La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) solicitó “la expedita intervención” del presidente Andrés Manuel López Obrador y del secretario de Hacienda federal, Arturo Herrera, para evitar que el pleno del Congreso de Baja California apruebe la ley que creará el Instituto de Identidad Vehicular.
Organismo que tendrá la facultad de registrar a los 800 mil autos “chocolate” que la actual administración estima que existen en la entidad, sin que ello implique su regularización.
“El ejecutivo debe advertir y en su caso sancionar a los funcionarios públicos de Baja California, ya que en caso de aprobarse la iniciativa serán acreedores a las sanciones del delito de contrabando y la aplicación de la Ley Federal de Delincuencia Organizada”, aseguró el organismo, dirigido por Guillermo Rosales Zárate.
En un comunicado, acusó que el gobierno de Jaime Bonilla Valdez pretende registrar vehículos ilegales mediante el pago de mil pesos a cambio de una calcamonía; lo cual otorgaría derechos al contrabando de automóviles, camiones, omnibuses, motocicletas y remolques.
Esto contraviene el marco jurídico federal, toda vez que conforme a la Constitución mexicana es facultad privativa de la Federación gravar y fiscalizar las mercancías que se importen o exporten, como lo son los vehículos usados de procedencia extranjera.
De modo que “implementar un Instituto como el planteado iría aún más allá de una pretendida regularización, ya que se persigue instituir un mecanismo paralelo que metódicamente será condescendiente con aquellos que violan la ley; sistematizando así un procedimiento que da luz verde y fomenta una constante situación de ilegalidad, plasmando con ello un mensaje de impunidad en el país”, afirmó la AMDA.
Por otro lado, apuntó que la iniciativa viola los principios constitucionales de igualdad y proporcionalidad en el pago de contribuciones y cumplimiento de obligaciones aduaneras.
El organismo del sector automotriz recordó que el 11 de agosto de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la SHCP y el Estado de Baja California, mediante el cual la entidad se obliga a verificar la legal estancia de los vehículos embargándolos en caso de no acreditarla, y negar el registro a las unidades irregulares.
De aprobarse la iniciativa estatal, cuya votación está prevista para mañana miércoles 26, y una vez que el gobierno de Baja California otorgue documentación o placas a los llamados autos “chocolate” será sancionada, “además de la responsabilidad federal en materia de contrabando, con un descuento de los incentivos o de las participaciones de la entidad”, advirtió la AMDA.
Agregó que en el sector automotor han visto con beneplácito la actual política de combate a la corrupción, de modo que juzgó “inconsistente apoyar cualquier acción que emane de un acto de ilegalidad, instaurándose así, la oficialización de un perverso incentivo a la impunidad”.
Pidió a los gobiernos federal y estatal que se “respete el Estado de Derecho de nuestro país, que sea observada la supremacía normativa existente”, así como el cumplimiento de los Acuerdos signados entre el Gobierno de Baja California y la Federación, para evitar que la entidad transgreda las facultades de la federación y principios constitucionales.
