La primera fiscal especializada en Combate a la Corrupción de Baja California, Olga Elizabeth Ojeda Mayoral, cedió a la presión y, tras 39 días en el cargo, presentó renuncia ante el Congreso del Estado. No cobró un solo peso y tuvo que despachar desde su oficina en Tijuana, al no contar con recursos para la operación de la Fiscalía. Ella y su secretario particular formaban parte de la “nómina” de uno de los ejes rectores más importantes del Sistema Estatal Anticorrupción
El gobernador Jaime Bonilla Valdez no solo quería un fiscal Anticorrupción “a modo”, sino que logró, con el apoyo del Congreso del Estado, convertir esa recién creada institución, en una figura decorativa, un membrete que no tuviera una sola facultad ni capacidad de operar en contra de posibles actos de corrupción que ya se han asomado en la primera administración morenista de Baja California.
Omisiones legislativas, falta de proyección y un desinterés absoluto para dotar de recursos una de las áreas más importantes de BC en materia de combate a la corrupción, son características del proceso de creación de un organismo que nació muerto.
Fotos: Cristian Torres.- Jaime Bonilla
La abogada Olga Elizabeth Ojeda Mayoral -cuyo principal desarrollo profesional se dio en el sector bancario- no soportó la precariedad de un ente raquítico y, en cuestión de 39 días, firmó su carta de renuncia dirigida al Congreso del Estado, entregada a través de su secretario particular.
El documento, dirigido al presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Víctor Morán Hernández, se compartió a los medios de comunicación el 28 de enero, lo que sugiere una gran urgencia en removerla del cargo, pues la hoja tenía fecha de un día después y no contaba con sellos de recibido por parte del Poder Legislativo. En otras palabras, ni siquiera se entregaba formalmente cuando ya era pública.
En el texto, la ex funcionaria estableció que su dimisión se debía a las complicaciones financieras a las que se enfrentaba, calificando de “agotadoras” las tareas de buscar personal capacitado para desempeñar las funciones, vislumbrando una imposibilidad para el funcionamiento de la Fiscalía Anticorrupción a corto plazo.
“Sin querer darle consejos a nadie, soy de la idea de que primero se debe crear la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción y después buscar al fiscal. No a la inversa”, escribió en su carta de renuncia.
El mismo día, el gobernador sostuvo una entrevista con Agencia Fronteriza de Noticias, en la que declaró que él habría sugerido la renuncia del cargo.
“Ahí lo que tenemos que hacer es darle el presupuesto a esa Fiscalía (Anticorrupción), pero por las razones que te comenté, dice que va a estar en una situación peligrosa, los enemigos son de verdad, acabo de hablar con ella (Ojeda) y me dijo que estaba preocupada por su seguridad, esta semana se le va a dar para que resuelva, no me sorprendería que presentara su renuncia”, comentó el mandatario; horas después se oficializó la salida.
Ojeda Mayoral no cobró un solo cheque ni gestionó recurso. Tampoco se le asignó oficina ni personal para trabajar, por lo que utilizó su propio despacho particular, establecido en Tijuana, para atender algunas diligencias. Lo único que pudo hacer fue reunirse con funcionarios de la Secretaría de Hacienda estatal, para establecer un monto aproximado con el que podría iniciar operaciones, pero este nunca llegó. Tampoco tuvo en sus manos un solo expediente para investigación.
Francisco Fiorentini entrega documento ante el congreso del estado
La ahora ex fiscal, es la segunda titular de un órgano encargado de investigar actos de corrupción que deja su cargo durante el bonillismo, pues el 15 de noviembre de 2019, Carlos Montejo renunció como titular de la Auditoría Superior, el cual ostentaba desde el 8 de julio y que actualmente cuenta con un encargado de despacho.
FISCALÍA SIN PIES NI CABEZA
La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción mostró problemas desde el principio. No contaba con herramientas jurídicas, edificios y personal. Los legisladores no se molestaron en etiquetarle recursos, por lo que quedaba totalmente a merced del Gobierno del Estado.
El primer proyecto que intentó aprobarse, se debatió en el pleno en mayo de 2019 por la XXII Legislatura, sugiriendo un ente que formara parte de la estructura de la Fiscalía General del Estado, pero con independencia en sus decisiones, sobre todo porque sería electo a través de convocatoria pública y por medio de una decisión soberana.
De hecho, había tal relación entre ambos entes que se estableció un Artículo transitorio para que en un plazo de 30 días después de aprobada la Fiscalía General, se hiciera lo propio con la especializada en Combate a la Corrupción.
La reforma no se concretó debido a un amparo interpuesto por la hoy ex diputada Victoria Bentley Duarte, y con el cambio de Legislatura se reiniciaron los trabajos. El nuevo parlamento morenista reformó todos los avances y, tras mezclar varias iniciativas, el 1 de noviembre de 2019 -horas antes de que Bonilla Valdez asumiera el cargo de gobernador- definió una Fiscalía General y dos fiscalías autónomas especializadas -corrupción y electoral-; sus titulares serían propuesta del mandatario y requerirían el aval de la mayoría calificada de los diputados, dejando fuera a la Comisión Especial, ente que formaba parte del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de carácter ciudadano, cuyo objetivo era evaluar el desempeño y capacidades de los aspirantes..
Congreso
Aunque las separó y volvió independientes, el Congreso les quitó personalidad jurídica a los dos entes especializados, por lo que no tendrían capacidad de emprender ninguna acción legal, y, en caso de hacerlo, sus procesos podrían ser fácilmente desechados por la justicia federal, según comentó el secretario técnico del SEA, Luis Irineo.
Tal “omisión legislativa” ha sido señalada en reiteradas ocasiones por el presidente del Comité de Participación Ciudadana del SEA, Francisco Fiorentini Cañedo, quien el jueves presentó una iniciativa ciudadana ante el Congreso, con la intención de dotar de personalidad jurídica y patrimonio propio a este ente y así iniciar las investigaciones.
Al respecto, el diputado Juan Manuel Molina comentó que todas las leyes son perfectibles, pero le gustaría conocer a detalle los motivos de la renuncia de la hoy ex fiscal Anticorrupción para saber qué ocurrió.
Molina García, uno de los principales responsables de hacer funcionar el nuevo aparato de procuración de justicia de la entidad, mantiene su idea de que las tres fiscalías deben ser entes independientes y con patrimonio propio, el cual debió desprenderse de la Fiscalía General del Estado, encabezada por Guillermo Ruiz Hernández.
La ley orgánica de la Fiscalía Anticorrupción establece en su Séptimo Transitorio que dentro de los próximos 60 días naturales desde la designación de su titular, la Secretaría de Hacienda, la Fiscalía General y Anticorrupción, llevarían a cabo una mesa técnica para establecer el personal y los inmuebles que serían cedidos de la Fiscalía General a la Anticorrupción.
El 11 de enero, durante las Jornadas por la Paz en Mexicali, el fiscal estatal Guillermo Ruiz Hernández declaró a ZETA que la dependencia a su cargo no otorgaría recurso ni bienes materiales o humanos al ente especializado, argumentando que ambos son autónomos.
Cuestionado sobre el transitorio arriba mencionado, aseveró que está asentado en la Ley orgánica de la Fiscalía Anticorrupción, no así en la que rige a la Fiscalía General, por lo tanto, no se veía obligado.
“La Fiscalía (General) no le va a dotar nada a la Anticorrupción, se creó de forma autónoma, tendrá que tener su propio recurso por parte de la Secretaría de Hacienda o el Congreso que lo autorice”.
— Entonces, aunque lo diga la Ley, ¿no lo harán?
“No, porque no está dentro de nuestra estructura”, respondió el funcionario estatal.
Contrario a ello, el diputado Juan Manuel Molina aseguró que la propia Fiscalía debió dotarle de parte de su patrimonio y personal, pues aunque no está en su Ley orgánica, sí se identifica el traspaso de funciones, a razón de que delitos como cohecho, corrupción, peculado, entre otros, ya no serían investigados por su dependencia.
SIN RECURSOS
Tanto el diputado Víctor Morán como Molina García, coinciden en que sí el tema es de recursos, Secretaría de Hacienda sería la responsable de facilitarlo y no el Congreso.
Durante el proceso de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado y los municipios, ningún diputado pudo establecer con certeza qué ocurriría con este recurso. De hecho, se definió que el presupuesto para Fiscalía General superaría los 2 mil 400 millones de pesos, pero había incertidumbre sí se otorgaría parte de este a la Anticorrupción, lo cual no ocurrió.
A un mes de iniciado el año, Morán Hernández dijo desconocer cuánto es el recurso que debía asignarse a la Fiscalía Anticorrupción, pues eran temas exclusivos de la Hacienda estatal.
La última información por parte del Estado, fue la declaración de Bonilla, reconociendo que hacen falta más recursos para el ente especializado, pero criticó a la funcionaria saliente, argumentando que solicitaba
Nos mandan a la guerra sin las herramientas necesarias: Odracir Espinoza
Los 28 fiscales especializados en Combate a la Corrupción ya designados en el país, se enfrentan prácticamente al mismo problema: no hay recursos necesarios para operar.
Así lo estableció el doctor Odracir Espinoza Valdez, presidente de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción y titular del área en Sonora, donde el sistema opera desde 2015.
Reconoció que existe falta de disposición por parte de los gobiernos para llevar a cabo este tipo de tareas, e incluso, aunque ya existan recursos para ello, con frecuencia son acosados y presionados por diversos medios. Desde retenerles recursos, amenazas o advertencias, hasta irrupciones en sus viviendas particulares.
“No es privativo de ella, la gran mayoría de los fiscales han tenido que iniciar una institución desde cero; yo llevo cuatro años, hay mucha insistencia, a veces se complica que puedan ser rápidas. También hay presión social, empiezas a salir y trabajar con mínimos indispensables”, señaló el fiscal, quien agregó, en todos los estados enfrentan dos problemas: la falta de recursos y de autonomía.
En las convenciones nacionales ya celebradas, han definido algunos lineamientos y proyecciones para iniciar con los trabajos, al grado de establecer un mínimo de recursos para el óptimo funcionamiento, el cual ronda en el 10% del presupuesto de la Fiscalía General.
En el caso de Baja California, el presupuesto ronda los 2 mil 500 millones de pesos, por lo que la Fiscalía Anticorrupción requeriría 250 millones. Sin embargo, se han topado con mucha resistencia por parte de las autoridades, y de los 140 millones que requerían para operar de manera óptima en Sonora, solo se les otorgaron 59.
Espinoza Valdez comentó que les sorprendió la decisión de la fiscal de Baja California, pues duró poco más de un mes en el cargo y no alcanzaron a tener una reunión con ella.
Pretendían proponerle nuevos mecanismos de financiamiento, como los fondos de USAID, vinculación con asociaciones civiles para capacitación y con el sector empresarial para apoyo económico, entre otras cuestiones con las que resarcirían la falta de recurso.
El fiscal de Sonora aseveró que en promedio requieren un trabajo de ocho meses para tener la capacidad de investigar los casos. Sin embargo, dependen directamente de la Fiscalía General.
Sobre las amenazas, expuso que en algunas entidades sí han tenido complicaciones, toda vez que no solo se investiga a la administración pública, sino que a veces existen nexos con el narcotráfico.
“A veces la corrupción no solo es de la administración pública, sino con la seguridad pública. Cuando persigues corrupción, temas complicados con relación directa con el narcotráfico, las amenazas no son privativas en Sonora, Tamaulipas, Morelos; mucho se han abierto investigaciones”, amplió.
Para finalizar, Espinoza Valdez dijo que la tendencia de las fiscalías a nivel nacional es la de la autonomía. Puso como ejemplo Campeche, donde hay importantes avances en el tema. De hecho, trabajan con el Senado de la República para que esto se determine a nivel nacional y posteriormente baje a las entidades federativas.
medidas de seguridad que finalmente no se le otorgaron.
En una entrevista realizada por este Semanario al abogado constitucionalista Daniel Solorio Ramírez, publicada el 27 de diciembre de 2019, criticó severamente las reformas constitucionales que dieron vida a estos tres entes autónomos, al considerar que no están separados ni unidos jurídicamente hablando.
Al estudiar la Ley, estableció que el Artículo 21 de la Constitución Federal faculta exclusivamente al Ministerio Público a emprender una batalla legal, y esto recae en el poder exclusivo de la Fiscalía General, donde además precisa que sus facultades son indivisibles.
A su juicio, esta incertidumbre puede generar amparos ante la justicia federal, los cuales muy probablemente serán exhibidos por los jueces, sin importar que la Constitución local establezca a las fiscalías especializadas como ministerios públicos. Por ello, considera que dicho ente debería encargarse exclusivamente de investigaciones de carácter administrativo.
