Sin un análisis financiero, ni datos precisos sobre la problemática de seguridad, mucho menos un verdadero combate a la contaminación y con intereses meramente recaudatorios, se creó el Instituto de Identificación Vehicular y Combate a la Contaminación del Estado de Baja California, que para el abogado fiscalista Jaime Dávila Galván, solo empeorará la problemática de autos irregulares en la entidad. Por su parte, Enrique Acosta Fregoso, representante legal de Anapromex, anunció que impugnarán inmediatamente una iniciativa ilegal que seguramente será derribada en los tribunales
El Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación del Estado de Baja California, no solo no es una solución al problema de los automóviles irregulares, sino que vendrá a empeorar la incertidumbre jurídica de los vehículos de procedencia extranjera, además de promover que las personas acudan a la ilegalidad para hacerse de estos beneficios.
Lo anterior fue expresado por el abogado fiscalista Jaime Dávila Galván, quien lo estableció de una forma muy sencilla, pues a su juicio, las personas con vehículos regulares que pagan entre 2 mil y hasta 8 mil pesos por sus unidades, optarán por darlos de baja e inscribirlos como irregulares, para así pagar solamente mil pesos. O bien, vender sus automóviles, comprar otros en California y llevarlos a registrar.
El miércoles 27 de febrero, el Congreso del Estado de mayoría morenista aprobó con 16 votos a favor y 3 en contra, la creación de dicho Instituto, cuyo objetivo será censar unidades de procedencia extranjera que circulan en Baja California y no la totalidad del parque vehicular, como se pretendió en su momento.
Enrique Acosta Fregoso
Además, se encargará de definir reglamentos y emitir sanciones contra los propietarios que no se registren.
En el Artículo 18 de la Ley que crea el instituto, se establece claramente que, pese a cumplir con dicha norma, el Poder Ejecutivo no garantiza su estancia legal y permite libremente el decomiso de las unidades por parte de autoridades federales.
Los legisladores que respaldaron lo que a juicio de abogados y empresarios es ilegal, fueron -de Morena- la diputada Monserrat Caballero, Juan Manuel Molina, Eva Gricelda Rodríguez, Miriam Cano Núñez, Rosina del Villar Casas, Víctor Navarro, María Luisa Villalobos, Ramón Vázquez Valadez, Julia González, Vítor Manuel Morán, Juan Meléndrez y Araceli Geraldo; del PT, Julio César Vázquez Castillo; del PVEM, Fausto Gallardo; de Movimiento Ciudadano, Elí Topete Robles; y la legisladora sin partido Trinidad Vaca Chacón.
En contra, las panistas Eva María Vázquez y Loreto Quintero; del PRD, Gerardo López; y con abstención, el diputado Rodrigo Aníbal Otáñez.
Según el documento, la iniciativa fue enviada desde el 30 de diciembre de 2019, lo que sugiere que intentaron incluirla en aquella fatídica sesión de fin de año en la que incluyeron una serie de impuestos sorpresivos con intereses meramente recaudatorios.
Para justificar el Instituto, el gobernador Jaime Bonilla Valdez presentó en su iniciativa una serie de datos no sustentados en nada, pues afirma que el 85% de los crímenes se cometen en vehículos irregulares, además de referir que Mexicali y Tijuana cuentan con altos índices de contaminación. Sin embargo, solo en esta parte se establece algo sobre estos temas, pues en la Ley no cuenta con elementos que lo sustenten y no se observan sanciones para las personas cuyos autos incumplan con las leyes ambientales.
Aunque el registro vehicular fue ligeramente suavizado en días pasados, a través de una adenda presentada por el Poder Ejecutivo, la realidad es que no hubo grandes cambios. Uno de los que más destaca es que se agregó la palabra “preferentemente” a la operación de los recursos que perciban por concepto del registro, lo que abre la posibilidad de que sean utilizados con otros fines ajenos a la operación del Instituto.
Por su parte, el Poder Legislativo definió algunos otros cambios como retirar los mil pesos de la Ley del Instituto, y definir el monto en la Ley de Ingresos, amén de establecer que la Secretaría de Hacienda dotará de forma gradual al personal y recursos para su operación.
Dip. Juan Manuel Molina – Ernesto Elorduy Bñackaller – Abogado Dávila
EMPRESARIOS Y ABOGADOS RECHAZAN BONILLAPROMEX
Para el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Mexicali, Ernesto Elorduy Blackaller, la reforma solo tiene un interés recaudatorio, e irónicamente, sugirió que buscará hacerle una especie de competencia desleal a las asociaciones como Anapromex u Onappafa.
Y es que prácticamente ofrecerá el mismo servicio: una placa y registro de la unidad que no ofrece regularización. Sin embargo, otorga una simulada personalidad jurídica a -estiman- un precio menor que el de las asociaciones que expiden láminas apócrifas.
Tanto el presidente de Coparmex, como el conocido abogado Jaime Dávila Galván, e incluso Enrique Acosta Fregoso, representante de Anapromex, coinciden en que este solo empeorará la situación de los autos irregulares, pues mientras se tengan fronteras abiertas y exista corrupción en las aduanas, seguirán cruzando automóviles irregulares a bajo costo, mismos que serán avalados por el gobierno bonillista.
Dávila Galván fue claro al referir que, si bien parece un tema de buenas intenciones, existe una violación al Código Fiscal Federal, si es que se pretende otorgar personalidad jurídica a los usuarios a través de este mecanismo. Esto, aunque en su Artículo 18 define claramente que no servirá como un procedimiento de regularización.
De igual manera, refirió que hay vehículos que ni el Gobierno Federal puede regularizar, como aquellos de procedencia europea, y avalarlos de esta manera representaría una violación aún más grave a la Ley aduanera y el propio Tratado de Libre Comercio.
El empresario Ernesto Elorduy aseguró que si la intención es atender un tema de seguridad y medio ambiente como política pública, lo ideal es que no se cobre para formar parte de este censo, pues la problemática social es muy grande y agregar un monto de mil pesos -o más- no incentivaría a la ciudadanía.
Ambos personajes refirieron que la única solución es un decreto por parte del Gobierno Federal, el cual debe ir acompañado de una minuciosa revisión del ingreso de automóviles extranjeros por las aduanas.
Dávila Galván recomendó al Ejecutivo estatal dejar su pugna con las asociaciones civiles y aprovechar sus padrones vehiculares para presentarlos ante el Gobierno Federal, y así definir cuántos automóviles regulares existen en BC, que según cifras proporcionadas por el delegado Alejandro Ruiz Uribe, rondan los 500 mil.
Con esos documentos puede acreditarse el tiempo que tienen los autos en territorio mexicano, y evitará una compra masiva de automóviles en Estados Unidos.
VAMOS A IMPUGNAR CUALQUIER ACCIÓN DEL GOBIERNO: ENRIQUE ACOSTA
El abogado de Anapromex anunció que apenas sea publicada la iniciativa en el Periódico Oficial del Estado, se presentarán recursos contra el denominado Bonillapromex y contra la inclusión de un artículo del Código Penal que pretende sancionar con tres a nueve años de prisión, a quienes expidan placas y engomados apócrifos.
El también excandidato del Partido Revolucionario Institucional a la gubernatura en la pasada elección, aseguró que esta sanción es ridícula y desproporcionada, pues un homicidio simple conlleva una penalidad mínima de ocho años, lo que quiere decir que otorgar placas es peor que terminar con una vida, acorde con el criterio del Poder Ejecutivo y los diputados.
Enrique Acosta Fregoso agregó que el Gobierno del Estado pretende el mismo esquema que estas asociaciones, pues tampoco tiene facultades para entregar engomados a vehículos irregulares en Baja California, por lo que incurriría en violaciones a su propia normatividad, y criticó las intenciones del secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, de reformas la Ley de Ingresos vigente, asegurando que es ilegal, pues los cobros deben definirse antes de su publicación.
Por su parte, Fidel Villanueva, representante de Anapromex, amagó en varias conferencias de prensa que echará para atrás cualquier censo vehicular, tal y como lo hizo con los anteriores gobiernos.
Ambos exhortaron a la ciudadanía a que no se inscriban en dicho padrón, pues con estos datos, el Servicio de Administración Tributaria podría acudir a su domicilio y decomisar la unidad, al tener pleno conocimiento de la ubicación de los autos irregulares en el Estado.
ESTAMOS TRATANDO DE ARREGLAR UN PROBLEMA QUE DEJARON LOS PASADOS GOBIERNOS: MOLINA
El diputado Juan Manuel Molina considera que no hay un interés recaudatorio, sino que se busca dar personalidad jurídica a personas que posean un automóvil irregular, pues la mayoría de los delitos se cometen en autos con tal condición.
Durante una entrevista realizada al término de la Comisión de Gobernación en el Congreso del Estado, Molina García expuso que no se le miente a la ciudadanía, pues la ley claramente dice que no se regularizará ningún vehículo, y aunque reconoció que es un esfuerzo insuficiente y que el Gobierno Federal es el único que puede resolver el tema de fondo, dentro de sus facultades se busca reducir el problema social que se genera.
Como ejemplo refirió a las personas que se involucren en un accidente y abandonan la unidad de procedencia extranjera, o bien, que le roben el auto a una persona y no pueda reclamarlo ni denunciar por no tener un documento que sustente su pertenencia.
Durante la sesión de pleno, el legislador morenista comentó que este problema fue heredado por los gobiernos de Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, los cuales incrementaron de manera sustancial el precio de las importaciones a través de decretos cuestionables.
Por su parte, el secretario general de Gobierno de Baja California, Amador Rodríguez Lozano, no pudo establecer cuánto costaría la operación del Instituto, pero adelantó, representaría poco personal. Sin embargo, la propia Ley indica que habrá un director, el cual se apoyará por jefes de área y coordinadores, lo que sugiere una nómina más abultada.
Bonilla busca legalizar el contrabando: Gina Cruz Blackledge
Gina Andrea Cruz Blackledge, senadora PAN
Desde la tribuna del Senado de la República, la legisladora Gina Cruz Blackledge denunció la intentona de Jaime Bonilla Valdez, de crear el Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación, cuya intención -asegura- es meramente recaudatoria, a través de la legalización del contrabando en Baja California.
Lo anterior ocurrió en la sesión celebrada en la Cámara alta de la máxima tribuna del país, donde la senadora panista criticó que el titular del Poder Ejecutivo bajacaliforniano pretende violar el Código Fiscal federal y la Ley Aduanera, haciéndose de atribuciones de la Federación, al ofrecer un esquema similar al de la “regularización” de vehículos de procedencia extranjera.
Cruz Blackledge, quien además es presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de América del Norte en el Senado, denunció que se utilizan pretextos como preservar la seguridad y el cuidado del medio ambiente para hacerse del dinero de los bajacalifornianos, a quienes se cobrarán mil pesos por automóvil, a cambio de ser incluidos en un padrón vehicular.
Sin embargo, no existe una garantía de que sus vehículos no serán decomisados o que podrán someterse a un proceso de regularización en un futuro próximo.
“El delegado Alejandro Ruiz Uribe dijo que era únicamente (facultad) del Gobierno Federal (la regularización de autos), por lo que nos pronunciamos por la legalidad y la certeza jurídica de los bajacalifornianos”, remató la senadora.
Posteriormente denunciaría que el mismo día se aprobó una adición al Código Penal de Baja California, con la que pretende sancionar a cualquier agrupación que duplique funciones o atente contra el servicio de control vehicular, es decir, el instituto recién creado. Esto es básicamente una sanción contra agrupaciones como Anapromex u Onappafa, que bajo la promesa de regularización, ofrecen láminas y se incluyen a un registro.
“El Senado de la República exhorta al gobernador del Estado de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, se abstenga de promulgar la Ley que crea el Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación del Estado de Baja California, así como la reforma y adición del Artículo 250 Quarter del Código Penal para el Estado de Baja California, toda vez que ambas son inconstitucionales”, sentenció Cruz Blackledge.
Un día antes, miércoles 27 de febrero, la diputada panista Eva María Vázquez, quien votó en contra de la creación del Instituto, declaró que el partido analiza la posibilidad de impugnar esta reforma, por lo que en próximos días podrían recurrir a la justicia federal.
Eduardo Villa Lugo
Cuestionado respecto a estas acciones, el delegado Alejandro Ruiz Uribe avaló la iniciativa, aunque reconoció que sí las unidades cruzan por las carreteras federales, serían decomisadas, pues está claro que su estancia en la entidad es irregular.
