Ni gobierno, ni la sociedad, ni los medios de comunicación entienden lo que representa una agresión a los integrantes del gremio periodístico.
La noche del domingo 16 de febrero, el reportero Israel García Gurrola, de 38 años de edad, e integrante del equipo informativo del portal Radiopatrulla de Mexicali, fue víctima de un ataque físico perpetrado por desconocidos que participaron en una carrera clandestina, en la provocaron un accidente vehicular que dejó el saldo de ocho personas lesionadas.
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García Gurrola transmitía en vivo el trabajo de paramédicos y policías que atendían a las víctimas en la estación de Bomberos de la colonia Progreso, al Poniente de la ciudad, a donde fueron trasladados los heridos por los mismos conductores furtivos.
Entonces, una de las mujeres presentes se molestó y le exigió que se retirara, pero decidió permanecer en el lugar cumpliendo su deber de informar. Sin embargo, luego de advertencias, decidió alejarse y refugiarse en su vehículo, para seguir trasmitiendo.
Lo que no pudo captar la cámara del fotoperiodista, fue el momento en que cinco individuos rodearon su automóvil, abrieron la puerta trasera, lo obligaron a salir y posteriormente le propinaron una golpiza, dejándole una fractura en las costillas y daños en piezas dentales.
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Pese a que había policías y una gran cantidad de personas, todos decidieron dejar que golpearan a Israel. La autoridad decidió ser doblemente omisa porque en la Policía Municipal ni siquiera hicieron un parte informativo sobre el hecho.
Foto: Cristian Torres/Rocío López Gorosave, Subsecretaria de Derechos Humanos
Así la Policía de Investigación de la Fiscalía General del estado, tuvo que intervenir y documentar, no sin antes reclamar a sus compañeros preventivos la omisión cometida. Misma que fue minimizada por el subcomandante de los uniformados municipales, Manuel Manríquez y el propio comandante José Fernando Funes
El expediente iniciado en la fiscalía, consigna la omisión y su gravedad pero la investigación apenas inicia. Sin embargo no hubo mayores reacciones. En el gobierno de municipal encabezado por Marina del Pilar Ávila nadie se disculpó, y menos se comprometieron a establecer condiciones para castigar o evitar estas omisiones.
Impedir la labor periodística no es sólo negar el ejercicio profesional, sino quitarle a la sociedad el derecho de conocer, de informarse de lo que ocurre en su entorno, para tomar decisiones.
En los últimos 2 años, la Red de Periodistas de Mexicali documentó 27 ataques a la prensa en la capital bajacaliforniana, de los cuales sólo cinco se han registrado este año. Tal parece que las conductas hostiles hacia los representantes de los medios de comunicación, del Presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador, Jaime Bonilla Valdez, repercute en el actuar de otros actores políticos afines, y en una última instancia, permea a los ciudadanos.
Hace apenas una semana criticamos en este espacio, el mal actuar de la Presidenta del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP), Lucia Ariana Miranda, por sus desplantes contra la prensa crítica, y días atrás, dos reporteras de Mexicali eran víctimas de campañas de desprestigio por parte de una agrupación civil y de la empresa AB Alimentos, que se ofendieron por publicaciones que exhibían sus malas prácticas.
Por eso, la exigencia reiterada es de justicia, pero sobre todo de respeto y seguridad para el trabajo serio del gremio periodístico.
