“Cuando la arbitrariedad y la ilegalidad se atreven a levantar la cabeza con insolencia e impudicia, es siempre un signo seguro de que los llamados a defender la ley no han cumplido con su deber”. -Rudolf Von Jhering
Fue por el fracaso del sistema inquisitorial que, hace poco más de una década, se llevó a cabo una cirugía mayor al sistema de justicia penal mexicano. Se hizo a contracorriente porque los gobernantes de entonces no querían perderse la amplísima libertad que les entregaba meter tras las rejas a quien, por razones políticas, les diera la gana; o bien, porque había que resolver un brutal homicidio, un robo ampliamente difundido y había que encontrar responsables a como diera lugar.
También es necesario mencionar que se resistieron los abogados más poderosos del régimen arbitrario, quienes, con sus influencias, solían gestionar una exclusiva mina de oro: lo mismo meter a la cárcel a personas ajenas al delito que sacar de la cárcel al más recóndito homicida o defraudador.
La reforma del 2008 tuvo como complemento otra que en nuestro país se realizó en el año 2011, para incluir en nuestra legislación un gran catalogo en materia de derechos humanos, derivado de los múltiples tratados que ha celebrado nuestro país y que han sido reconocidos y ratificados por el Congreso Federal.
Fue también por esta otra reforma que los derechos humanos pasaron a ocupar un lugar central dentro de los sistemas de procuración y administración de justicia.
Los hay quienes todavía hoy en día vociferan contra estas dos grandes transformaciones, que dicen que la impunidad en el país ha crecido desde entonces. En concreto, responsabilizan al sistema acusatorio de las fallas de la justicia y aseguran que es obra suya el que muchos criminales sigan recorriendo libremente las calles, cometiendo más delitos.
Olvidan los reaccionarios que antes del 2008 solo era resuelto uno de cada 100 delitos y que el descredito del sistema de justicia penal era tan brutal, que el 90 por ciento de todos los delitos no solían ser denunciados. La evidencia es contundente para decir que el sistema previo -el inquisitorial o tradicional- era nefasto y que por ello la sociedad mexicana procedió a enterrarlo. Son cínicos y no tienen vergüenza los que quieren resucitarlo; ellos tampoco gozan -para nada- de una buena reputación.
Se quejan con alevosía sobre la inmadurez del sistema acusatorio penal. Es cierto que, como los árboles gigantes, las instituciones nacientes tardan en ofrecer sus frutos. A un nogal, por ejemplo, le toma 20 años alcanzar el momento en que pueda entregar nueces. (Alguna vez se quejó el gran libertador de América, Simón Bolívar, de que los pueblos se hubieran demorado tanto en sembrarlos).
Algunos estados, como Chihuahua, fueron los pioneros en caminar hacia el nuevo sistema de justicia penal, exhibiendo en el presente buenos resultados respecto al abatimiento de los indicadores de impunidad, y también en el cumplimiento con los derechos procesales.
Pero llevó tiempo para que se produjeran buenos resultados, sobre todo porque muchos de los antiguos operadores tuvieron que pasar al desempleo (ministerios públicos, policías, abogados litigantes, jueces, secretarios de acuerdos, etc.), mientras que una nueva generación de profesionales se fue haciendo cargo del relevo.
El sistema vigente requiere de habilidades que tardarán en echar raíz entre los operadores del sistema penal acusatorio, por lo que todavía pueden registrarse fallas importantes; no obstante, el problema no proviene de las nuevas normas o de las instituciones novedosas, sino de un paulatino desarrollo de capacidades humanas que no podrían adquirirse a una velocidad distinta.
Don Rodolfo Félix Cárdenas, que tiene memoria legal y fue Procurador de Justicia en el gobierno de Marcelo Ebrad en la Ciudad de México, circuló un documento de 35 páginas donde desnuda la maniobra de Gertz Manero, al enmarcar su contrarreforma en el contexto donde la violencia y la inseguridad que abaten al país, podría generar apoyo popular a la mano durísima y arbitraria que propone. En ello ve “la destrucción de los derechos más elementales de todo justiciable”.
Y agregó: “No se trata de anteproyectos de reforma legal para el beneficio de los ciudadanos, para la sociedad mexicana, sino para que sufran. Para que, con la mayor facilidad, el ciudadano y el extranjero en México pierdan su libertad, su patrimonio, su proyecto de vida, su familia”.
Benigno Licea González es Doctor en Derecho Constitucional y Derecho Penal. Fue presidente del Colegio de Abogados “Emilio Rabasa”, A. C. Correo: liceagb@yahoo.com.mx
