El 14 de febrero, en el municipio de Tijuana se llevará a cabo la celebración de los matrimonios colectivos sin discriminación. Con esta medida, las personas servidoras públicas del Registro Civil estarán cumpliendo con su suprema obligación de respetar los derechos humanos; en este caso, principalmente a la igualdad.
Aunado a la existencia de este principio de tratar a las personas sin distinción, exclusión o restricción que tenga por si menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos, concurre un precepto mayor: que no admite suspensión, en ningún caso, el mandato de no discriminación.
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El derecho internacional de los derechos humanos reconoce a la no discriminación como un derecho de ius cogens; asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece como una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional que no admite acuerdo en contrario, y que solo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter. Por lo tanto, la no discriminación es una obligación exigible a los Estados, por todos los Estados y entre particulares.
Si bien es cierto, la igualdad no se constituye como un derecho de las personas a que no realicen ningún tipo de distinción en cuanto a la aplicación de la ley, las normas siempre establecen tratos diferentes; lo importante es percibir qué distinciones están permitidas y cuáles están protegidas bajo este mandato de no discriminación.
Cuando las distinciones o tratos tienen como objetivo o consecuencia vulnerar los derechos humanos, se constituyen como actos de discriminación. No toda diferenciación de trato constituirá una discriminación, si los criterios para tal diferenciación son razonables y objetivos y lo que se persigue es lograr un propósito legítimo, como la equidad y la justicia.
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Existen dos visiones sobre la igualdad: una relacionada como no discriminación y otra como no sometimiento. La no discriminación centra su atención en la identificación del trato que reciben ciertos grupos sociales. El no sometimiento ve a la igualdad como un problema de naturaleza estructural y, por tanto, social; importa la forma en la que opera la economía, la política y las identidades para asignar poder de forma asimétrica o desigual a sectores poblacionales y no solo a grupos sociales históricamente en desventaja.
La Relatoría de la OEA sobre los Derechos de las Personas LGBTI+, estableció que las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex han estado históricamente sometidas a discriminación por su orientación sexual, identidad y expresión de género y diversidad corporal; y continúan siendo sujetas a discriminación, violencia, persecución, y otros abusos, en clara vulneración a sus derechos humanos.
Esa Relatoría tiene su antecedente en noviembre de 2011, en el marco del período 143 de sesiones, momento en el que se creó una unidad especializada en esta materia en el seno de su Secretaría Ejecutiva, la cual se hizo completamente operativa desde el 15 de febrero de 2014.
La Relatoría sobre los Derechos de las Personas LGBTI+ entró en funciones el 1 de febrero de 2014, ocupándose de temas de orientación sexual, identidad y expresión de género y diversidad corporal en la región. México es parte de este sistema regional de derechos humanos y no debe eludir sus responsabilidades al respecto. Las personas de la población LGBTI+ no han de tener menos derechos reconocidos ni han de gozar de menos derechos, en tanto estos son universales y son inherentes a las personas.
Sin embargo, en nuestra entidad aún no se avanza en la armonización de las leyes para cumplir con los estándares de derechos humanos; afortunadamente, cada vez más personas en el servicio público entienden de la materia y se disponen a cumplir de sus obligaciones constitucionales de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos sin discriminación.
Bien por el Registro Civil de Tijuana, que el próximo 14 de febrero pondrá un buen ejemplo a otras ciudades.
Que viva el amor, la justicia y la igualdad.
Melba Adriana Olvera fue presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California.
Correo: melbaadriana@hotmail.com
