambas cuentan con vínculos con personas que han sido señaladas como miembros de un grupo delictivo, entre ellos el líder de la organización criminal conocido como Rubén Oseguera Cervantes y/o Nemesio Oseguera Cervantes alias “Mencho”. Y que son encargadas, a través de diversos auxiliares, del blanqueo de capitales procedentes de operaciones ilícitas.
Se imputó que el modus operandi del CJNG es la constitución de empresas, lo cual no es una actividad ilícita, precisamente para mover estos capitales y ocultar su verdadero origen. La autoridad ministerial detectó en sus investigaciones que para constituir algunas de las personas jurídicas, la organización delictiva se vale de personas ajenas que “inocentemente” prestan sus identificaciones oficiales ante notario público.
La Subprocuraduría Especializada para la Investigación de Delincuencia Organizada cuenta con una serie de escuchas telefónicas derivadas de clínica de investigación autorizadas por el Juzgado Segundo Federal Penal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones privadas con competencia en toda la República, con residencia en Ciudad de México. Las llamadas interceptadas son de tres líneas de telefonía celular.
En algunas de las llamadas se tiene la certeza de que una de las voces es la de Jessica Johanna hablando con su abogado sobre la situación de su hermano Rubén “Menchito” para intentar trasladarlo hace algunos años del penal federal de Matamoros, Tamaulipas, al Centro Federal de Readaptación Social Número 2 Occidente, en Puente Grande. En otra de las llamadas supuestamente la mujer interactúa con uno de sus contadores sobre la situación de algunas de las empresas señaladas por el Departamento del Tesoro y sobre cuentas bancarias “quemadas”.
Sobre la detención de Jessica Oseguera en EU, su abogado, Víctor Beltrán García, aseguró que su defendida acreditó en México tener “sus negocios, pagar impuestos y no se le demostró que estuviera en el supuesto de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mucho menos en el de delincuencia organizada”, detalla El Universal.
JESSICA EN TIJUANA
La mexicoamericana, hija mayor de Nemesio Oseguera y su madre, Rosalinda González Valencia, actualmente tramitan juicios de amparo en Tijuana, donde les fueron aseguradas propiedades en Playas, como lo informó ZETA en su oportunidad.
La chica tenía 22 años de edad cuando, a mediados de 2009, se convirtió en flamante propietaria de un inmueble localizado en esta frontera. Hoy es accionista de varias empresas señaladas por el Departamento del Tesoro norteamericano como “fachada” de lavado de dinero, presuntamente proveniente del tráfico ilícito de drogas.
Los señores Alejandro “N” y Elvia “N” vendieron a la fémina el lote 14 de la manzana 108, Sección Jardines de Playas de Tijuana, con una superficie de 300 metros cuadrados. Según la clave catastral PT-108-014, el inmueble cuya operación de compraventa fue de 2 millones 25 mil pesos, limita al Este con Calle del Volcán. La escritura (64,343) fue elaborada en la Notaría Pública Número 64 de Guadalajara.
Sin embargo, la propiedad de Oseguera González fue asegurada en la misma averiguación previa iniciada tras la detención de su tío Abigael González Valencia el último día de febrero de 2015 en Puerto Vallarta, Jalisco. El oficio PGR/UEAF/DGALF/2207, de fecha 13 de julio de 2017, dio instrucciones al Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Baja California para efectuar el registro correspondiente a la situación jurídica del bien.
Aduciendo que apenas tuvo conocimiento de manera reciente, el 21 de noviembre de 2018, Jessica Johanna, a través de sus abogados en Tijuana, presentó una demanda de garantías ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales con la intención de probar que fue víctima de una “orden ilegal de aseguramiento y limitación de dominio respecto en un bien inmueble, y su ejecución”. El 7 de diciembre siguiente se aceptó la promoción y se convirtió en el juicio de amparo 1556/2018.
A la fecha, el asunto se encuentra sin resolver y la audiencia constitucional ha sido diferida en ocho ocasiones por falta de informes justificados de diversas autoridades responsables. Sin embargo, una suspensión definitiva del acto reclamado protege a la quejosa para que las cosas guarden el mismo estado en que actualmente se encuentran, sin que se pueda disponer del inmueble para su enajenación o venta.
El abogado Víctor Francisco Beltrán., quien acompaña a la familia de “Mencho” y miembros del CJNG en la defensa de sus procesos penales, condiciones de encarcelamiento, órdenes de aprehensión o aseguramientos, independientemente de la entidad federativa donde se atienda jurisdiccionalmente el asunto, es quien representa a Jessica en el juicio de amparo en Tijuana.
Trascendió que entre quienes no han respondido con su informe ante el juzgador federal, se encuentra el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Fiscalía General de la República, con sede en la Ciudad de México, por lo que la audiencia constitucional se ha diferido en diversas ocasiones.
Posterior al juicio de garantías, Rosalina González también tramitó un amparo ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales de Tijuana, que tampoco ha concluido.
