Grupos delictivos ligados al narcomenudeo operan también el negocio de las tragamonedas. En Mexicali, integrantes del área de inteligencia gubernamental confiaron a ZETA que identificaron varias células dedicadas a este ilícito, una de ellas perteneciente a Felipe Eduardo Barajas Lozano “El Omega”, objetivo prioritario de las Mesas de Seguridad y uno de los principales operadores del Cártel de Sinaloa, que abarca gran parte del Valle de Mexicali
El gobierno de Jaime Bonilla Valdez ha focalizado como uno de sus principales objetivos en materia de seguridad, acabar con la operación de las máquinas tragamonedas en Baja California, negocio al que señalan como uno de los causales de la delincuencia infantil y juvenil, elevando su posesión, transporte y uso, a un acto de corrupción de menores.
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En Baja California, según datos proporcionados por el fiscal central Hiram Sánchez Zamora, operan alrededor de 7 mil máquinas tragamonedas, de las cuales entre mil 500 y 2 mil están en la Capital y su valle; la gran mayoría no cuenta con permisos municipales y su adquisición es extremadamente sencilla, pues basta con solicitarlas por internet o por medio de integrantes de células delictivas, los cuales ofrecen cierta cantidad de dinero a los propietarios de tiendas de abarrotes para que las resguarden.
El negocio es sumamente redituable, pues según el vicefiscal regional Pedro Ariel Mendívil, se obtienen alrededor de 3 mil pesos diarios de cada unidad instalada a lo largo del Estado, cuya proliferación fue permitida por pasadas administraciones que no atacaron el tema con la seriedad que merece.
La estrategia jurídica contra los maquineros y el aseguramiento de inmuebles, data desde el 20 de noviembre de 2019, cuando en el Periódico Oficial del Estado se publicó una serie de reformas al Artículo 261 del Código Penal estatal, adicionando varios puntos que especifican la producción, uso, traslado y posesión de máquinas tragamonedas como un acto de corrupción de menores.
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Hasta 3 mil pesos diarios
Entre los puntos a destacar en la reforma se encuentra:
“Se impondrá prisión de 3 a 6 años y de doscientos a quinientos días de multa a quién produzca, acondicione, manufacture, trafique, comercie, suministre máquinas tipo tragamonedas y similares habilitadas para realizar apuestas en lugares públicos y/o clandestinos, sin las autorizaciones correspondientes”.
Asimismo, “… habrá lugar al decomiso de los bienes producto de las conductas antes descritas que procuren, faciliten o induzcan a la corrupción de menores”.
Bajo estos argumentos, la Fiscalía General del Estado ha asegurado inmuebles, y en algunos casos, se han generado nuevos delitos por la ruptura de los sellos.
La hipótesis de Bonilla Valdez y de los fiscales, es que menores de edad tienen acceso a estas máquinas, y es precisamente en estos puntos donde se les ofrece la primera cerveza, el primer cigarro o el contacto con la droga; también han detectado robos domiciliarios cometidos por menores con adicciones, y presumen que su primer contacto fue precisamente con las máquinas de apuestas.
El vicefiscal regional incluso comentó que detectaron a narcomenudistas que se benefician con estas máquinas.
“Sí hay una vinculación (con narcomenudistas), quizá es la caja chica de los grupos delincuenciales; las cantidades son millonarias, las que se perciben de manera diaria, mensual”, señaló el funcionario.
ZETA logró confirmar, por medio de diversas fuentes allegadas al combate a la inseguridad, que Felipe Eduardo Barajas Lozano, conocido como “El Omega”, uno de los principales operadores del Cártel de Sinaloa en Mexicali, es propietario de numerosa cantidad de “maquinitas”.
LA OPERACIÓN DE LOS “MINICASINOS”
Son alrededor de 2 mil “maquinitas” instaladas en diversos puntos de la ciudad. La Fiscalía General del Estado ha detectado que su operación era visible y que nadie los molestaba, pese a las ganancias que genera y el daño a la salud pública que ocasiona respecto a las adicciones, sobre todo en los infantes.
Esta premisa sostuvo el fiscal general Guillermo Ruiz Hernández, quien en entrevista dio a conocer que dichas máquinas son trasladadas a Baja California desarmadas desde el continente asiático, o bien, son adquiridas en el interior de la República -Jalisco, uno de los puntos más identificados- y se trasladan hasta esta entidad.
Su adquisición es sencilla. De hecho, a través de páginas de internet como mercadolibre.com o directamente en redes sociales, pueden comprarse a partir de mil 300 pesos.
Una vez aquí, los “maquineros” convencen a las tiendas de abarrotes a que -por una módica cantidad- les permitan tener estos juegos de azar en sus negocios, adquiriendo así un recurso extra por el simple hecho de resguardar las tragamonedas. Cada día o cada semana, dependiendo de la ubicación y concurrencia, sujetos acuden al local y retiran el dinero.
Según el vicefiscal Mendívil, para retirar el dinero de todas estas máquinas, es necesaria la intervención de gran cantidad de personas. Aunque reconoció que desde que asumieron la responsabilidad, han obtenido importantes resultados como el decomiso -en una primera etapa- de 96 máquinas. Posteriormente se logró el retiro de 114 unidades, además de asegurar 16 inmuebles y realizar 19 cateos en diversos puntos de la ciudad.
Mendívil García aseveró que actualmente existe una unidad especializada para investigar a los “maquineros”, lo que ha permitido realizar diligencias importantes y “reventar” almacenes habilitados como casinos clandestinos, los cuales llegan a resguardar hasta doce o trece unidades de azar, sin permiso de operación y que otorgan premios de hasta 5 mil pesos cada una.
Coincidentemente, las zonas con mayor incidencia en robo domiciliario y otras modalidades, son precisamente donde más máquinas tienen identificadas, y ejemplificó el Valle de Mexicali, la colonia Baja California, Pueblo Nuevo y algunas comunidades del Oriente de la ciudad, con altos índices delictivos.
Fotos: Cortesía.- Manuel Andrés Roa Gutiérrez – Felipe Eduardo Barajas Lozano, el Omega – Hector Gilberto Carrasco Santana “El Chamuko”.
Precisamente la noche del martes 18 de febrero, elementos de la Policía Investigadora “reventaron” unos abarrotes llamados Orozco en la colonia El Refugio, una pequeña demarcación ubicada en los alrededores de Santa Isabel, al Poniente de la ciudad, de las de mayor incidencia delictiva en la Capital del Estado.
Ahí se logró incautar tres máquinas y se clausuró el inmueble, el cual podría ser decomisado por la Fiscalía General del Estado a través de un juicio, debido a las nuevas reformas en materia penal que facilitan la extensión de dominio, cuya aprobación se realizó -según el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano- hace aproximadamente dos meses.
Por su parte, Mendívil García pidió a la ciudadanía que ya no se preste a recibir estas máquinas, pues corren el riesgo de perder su patrimonio por obtener un poco más de dinero. La facultad de solicitar el decomiso de la propiedad es de la Fiscalía y se lleva a cabo a través de un juicio de carácter civil.
LOS OPERADORES
Evidentemente, un negocio de esta magnitud deja grandes dividendos a sus propietarios. Fuentes de inteligencia de la Mesa de Seguridad identifican a varios individuos detrás de ese negocio.
Según fuentes consultadas, Felipe Eduardo Barajas Lozano “El Omega”, lugarteniente del Cártel de Sinaloa, tiene entre 200 y 250 máquinas distribuidas en el Valle de Mexicali; esas no se tocan, pues se sabe a quién pertenecen. Aunque su actividad principal es el resguardo de la plaza y el narcomenudeo, bajo el respaldo de un lugarteniente apodado “El Ruso”, del que poco se sabe, pues tiende a ser sigiloso en sus operaciones, “El Omega” habría ampliado sus operaciones a otro tipo de ilícitos.
Marcas de la mafia
Barajas Lozano comenzó a destacar en 2017, al sostener una rencilla armada contra otros integrantes del Cártel de Sinaloa por el control de la ciudad, sobre todo contra Vicente Martínez González “El Guilo”, quien habría huido del Estado para refugiarse -acorde con algunas fuentes- en Sonora o Aguascalientes, a raíz del asesinato de un elemento del agente municipal Ignacio Villagómez Robles en Ciudad Morelos.
El autor material de ese crimen era Jorge Eduardo Pérez Jiménez “El Charal”, uno de sus operadores, abatido por policías municipales de San Luis Río Colorado, Sonora en diciembre de 2019. A esta reyerta se le adjudican gran cantidad de asesinatos en el Valle de Mexicali, sobre todo en la Zona Norte.
Fuera de las máquinas adjudicadas a “El Omega”, el resto -según la misma fuente- solían tener un acuerdo con policías de la Fiscalía General de la República que tenían exclusiva facultad para incautarlas. Sin embargo, a raíz de la intervención del Gobierno del Estado se han obtenido datos del combate a este negocio ilícito.
Fuentes ministeriales identifican claramente a algunos personajes como Héctor Gilberto Carrasco Santana “El Chamuko”, quien ya ha sido detenido por otros delitos y al que se adjudica la propiedad de varias máquinas, precisamente en la Zona Poniente de la ciudad; su signo característico es un personaje caricaturesco que hace honor a su mote.
Fuentes de inteligencia le relacionan con otro operador de nombre Manuel Andrés Roa Gutiérrez, el cual se considera el principal propietario de estas máquinas de azar. Sin embargo, es poca la información, pues no cuenta con antecedentes ni mandamientos judiciales hasta el momento.
Los organigramas todavía no están perfectamente definidos, pero entre los negocios ilícitos también figura el nombre de un empleado de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, de nombre Juan Ismael Fregoso Villalobos, quien fue detenido por la Policía Ministerial del Estado y liberado posteriormente, debido a una mala integración en la investigación en su contra por parte del Grupo de Robos.
Según la Fiscalía General del Estado, cuenta con antecedentes como allanamiento de morada, robo a transeúnte y portación de placas robadas. A este individuo se le relaciona también en el negocio de las máquinas, desde que fue videograbado en una tortillería de la Zona Poniente de la ciudad en 2018.
ZETA publicó el video donde se observa claramente la imagen del sujeto que en ese momento -junto con otros dos individuos- se hizo pasar por agente ministerial y se agenció una máquina establecida dentro del comercio. El hecho motivó a las autoridades ministeriales a ponerlo bajo arresto, pero fue liberado al poco tiempo.
Otro de los operadores identificado por el Grupo Coordinación, es Julio Ernesto Prado Camacho, al que se le adjudican algunas máquinas en Ciudad Guadalupe Victoria y unas tantas -escasas- en el Oriente de la ciudad., al igual que un individuo del que solo se sabe, lleva por nombre Luis Reyes.
