En la primera semana de marzo, previo al día internacional de la mujer y la marcha del 8 de marzo, diputadas de Baja California Sur denunciaron violencia política de género. En concreto, Elizabeth Rocha Torres, del Partido Acción Nacional (PAN), y Daniela Rubio Avilés, del Humanista, acusaron a sus compañeros de la Fracción Mixta, de Morena y sin partido de violencia.
Esta denuncia es particularmente contra Ramiro Ruiz, Homero González, Marcelo Armenta y Esteban Ojeda, ya que estos propusieron destituir a Lorenia Montaño de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, así como nombrar a un hombre en su lugar: Humberto Arce; además, votaron a favor de la remoción de algunas comisiones y servidores públicos del Congreso del Estado.
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Los morenistas fueron denunciados por ese acto violento contra las mujeres legisladoras, ocurrido el martes 17 de marzo en la primera sesión del periodo ordinario.
“Las medidas cautelares del Tribunal fueron para que no se hiciera violencia política en cuestión de género. Las diputadas que propusieron la remoción es (sic) por -muy enfáticos en eso- causas graves a nuestra soberanía. No tienen que ver la violencia género; las medidas cautelares son para que no se les violente a ellas como mujeres. El que se destituya por causas graves y, por acuerdo de la asamblea, en un acto soberano, no constituye a la violencia de género; entonces no estamos violentando ni desacatando las medidas cautelares”, dijo Humberto Arce Cordero.
Mientras la presidente del Periodo Ordinario, Daniela Rubio, suspendió la sesión por la contingencia del nuevo coronavirus (COVID-19), sus opositores reiniciaron y la destituyeron. Morena declaró quórum legal y, además, declararon que promoverán juicio político contra los panistas.
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“La remoción, por ejemplo, de la diputada Daniela, no fue por cuestión de género. No se le quita por ser mujer, se le quita por permitir la intromisión de otro poder, por permitir la violación de nuestro recinto. Por permitir la violación a nuestra soberanía. Por actuar de manera parcial hacia un grupo que constituye cuantitativamente una minoría, y por no acatar las decisiones de la máxima autoridad de este Congreso, que es el Pleno”, remató Humberto Arce.
Es un pleno “morenista”; las fracciones de Juntos Haremos Historia y de Morena, que hace algunos meses se tacharon entre sí como corruptos y que desconocieron el uno al otro, hoy -de nuevo- son aliados en busca del poder.
Muy “penosa” acción, así fue como lo calificó la diputada del Partido Revolucionario Institucional, Anita Beltrán, a la reconciliación de morenistas.
“Lo que hizo el tribunal fue atender una queja, muy delicada por cierto, de las diputadas diciendo que hay violencia política de género hacia ellas; pero al tener solo la versión de quienes acusan, el tribunal dijo ‘establezco como medidas cautelares en lo que analizo de fondo’. Fueron muy enfáticos en la sesión que no resolvían de fondo, que solo era para conocer el fondo del asunto”, finalizó Humberto Arce.
En la sesión, afirmaron los morenistas que se ratifican los cambios que se habían solicitado y sustituciones, en los casos que refiera; en lugar de Daniela Rubio, “se votó en pleno” para que Mercedes Maciel, del PT, asumiera la presidencia.
Justificó Humberto Arce el actuar, pese a que la legisladora del Humanista haya desmentido el acto por tratarse de una ilegalidad.
“La Ley Reglamentaria dice que una sesión es válida con la mitad más uno de los diputados integrantes de la legislatura. Entonces si somos 21, la mitad es 10.5; más uno, 11.5. Habíamos presentes 12. En el 41, dentro de sus atribuciones, sí está la de suspender; pero en el 42, todo trámite dictado por la presidencia, en cualquier asunto -si así lo solicitan-, debe ser sometido a consideración del pleno. Entonces ella sí tiene las facultades. Si el Pleno la hubiera apoyado, pues se suspenda; pero el pleno no la apoyó”, adelantó Arce.
Agregó: “La otra hipótesis es que si yo suspendo, y si hubiera roto el quórum, entonces no puedas proseguir con la sesión; pero ella suspendió. Había quórum, el Pleno solicitó -con base al artículo 42- que no se suspendiera; se votó y todos estamos por unanimidad en que no se suspende”.
Mientras tanto, la respuesta de Daniela Rubio Avilés fue que el acto es ilegal, pues la “pandemia del coronavirus, nos exhorta a todos a hacer conciencia del momento crítico que nos aqueja, y tomar todas las medidas para evitar posibles contagios que pongan en riesgo la salud de la ciudadanía, diputadas y diputados y del personal que labora en este Congreso y sus familias”; por ello, determinó la suspensión de la sesión.
Según la legisladora su actuar se basó en los artículos 40 y 41, fracción primera de Ley Reglamentaria, que estipulan lo siguiente:
“ARTÍCULO 40.- Corresponde a la Directiva bajo la autoridad de su Presidente, preservar la Libertad de las deliberaciones, cuidar de la efectividad del trabajo Legislativo y aplicar con imparcialidad las disposiciones de esta Ley, sus Reglamentos y los acuerdos que apruebe el Congreso”.
De la presidencia:
“ARTÍCULO 41.- El Presidente de la Mesa Directiva conducirá las relaciones institucionales con los Poderes de la Unión, con los Poderes de las Entidades Federativas, con el Gobierno de la Ciudad de México, así como con los otros dos poderes del Estado, con las Autoridades Estatales y Municipales, Organismos y Entidades Públicas Nacionales e Internacionales, en tal virtud, tiene la representación Protocolaria del Congreso ante cualquier autoridad y podrá nombrar a los Diputados que representen al Poder Legislativo ante cualquier Organismo Público y designar representantes que deban asistir a eventos cívicos y sociales”.
“Además contará con las siguientes atribuciones: I.- Presidir, abrir, prorrogar, suspender y clausurar las Sesiones. […] Todo acto suscitado con posterioridad carece de validez legal, toda vez que la sesión fue suspendida por la Presidencia del Congreso y solo la Presidencia que la suspendió puede reanudarla”.
