El abogado empresarial Roberto Quijano estimó que 70 por ciento de las empresas de la industria manufacturera en Tijuana podrán operar pese a que el gobierno federal decretara en un futuro la contingencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, lo cual no ha hecho hasta este momento.
La declaratoria de emergencia anunciada ayer, 30 de marzo de 2020, y cuyo decreto fue publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación se trata de “una declaración de emergencia por causas de fuerza mayor”. Término distinto a la declaratoria de contingencia sanitaria. Por tanto, “en este momento las empresas no están obligadas a parar sus actividades”, afirmó el exregidor tijuanense.
En entrevista con ZETA explicó que, si el gobierno federal hubiera decretado contingencia sanitaria, se tendrían que parar todas las actividades y a los trabajadores se les pagaría un salario mínimo por 30 días.
“Bajo la óptica que el gobierno federal está proponiendo, de declaratoria de emergencia, de dejar de trabajar pero que el patrón te pague al cien, entonces le echa la bronca al empresario, y el empresario tiene que enfrentar esta situación. Técnicamente no tiene soporte, es ilegal”, señaló.
En opinión de Quijano “el gobierno federal está jugando un juego muy sencillo, que dice, durante un mes que el patrón pague salario integral; el segundo mes, cuando haya una declaratoria de contingencia de salud que lo pague el patrón, pero nada más al salario mínimo”, de modo que pagaría un mes de salario integro y otro de un salario mínimo.
Consideró que el gobierno federal está confundiendo a la población. “Marcelo Ebrard dice ´todo mundo en su casa 30 días, patrón págale y el que no se la va a ver con la ley, va a perder juicios y hasta cárcel´”, pero el gobierno federal no tiene ningún fundamento. Tan es así que el acuerdo que se publica sólo dice emergencia sanitaria.
Por otro lado, el abogado cuestionó ¿dónde está María Luisa Alcalde, secretaria del Trabajo? “El día que se pare la Secretaría del Trabajo y diga con fundamento en el artículo 427, fracción séptima, de la Ley del Trabajo se ordena la suspensión de actividades. Se instruye al patrón a pagar 30 días de salario mínimo toda vez que hay una declaración de emergencia sanitaria, ahí sí todos cooperando”.
En su opinión la confusión generada por la autoridad federal pudiera provocar malas interpretaciones tanto de la empresa como del trabajador, sobre todo. Lo único que hasta ahorita está ordenado y es justificable es mandar a su casa a aquellas personas mayores de 65 años, mujeres embarazadas, mujeres que estén lactando o empleados que tengan una enfermedad que pueda agravar el coronavirus. Situación que a decir del entrevistado la mayoría de las empresas y les está pagando su salario.
Debido a que el gobierno ha fijado como actividades esenciales la seguridad pública, de salud, y las que tienen que ver con alimentación, pero deja abierta las accesorias es que el fundador del despacho Cervantes-Quijano previó que entre 70 y 80 por ciento de la industria manufacturera en Tijuana debería permanecer abierta, porque son empresas que son proveedoras de algunas de esas tres actividades, abundó.
En suma, la recomendación para las empresas es que sigan trabajando de forma normal hasta que no haya una declaratoria de contingencia, indicó el abogado, quien también consideró que las empresas deben empezar una “gran acción de cabildeo para acreditar ante el gobierno federal que son actividades esenciales para el desarrollo de x o z actividad”.
“Que la industria maquiladora se ponga las pilas, que todas las agrupaciones empresariales se pongan las pilas y digan ´oye, yo no puedo cerrar porque es una actividad esencial, a lo mejor limitado, porque tengo que seguir trabajando´ porque si no el golpe económico va a ser increíblemente fuerte”, finalizó.
