Con 4 votos en contra y 5 a favor, magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos anularon la demanda en contra de Jesús Mesa, agente de la Patrulla Fronteriza estadounidense, quien en 2010 mató de un tiro en la cabeza al adolescente mexicano, Sergio Adrián Hernández Güereca.
El joven mexicano, de 15 años de edad, perdió la vida en junio de 2010 mientras se encontraba en Ciudad Juárez, Chihuahua, a consecuencia de los impactos de bala efectuados desde territorio estadounidense por un agente de la Patrulla Fronteriza del sector de El Paso, Texas.
En su resolución, los ministros de la Suprema Corte de EE.UU. indicaron que no se puede extender la protección constitucional y la aplicación de la legislación federal estadounidense sobre los reclamos en contra de acciones de agentes de Estados Unidos que tengan efectos en otros países.
“El caso tiene implicaciones de política exterior y seguridad nacional [estadounidense] y debe ser el Congreso federal el que debe decidir si proceden demandas como la de este incidente”, escribió el juez Samuel Alito, en nombre de los cinco magistrados que anularon el expediente.
“Estados Unidos y México deben buscar resolver los asuntos fronterizos por medio de los canales diplomáticos. Los agentes de la Patrulla Fronteriza tienen la responsabilidad de garantizar la integridad de la seguridad nacional e impedir el tráfico y cruce ilegal”, acotó Alito.
Jesús Hernández y María Guadalupe Güereca, padres del adolescente asesinado por el agente de la Patrulla Fronteriza, demandaron al Gobierno de Estados Unidos buscando una compensación monetaria, respaldados en la cuarta y quinta enmienda de la Constitución política estadounidense.
El cuarto artículo constitucional de EE.UU. prohíbe el uso injustificado del uso de la fuerza letal por parte de los agentes federales, mientras que el quinto garantiza el debido proceso de un caso con estas características, que fue a lo que aludieron en la demanda los padres de Hernández Güereca.
El caso llegó a la Suprema Corte de EE.UU. luego de que en abril de 2015, la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Distrito, con sede en Nueva Orleans, dictaminó que el agente federal tiene inmunidad calificada y no puede ser demandado por la familia del adolescente mexicano.
En nombre de los cuatro magistrados que respaldaban a la familia del niño mexicano asesinado, Ruth Bader Ginsburg rechazó el argumento de la mayoría de sus colegas de que un caso como éste tiene implicaciones sobre la seguridad nacional.
“El agente Mesa sostiene que usó la fuerza letal en territorio estadunidense, pero eso apenas hace sentido para entender el comportamiento de un agente rebelde que ha sido entrenado para actuar de ese modo”, sostuvo la magistrada Ginsburg.
La decisión de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos sentó un precedente para que no proceden demandas criminales y civiles presentadas por ciudadanos extranjeros, en caso del uso de la fuerza letal injustificada por parte de agentes federales de EE.UU.
El fallo de los cinco magistrados concuerda con la posición que el presidente Donald Trump adoptó cuando defendió a Mesa diciendo que los agentes de la Patrulla Fronteriza pueden hacer uso de sus armas en la frontera sur de Estados Unidos.
Por su parte, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Gobierno de México manifestó su preocupación por los efectos que tendrá esta decisión en casos similares, donde ciudadanos mexicanos han muerto por disparos de fuego efectuados por agentes estadounidenses hacia el lado mexicano.
“Con este precedente, dichos casos ahora podrían tener limitaciones para demandar justicia y una reparación del daño en los tribunales de ese país”, indicó la Cancillería mexicana en un comunicado de prensa.
Sin embargo, la SRE aseguró que continuará desplegando todas las acciones a su alcance para que los casos de las personas mexicanas afectadas por incidentes transfronterizos sean llevados hasta sus últimas consecuencias.
La Cancillería mexicana había dado seguimiento y acompañamiento al caso mediante la asistencia consular y jurídica a los familiares de Hernández Güereca. Además, había presentado tres escritos de ‘amicus curiae’ ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito estadounidense.
El Gobierno de México ha expresado en ocasiones anteriores su enérgica condena a situaciones en las que autoridades de procuración de justicia recurren al uso de la fuerza de manera desproporcionada, y en ocasiones extraterritorial, particularmente en la frontera común.
En 2014, los gobiernos de México y Estados Unidos crearon el Grupo de Alto Nivel para la Prevención de la Violencia Fronteriza, el cual ha sesionado en seis ocasiones y ha abordado temas como rendición de cuentas y transparencia, así como acciones preventivas.
EL ASESINATO DEL JOVEN MEXICANO
La familia argumenta que el joven conocido como “Keko”, no suponía ninguna amenaza para los agentes fronterizos estadounidenses, ya que iba desarmado y estaba jugando con unos amigos en el lecho seco del Río Bravo, que separa a El Paso, Texas, Estados Unidos; y Ciudad Juárez, Chihuahua, México; y sobre el que se alza el llamado “Puente Negro”.
El juego de los jóvenes consistía en correr hasta la valla metálica de EE.UU., tocarla y volver a toda velocidad hasta la parte mexicana. Pero cuando Hernández Güereca volvía a México, el agente Mesa “sacó su arma, apuntó y le disparó en la cabeza, justo al lado del ojo”, según narra la defensa de la familia del adolescente en documentos entregados al Tribunal Supremo.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Interior estadounidense, del que depende el Buró de Aduanas y Patrulla Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), alega que Hernández Güereca era parte de un grupo de traficantes de personas que trataba de cruzar de manera ilegal la frontera. Que rodeó y atacó con piedras al agente Mesa, quien supuestamente le disparó para defenderse.
Sin embargo, un video difundido poco después del suceso desmintió dicha versión, ya que mostró que Mesa no estaba rodeado y disparó contra Hernández Güereca en varias ocasiones, lo que ocasionó la muerte del joven mexicano.
Cifras de la organización no gubernamental Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU, por sus siglas en inglés), calculan que entre 2010 y 2016 un total de 53 inmigrantes murieron a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza estadounidense.
Otro caso similar fue el del agente fronterizo Lonnie Swartz, acusado con cargos de asesinato en segundo grado por la muerte en 2012 del joven mexicano José Antonio Elena Rodríguez, de 16 años años de edad, quien murió en Nogales, Sonora, México, de 10 impactos de bala en la espalda y cabeza por disparos realizados por el agente a través del muro fronterizo.
Durante un primer juicio en contra de Swartz, en abril de 2018, un jurado federal lo declaró no culpable del cargo de asesinato en segundo grado. Sin embargo, en noviembre de ese mismo año, otro jurado lo declaró no culpable del cargo de asesinato involuntario.
