Con una población de 3.3 millones de habitantes, el secretario de Salud Alfonso Pérez Rico estima que en Baja California serán 5 mil personas las contagiadas por coronavirus, 500 de gravedad. El funcionario explicó que no todo el personal de salud recibirá equipo de protección, “se van a entregar según el nivel de exposición que vayan a tener con pacientes de COVID-19”, anunció
Médicos y enfermeras de todas las instituciones de salud en Baja California se encuentran en la incertidumbre ante el reto que enfrentan por la llegada del virus COVID-19 al Estado, y no cuentan con la infraestructura y el suministro médico suficiente.
En la semana que concluye, los administradores de clínicas y hospitales del Seguro Social de Tijuana, Playas de Rosarito y en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), informaron que empleados que tuvieran más de 65 años o alguna morbilidad -hipertensión, obesidad, diabetes, o alguna enfermedad inmunodepresora- no se presentarían a laborar. Aquellos que continuarían trabajando, tendrían que hacerlo sin equipo de protección.
En el Hospital Regional Número 1 del IMSS, los médicos informaron que ellos arman sus kits para dar la atención a pacientes que llegan con enfermedades respiratorias, sin importar si es COVID-19 o alguna otra.
“En una bolsita de plástico echamos guantes, un cubre bocas del que podamos conseguir, un gorrito desechable, una bata y los lentes, pero cuando acaba su vigencia los tenemos que desechar, es obvio que tenemos miedo”, declaró una empleada.
En la Clínica 17, ubicada en Rosarito, otra trabajadora reiteró: “No tenemos respiradores suficientes para otros padecimientos, mucho menos para una contingencia como la que va a empezar a causa del COVID-19”.
En el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores de Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Issstecali) la situación no es mejor.
“Hace unos días llegó una mujer, no tan mayor, tiene un cuadro y diagnóstico inicial por neumonía atípica, pero no es eso, y no le querían hacer la prueba de coronavirus porque no tenía antecedente de viaje, pero salió negativo a influenza y a todas las demás, así que se la hicieron y estamos esperando resultados, pero ahora nadie se quiere acercar, no tenemos cómo protegernos”, expuso.
Ante esta situación, algunos médicos de clínicas del IMSS han decidido pedir donativos a la ciudadanía y comprar de su bolsa trajes especiales. Saben que los directivos del Instituto tienen este equipo, pero lo mantienen en resguardo, para cuando se dé el punto álgido de la pandemia.
“Aquí habemos (sic) varios médicos que estamos consiguiendo los equipos, cardiólogos, internistas principalmente, intensivistas, pediatras, geriatras; así como neumólogos, epidemiólogos e infectólogos, que seremos la primera línea de defensa. Por favor, pedimos apoyo”, dijo el médico José Juan Trasviña Torres, a través de una transmisión en vivo el 25 de marzo desde Plaza Las Palmas.
MÉXICO Y BC ENTRAN A FASE 2
La noche del 22 de marzo, México entró a la Fase 2 de la pandemia, en un anuncio hecho por la Organización Mundial de la Salud (OMS) ante la negativa del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de aceptar la gravedad de la enfermedad.
En Baja California, el primer caso de paciente confirmado con COVID-19 sin tener antecedente de viaje, se registró la noche del domingo 22 de marzo en Mexicali.
El anuncio de Fase 2 a nivel estatal se hizo la mañana del 24 de marzo. El secretario de Salud, Alfonso Pérez Rico, acompañado del gobernador Jaime Bonilla Valdez, anunció que iniciarían otras medidas, además del distanciamiento social que venían promoviendo desde semanas atrás. Pidieron apoyo -no ordenaron- el cierre de antros, bares, gimnasios, iglesias y cualquier establecimiento no esencial, e informaron que las policías patrullarían playas y parques para evitar aglomeraciones con fines de entretenimiento.
Otra de las medidas preventivas anunciadas, fue la reconversión de hospitales generales, como centros de atención para pacientes con COVID-19, lo que implicaría la cancelación de cirugías programadas no vitales, aplazamiento de consulta externa y traslado de pacientes con otras patologías a otras instituciones médicas.
SIN CAPACIDAD
En Baja California -la cual cuenta con 3.3 millones de habitantes de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática- se estima que alrededor de 5 mil personas se contagien de COVID-19, eso si su población acata las medidas de prevención y distanciamiento social que se han promovido desde hace tres semanas.
De esos posibles 5 mil casos, alrededor de 500 personas requerirán hospitalización a causa del virus o complicaciones de sus morbilidades por la enfermedad.
“En los escenarios de tercera fase, donde ya estamos hablando de una dispersión epidémica, estamos hablando de 500 personas que necesitaríamos hospitalizar en los siguientes tres meses”, afirmó Pérez Rico.
Con las medidas de distanciamientos social, “el escenario que queremos es que sean esos 500, pero en los siguientes ocho o nueve meses”.
Ante cualquiera de los dos escenarios, el plan es que los Hospitales Generales de Tijuana, Mexicali y Ensenada se convertirían en el centro de atención a todos los pacientes con COVID-19, con capacidad de 150 camas disponibles en cada uno, es decir, 450 camas y 120 respiradores en todo Baja California.
“Vamos a tener ciertos hospitales que se van a designar como sedes del COVID-19. Allí vamos a tener los médicos que van a manejar a todos los pacientes con la enfermedad, allí vamos a tener la mayor concentración de insumos y a los que van a requerir ventilador”, apuntó.
“Ahorita no tenemos necesidad de muchas camas, pero queremos planear para cuando las tengamos. Si nunca las ocupamos, qué bueno, pero sí, necesitamos que estén ahí”.
Aunque anunciaron que la reconversión iniciaría a partir del 23 de marzo, al cierre de esta edición, ni siquiera se tenía el resultado del censo hecho entre el personal de Salud y los pacientes para determinar cuántos serían trasladados a otras instituciones.
Mientras tanto, el resto de los pacientes que lleguen al área de Urgencias, por servicios que no tengan que ver con enfermedades respiratorias, serán redirigidos también a otros hospitales del ISSSTE, Issstecali e IMSS.
PERSONAL DE HOSPITAL GENERAL ASEGURA NO ESTAR PREPARADO
La estrategia de convertir a los Hospitales Generales en centros de atención para COVID-19 preocupa a los trabajadores de esa institución en Tijuana. Entrevistados, algunos dicen haber sido capacitado mientras otros lo niegan, en lo que coinciden todos, es en que no han recibido el equipo que les permita protegerse del contagio. También informaron que faltan medicamentos y que el edificio no está en condiciones para albergar gran cantidad de pacientes que requieran hospitalización.
Empleados del Sector Salud que pidieron omitir sus nombres detallaron: “La situación en el Hospital General de Tijuana es un poco crítica, no tenemos los insumos suficientes para resolver los casos de COVID-19 que pudieran darse, no tenemos cubre bocas, no tenemos gel antibacterial, no tenemos jabón suficiente. Tampoco hemos visto que haya llegado el equipo, como el traje protector, ni siquiera se nos ha hecho una junta para saber cómo vamos a trabajar si se da una gran afluencia de pacientes infectados”.
Una de las principales preocupaciones de los trabajadores del hospital, es el riesgo de contagio a sus familias porque ellos trabajan sin protección y siguen esperando les entreguen lo que se requiere en una contingencia como la actual: gafas, traje protector, cubre bocas N95, botas, gorro y guantes.
“Aunque no todo el personal estará en contacto con los pacientes infectados, estaremos en riesgo porque trabajamos en el mismo lugar, y todo el personal médico y de enfermería están en constante contacto”, indicó uno de los afectados.
Como ejemplo citaron a la mujer de nacionalidad alemana que el 16 de marzo ingresó a las instalaciones del hospital como un caso sospechoso de COVID-19. En ese momento los paramédicos que la llevaron en la ambulancia vestían el equipo necesario para manejar a ese tipo de pacientes, pero al llegar al hospital, los médicos y enfermeras que la recibieron solo contaban con cubre bocas de tela, poniendo en riesgo su salud.
CAPACITACIONES NO FUERON OBLIGATORIAS: SECRETARIO DE SALUD
Cuestionado por la falta de capacitación a personal del Hospital General, el titular de la Secretaría de Salud en Baja California, Alonso Pérez Rico, aseguró que sí impartieron cursos enfocados en la protección personal, pero no fueron obligatorios y algunos empleados no asistieron. Volverán a capacitarlos porque las definiciones operacionales cambian constantemente.
“En el Estado hemos dado 24 mil capacitaciones en general en estas seis semanas, para saber cuántas van en el Hospital General de Tijuana, tendría que consultarlo con el epidemiólogo, pero invito a quienes no se han capacitado a que acudan al área de Epidemiología para que los adiestren”, declaró Pérez Rico.
SIN SUMINISTRO PARA TODOS
Tanto Pérez Rico, como el director general del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, han informado que cuentan con los suministros necesarios para atender la primera etapa de la contingencia, pero solo serán entregados a cierto personal.
Baja California sí los tiene, pero no todos los empleados recibirán, ya que se entregarán conforme al nivel de exposición que vayan a tener con pacientes de COVID-19, “para evitar hacer un mal uso del material a partir del temor y la desinformación que pudiera existir”.
Mientras que Robledo Aburto tuvo que salir a dar un mensaje al personal del IMSS, después de que se realizaran diez manifestaciones en distintos estados de la República, exigiendo el equipo de protección para el personal de salud.
Contradijo a los manifestantes y aseguró que desde antes de que la OMS declarara la Fase 2 ya estaban trabajando en la entrega de suministros en las distintas delegaciones.
“Debemos priorizar aquellos lugares donde empezará nuestra batalla, como lo es la zona metropolitana de Ciudad de México y aquellos estados donde hay la mayor cantidad de casos confirmados”, tomando en cuenta que BC se encuentra en el lugar 8 y no hay muertes, por lo cual la entrega no será inmediata.
Asimismo, recalcó que la Secretaría de Hacienda hizo una compra consolidada de insumos para todas las instituciones médicas, “todo el material que tenemos e irá aumentando, tendrá el resguardo del Ejército Mexicano en los 37 almacenes delegacionales y en el almacén central de Vallejo, y la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional) apoyará al IMSS en materia de distribución”, confirmó el funcionario federal.
FALTA PERSONAL MÉDICO
El 24 de marzo se lanzó la convocatoria a nivel nacional para la contratación de médicos y enfermeros, sobre todo especialistas en el área epidemiológica e internistas, pues también hace falta personal.
Alonso Pérez Rico indicó que médicos de Ejército y Marina trabajarán de la mano con Isesalud ante la contingencia, ya que sus hospitales no son aptos para manejar a pacientes enfermos de COVID-19.
Asimismo, invitó a médicos voluntarios que quieran ayudar durante la crisis que se avecina durante las próximas tres semanas. La idea es ir integrando un censo de personal de salud para el momento que se requiera.
Actualmente trabajan más de mil personas en el Hospital General, cifra que podría ser insuficiente si no se toman las medidas necesarias.
LOS RECURSOS FEDERALES
Con respecto a los 10 mil millones de pesos correspondientes a los bimestres de abril a junio que la Secretaría de Hacienda anunció que adelantó al Instituto de Salud para el Bienestar, el secretario Pérez Rico declaró que no sabe, porque aún continúan las juntas con la Federación, para determinar cuánto dinero le tocará a Baja California.
A pesar que este recurso no será adicional, sino un adelanto de las aportaciones, reconoció que no será un inconveniente para el futuro, una vez que pase la contingencia, porque la Federación está comprometida a brindar a los estados apoyos adicionales de ser necesario una vez que justifiquen los gastos de operación durante los siguientes meses.
Actualmente están a un 67% de abasto de medicamentos y al 100% en medicamento oncológico pediátrico, además de que el Sector Salud dispone de medicina suficiente para atender la sintomatología que “vayan presentando los pacientes infectados”.
Del recién creado Comité de Control de COVID-19, dijo que fue una iniciativa del gobernador Jaime Bonilla Valdez para tomar decisiones centralizadas en el destino y organización de los recursos humanos y materiales. Estará conformado por autoridades militares, Secretaría de Salud, la delegación del Gobierno Federal en Baja California y algunas secretarías adicionales como la de Bienestar.
La participación del Ejército es para implementar el Plan DN-III y resguardar los insumos de comida y medicina que se lleguen a concentrar estratégicamente.
Albergues restringen nuevos ingresos para prevenir contagios ante coronavirus
El Instituto Nacional de Migración (INM) dio a conocer que en los ocho puntos de acceso terrestre a Baja California, así como en los Centros Integrales de Atención a Migrantes de Tijuana y Mexicali, el protocolo para recibir a migrantes repatriados incluye una revisión médica para detectar si están infectados por el coronavirus.
Sin embargo, los distintos albergues para migrantes en Tijuana y Mexicali, no han sido capacitados respecto al protocolo, tampoco la Secretaría de Salud les ha informado cómo manejar los casos sospechosos o confirmados.
Paulina Olvera, directora de Espacio Migrante en Tijuana, comentó que ellos elaboraron un plan para prevenir contagios al interior del albergue, donde viven cerca de 40 personas, en su mayoría familias en espera de recibir asilo en Estados Unidos.
“Anunciaron que ya no va a haber audiencias para quienes están buscando asilo, y pensamos que los albergues no van a tener suficiente espacio para atender a estas personas cuando empeoren los casos de COVID-19. No tenemos recursos ni capacidad para aislar a alguien, en México no hay ningún plan para cuidar a las personas que sean regresadas ante esta crisis de salud”, lamentó.
Por su parte, José Moreno Mena, quien preside la Coalición Pro Defensa Migrante, explicó que sí hubo acercamiento con la Secretaría de Salud después que emitieron un comunicado exigiendo medidas preventivas ante el riesgo que representa el virus COVID-19, pero aparte de la charla, no recibieron algún esquema de trabajo para atender emergencias relacionadas con el coronavirus. Solo les dieron un número telefónico para recibir información y resolver dudas, al que han llamado sin recibir respuesta.
El miércoles 18 de marzo, después que el Presidente norteamericano Donald Trump anunciara que deportarían a México a quienes están en proceso para solicitar asilo, el delegado del Gobierno Federal en Baja California, Jesús Ruiz Uribe, declaró que del viernes 20 al lunes 23 de marzo registraron un promedio de 60 deportaciones y repatriaciones, y cerca de 50 expulsiones exprés; cantidad menor a la que estaban observando en semanas anteriores, cuando recibieron hasta 500 personas.
Gobierno ya resiente el COVID-2019
Además de tres funcionarios del gabinete estatal en aislamiento por padecer coronavirus, según comentó el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez en su última conferencia mañanera del jueves 26 de marzo, otros tres integrantes de diversas instancias gubernamentales se encuentran bajo resguardo por confirmación o por sospecha de COVID-19.
Tres nuevos reportes se han mencionado en Mexicali, los cuales representarían alerta para las autoridades. El primero, de un ex comandante de la Policía Ministerial del Estado, ahora Agencia Estatal de Investigación, quien vacacionó en Los Ángeles, California dos semanas atrás, acompañado de su esposa.
El agente allegado al ex procurador Christian Colosio Lule, permanecía de vacaciones cuando se descubrió su padecimiento, por lo que fue reducido el contacto que tuvo con otros compañeros de la corporación. Sin embargo, debieron tomar medidas de aislamiento en algunos de ellos en espera de confirmación.
Diputado Jorge García Alcibíades, que con esa cercanía departió con el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, y el ex rector de la UABC, Alejandro Mungaray (dicen que lo quieren de candidato), previo a celebrar el 14 de marzo en Mexicali, la boda de su hija. Acto en el que recibió a cientos de personas
El segundo caso fue dado a conocer de manera formal el miércoles 25, el del diputado federal Jorge García Alcibíades, de Movimiento Ciudadano, quien resultó positivo al coronavirus, según informó el organismo político, quien solicitó que todas las personas que hayan tenido contacto del 10 al 12 de marzo en las reuniones de trabajo en las que García participó, tomen los cuidados correspondientes. Está bajo cuidados en su domicilio en Ciudad de México.
La misma noche, el Ayuntamiento de Mexicali tuvo que analizar nuevamente sus protocolos ante un caso que trastocó el círculo cercano de alcaldesa Marina del Pilar Ávila Olmeda. Se trata de una funcionaria de primer nivel del área de Relaciones Públicas del Ayuntamiento, la cual fue enviada a aislamiento por síntomas de coronavirus, al igual que todo su equipo de trabajo.
El jueves 26 de marzo, el Ayuntamiento de Mexicali anunció que se reforzarán las medidas de seguridad ante el coronavirus, el cual tiene a México en Fase 2. Entre las nuevas medidas, se encuentra la de cerrar el acceso a las oficinas municipales, salvo en trámites que requieran urgente atención, además de mantener los filtros de salud en todos los inmuebles.
De igual manera, se pidió a la ciudadanía abstenerse de salir en la medida de las posibilidades, sobre todo en las casas donde existan adultos mayores, mujeres embarazadas, niños y cualquier persona con padecimientos como diabetes, cáncer e hipertensión. Ángela Torres Lozano
Elementos de seguridad violan Derechos Humanos de pacientes
La Comisión Estatal de Derechos Humanos inició una carpeta de investigación para averiguar sobre posibles violaciones por parte de agentes de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI) y Policías Municipales de Tijuana, con relación a la atención que le dieron las autoridades en esta ciudad a una mujer alemana.
El 16 de marzo, le fue impedido el paso a Estados Unidos por la Garita de San Ysidro, debido al cierre de la frontera a europeos ante la contingencia sanitaria del virus COVID-19. La intervención de la CEDH se dio en el primer caso porque un agente municipal de Tijuana que se dio cuenta de la acción, envió un mensaje por teléfono y corrió la voz: “Precauciones, ahí está la evidencia fotográfica y de video, el que quiera hacer caso, cuídese, protéjase, esto sucedió hoy en la tarde en el Centro, para los que tengan contacto con 10-15 de Zona Centro, esta ‘tecata’ ya la ubico y se la lleva en la zona Norte”, refiriéndose a la mujer.
Y siguió:
“Les informó para los que anden en Zona Centro, se detectó una alemana, ahorita la tienen encapsulada en la caseta del SITT de la Línea, que iba a entrar al otro 10-20 en las máquinas que tienen los gringos, la detectaron con coronavirus, ahí la tienen encapsulada las autoridades mexicanas en el SITT, dicen que esta alemana es ‘tecata’ y estaba conviviendo con todos los ‘tecatos’ del canal; los ‘tecatos’ ya se presume que traen la infección”, afirma un presunto policía en audios que circularon en redes sociales.
La segunda carpeta se inició el 21 de marzo, cuando elementos de la GESI grabaron -sin autorización- el momento en que personal de Salud notificó de manera oficial al primer paciente diagnosticado con COVID-19 en Tijuana sobre su condición, dando detalles del domicilio y violando su privacidad.
Ante estos hechos, Miguel Ángel Mora Marrufo, titular de la CEDH, señaló que el organismo solicitó medidas cautelares tanto a la GESI como a la Secretaría de Salud para la protección de los pacientes.
En 2019 se recibieron 134 quejas contra la Secretaría de Salud: 104 en Tijuana, 11 en Mexicali, 8 en Tecate, 8 en Ensenada y 3 en Rosarito. Mientras que en el transcurso de este año se han recibido 23: 16 en Tijuana, 4 en Mexicali y una en San Quintín.
Los principales derechos vulnerados son la protección a la salud, a la igualdad y al trato digno. En 2020 se agregó la protección a la seguridad jurídica.
