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martes, febrero 20, 2024
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Encubriendo al sistema

En agosto, Mexicali se aproxima a los diez años de la implementación del Sistema de Justicia Acusatorio Adversarial, y es difícil comparar los resultados de costos, beneficios y repercusiones a la sociedad.

Lo cierto es que policías municipales, investigadores, Guardia Estatal, ministerios públicos, jueces y hasta funcionarios de primer nivel, han aprendido a coexistir con el sistema, pero no a hacerlo funcionar.


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La realidad es que hoy en día, la forma en que los ministerios públicos presumen y presentan resultados efectivos -sobre todo en casos donde se ejerce presión social y mediática- es a través de las viejas prácticas o nuevas “mañas” de todos conocidas, cuya pretensión es solucionar una emergencia, pero no encontrar o exhibir los errores de un sistema de justicia que pobremente pretendemos implementar.

Las malas prácticas van desde detener a sospechosos en posesión de algunas dosis de metanfetamina, marihuana, o bien, armas blancas; hasta construir un caso con testigos que cambian su declaración para encuadrar con la teoría del caso, e incluso hacer que un sujeto ponga sus manos en un objeto robado para acusarlo a través de sus huellas dactilares.

Todos estos trucos que policías y ministerios públicos presumen con orgullo, afirmando que son tácticas callejeras o “colmillo”, no son más que “favorcitos” a un sistema de justicia acusatorio cuyo error no radica en los operadores, como se justifica en cada oportunidad -el hilo siempre se corta por lo más delgado-, sino de la estructura jurídica definida por diputados y supuestos expertos que nunca llevaron a cabo un proceso judicial y desde una oficina adoptaron criterios con base a los Derechos Humanos, pero sin vislumbrar las particularidades de los delitos.


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El jueves 19 de marzo, el pequeño Abraham Martínez, de 5 años de edad, fue asesinado y su cuerpo arrojado al baño de una casa abandonada en el fraccionamiento Parajes del Oriente; su cadáver presentaba una treintena de heridas y evidenciaba síndrome del niño maltratado.

Desde el primer momento se señaló a los padres, Jaime y Blanca Sarahí, como los responsables del aberrante crimen. Sin embargo, la Dirección de Seguridad Pública Municipal hizo circular un parte informativo sobre la detención de ambos la misma noche en que el pequeño fue encontrado sin vida.

La captura -según el parte- precisa que el padrastro fue detenido haciendo sus necesidades fisiológicas en la vía pública, y al ser intervenido se le descubrió un arma blanca; la madre del pequeño estaba con él a escasos metros de su casa y también guardaba un cuchillo de cocina entre sus ropas.

Luego de pasar 48 horas bajo resguardo ministerial por un delito menor, la Fiscalía General del Estado tuvo el tiempo suficiente para obtener la orden de aprehensión en su contra y actualmente se encuentran bajo proceso judicial por el delito de homicidio.

No hay que ser un genio para sospechar que algo no cuadra entre la Alerta Amber emitida la tarde del jueves poco después la localización del cuerpo y finalmente la peculiar detención, todo en cuestión de horas.

Los argumentos siempre son los mismos: “Priorizamos dar respuesta a la ciudadanía”, “Ya sabemos que es él, pero tardaríamos en armar el caso”, o “Es que se nos iba a escapar”. En fin, cualquier explicación no es más que un parche a un sistema de justicia que por su propia naturaleza no funciona, y no lo hará mientras se busquen soluciones inmediatas en lugar de trabajar de manera seria en la legislación y argumentación correspondiente.

¿Qué habría pasado sí se hace lo que dice la Ley? ¿Acaso no se les debió citar a declarar? La realidad es que nadie se preocupa por el funcionamiento de un sistema de justicia apegado a las necesidades de Baja California y del país.

Aquí no se debe entrar en un debate de si se hace lo necesario por el bien común, sino que son ya diez años de operación y nadie ha hecho absolutamente nada por mejorar el marco jurídico. Sin embargo, cuando hay errores, lo más fácil es culpar a los operadores, y cuando hacen trucos o trampas para justificar una detención, todos prefieren voltear la mirada

Autor(a)

Eduardo Villa
Eduardo Villa
Periodista desde 2011 y corresponsal en Mexicali del Semanario Zeta. Participante del Border Hub del International Center for Journalists y coautor del libro “Periodismo de Investigación en el ámbito local: transparencia, Acceso a la Información y Libertad de Expresión”
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