El Gobierno del Estado y prácticamente todas las instituciones públicas ligadas a la Cuarta Transformación en Baja California, han tenido poco interés en la transparencia.
A varios meses de haber asumido sus cargos, la realidad es que ni el Congreso del Estado, ni el Poder Ejecutivo, ni la Fiscalía General del Estado, han tomado responsablemente el tema e incumplen con los mínimos requisitos para mejorar las prácticas de rendición de cuentas.
Resulta irónico que esto ocurra en una corriente política que profese tanto el combate a la corrupción, pero así es, y lo que es peor, no solo buscan restringir cierta información, sino que incumplen la que por Ley están obligados a brindar.
Esto, estimado Lector de CachanillaZ, lo dice la Red de Defensa de Derechos Digitales (R3D), organismo ciudadano nacional que evalúa las prácticas de transparencia, rendición de cuentas y respeto a la privacidad en internet de cada persona.
En su último análisis que hizo para concluir 2019, tomó una dependencia de cada entidad y tres del Gobierno Federal, definiendo si cumplían con los lineamientos mínimos. En los casos de los estados, se recurrió a la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, hoy Fiscalía General, la cual incumple en la rendición de cuentas.
Básicamente en todos los apartados apareció en rojo, superada por la mayoría de las fiscalías en materia de transparencia, pese a que la legislación de Baja California es bastante buena.
Son cuatro apartados de la R3D para definir sí una institución es transparente o no: sí la información está publicada en su portal de internet; si está actualizada; si cumple con los formatos establecidos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), entre otras irregularidades.
Para resumir, la hoy Fiscalía General del Estado de Baja California no tiene la mínima información pública necesaria, con la que cuenta no está debidamente actualizada y viola la mayoría de las disposiciones del INAI.
Por ejemplo, la Ley General de Transparencia Acceso a la Información Pública obliga a las entidades federativas a informar sí realizaron intervenciones telefónicas o invasión de privacidad digital por medio de ordenamientos judiciales. Sin embargo, la FGE se ha negado a hacerlo público de oficio.
En el apartado de delitos, tampoco tiene desglosado debidamente todo hecho delictivo, por ejemplo, no existen cifras locales de narcomenudeo o de feminicidios como tal; tampoco define delitos sexuales como las agresiones a menores.
Curiosamente, autoridades federales presentan severos problemas en Baja California, pues ni el Centro Nacional de Inteligencia (antes CISEN), la Fiscalía General de la República y la Policía Federal, cumplen con los mínimos requisitos de transparencia.
Según la evaluación del organismo ciudadano, la FGE se encuentra en nivel rojo o inexistente. Lo bueno para los gobiernos de la 4T es que no revisaron el Congreso y el Poder Ejecutivo, porque ellos, ni sus nóminas tienen actualizadas.
Mientras tanto, Lucía Ariana Miranda, presidenta de la Comisión del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sigue haciéndose la ofendida porque la cuestionan. Qué caray…
