Una vez que el Congreso del Estado aprobó recorrer el arranque del proceso electoral en Baja California, de septiembre a diciembre, la consejera del INE Claudia Zavala Pérez estimó que la coordinación del órgano local con el nacional para organizar los comicios de 2021 se puede complicar, por lo que la enmienda tendría que revisarse.
Conforme a las nuevas disposiciones los consejos distritales se instalarían hasta la tercera semana de marzo, cuando su instalación debe proceder a inicios de enero. A propósito, la consejera del Instituto Nacional Electoral explicó que ello pudiera afectar el esquema de colaboración en caso de que el INE delegara facultades y esos órganos no estuvieran habilitados.
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También indicó que a nivel estatal podría generarse “una tensión normativa” toda vez que en febrero “los consejos ya tendrían que estar definiendo cuestiones con apoyos ciudadanos de candidaturas independientes”.
Agregó que si el secretario ejecutivo del Instituto Estatal Electoral asume la función de los órganos distritales, tal como está estipulado, los aspirantes a las diputaciones independientes contraerán “cargas innecesarias”, desplazándose de sus distritos a la capital del estado a fin de presentar la documentación requerida para participar en el proceso.
El dictamen elaborado por la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de BC, encabezada por el diputado de Morena Juan Manuel Molina, fue aprobado el 11 de marzo, luego de lo cual se notificaría a los Ayuntamientos de Baja California para que en un plazo de 30 días valoraran al respecto y en caso de que tres de los cinco cabildos dieran su aprobación el documento se publicara en caráctrer de reforma.
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“Me parece que sí se tiene que tomar en cuenta que hoy se operan los procesos electorales de manera coordinada con la autoridad nacional”, expresó Zavala Pérez en entrevista con este semanario.
“Siempre existe la posibilidad –porque así lo marca la Constitución y las leyes generales— de que el INE en algún momento pudiera delegar facultades. No se ha dado el caso, pero ahí está la posibilidad, y la pregunta es y si el INE definiera delegar por ejemplo capacitación: no habría órganos distritales para atender ese tema. Entonces sí es un tema que se debe reflexionar a la luz del modelo electoral nacional que hoy nos rige, coordinado entre el INE y los OPLE”, detalló.
Recordó que para las elecciones de 2018 el Instituto Nacional Electoral tuvo que ajustar calendarios electorales, dado que en algiunos estados el proceso iniciaba hasta febrero. “Tuvimos que modificar ese plazo para hacerlo coherente con las facultades exclusivas que tiene el INE sobre todo en fiscalización y pusimos antes el inicio del proceso electoral y fue avalado y yo no dudo que en este próximo proceso tengamos que hacer algo similar”, manifestó.
En alusión al periodo electoral 2020-2021, encaminado a que las 32 entidades federativas celebren comicios concurrentes con las elecciones federales, mencionó que el INE elaborará un mapa sobre las etapas de los procesos locales, en parte por la fiscalización que el organismo debe realizar de precampañas y campañas; procedimiento que pudiera incidir en materia de calendarios.
“Tenemos que establecer fechas que nos permitan hacer la revisión de fiscalización y si es necesario mover algunas fechas de inicio de proceso electoral estamos facultados para hacerlo”.
Aclaró que ello tan sólo constituye una posibilidad: “Lo que nosotros valoramos es, respetando la soberanía de los estados, si ese plazo que nosotros tenemos nos permite desahogar nuestras facultades constitucinoales exclusivas evidentemente se quedaría así”.
Sobre la iniciativa impulsada por el gobernador, Jaime Bonilla Valdez, y el secretario de gobierno, Amador Rodríquez Lozano, la entrevistada consideró que el Congreso debió haber solicitado una opinión técnica del Instituto Estatal Electoral referente a ese proyecto de reforma.
“El trabajo legislativo me parece que siempre tiene que estar acompañado no solo del consenso del órgano legislativo sino de la parte técnica operativa. Los institutos electorales, tanto el nacional como los estatales tenemos toda una organización técnica, elementos técnicos que les permiten a los legisladores ejercer su función legislativa con mayor seguridad y certeza jurídica”.
Finalmente sugirió que, en otro orden de ideas, se tiene que analizar la estipulación incorporada al artículo 97 de la Ley electoral del estado, referente a que los consejeros del IEE no cuenten con las prestaciones que les corresponden excepto por la atención del servicio médico.
“Es un tema que debe analizarse a la luz de los derechos de los propios trabajadores como son quienes brindamos un servicio público” y considerando “que estos derechos están alineados a la independencia y a la economía de la que es dotado ese órgano para funcionar”, además de que “todos los ciudadanos tenemos derecho a contar con autoridades autónomas e independientes de los gobiernos para llevar a cabo la organización de la función electoral”.
