El programa insignia del gobernador Jaime Bonilla Valdez tuvo sus primeros problemas. En una escuela popular en la Zona Poniente de Mexicali, padres de familia y directivos denunciaron la entrega tardía y productos caducos. La administración morenista de BC acusa a los docentes de pertenecer al PAN y de vender alimentos en planteles educativos
Hasta la novena etapa -que culminó el 17 de enero de 2020-, el Gobierno del Estado de Baja California otorgaba desayunos escolares en 889 planteles, según los últimos datos proporcionados por la Secretaría de Educación y Bienestar Social a través de una solicitud de Transparencia. De estos, el 98% aceptó recibirlos sin mayor inconveniente, o por lo menos eso expresó Jaime Bonilla Valdez en su último evento público realizado en Mexicali.
Los desayunos escolares son el proyecto insignia del gobernador morenista, pues fueron prácticamente su primera acción materializada apenas el 4 de noviembre -tres días después de asumido el cargo-, cuando envió la primera brigada en 77 escuelas del Estado. De hecho, ya existe una iniciativa en el Congreso, emprendida por el propio mandatario, para elevar a rango constitucional la obligación de otorgar estos desayunos, para que así permanezca el proyecto pese al paso de las administraciones.
Desde el inicio de febrero, padres de familia y docentes de algunas escuelas comenzaron a denunciar en redes sociales la calidad del servicio contratado. En algunos casos se observaba una presentación poco atractiva, mientras que en otros llegaron a localizarse piedras en la comida. Esto provocó una denuncia pública por parte de la diputada panista Eva María Vázquez, exhibiendo algunos de los problemas que evidenciaban dichos alimentos.
Sin embargo, el 12 de febrero, directivos y padres de familia de la Escuela Primaria “Rafael Ángel Suárez” en el fraccionamiento Los Jazmines, una zona periférica a la mancha urbana, de alta criminalidad y cuyas condiciones económicas son desfavorecidas, denunciaron que la empresa AB Alimentos Nutraséuticos Funcionales, SA de CV, uno de los dos entes encargados de proveer los desayunos para las escuelas de educación básica, entregaba productos de apariencia cuestionable, además de registrar retrasos en la distribución, e incluso, en una ocasión les proporcionaron leche caduca.
La respuesta de AB Alimentos fue llevar a medios de comunicación a los planteles, para que se constatara la calidad de los productos. Evidentemente, la proveedora trazó los planteles a visitar.
MAESTROS VENDÍAN DESAYUNOS A NIÑOS: BONILLA
La respuesta de Jaime Bonilla Valdez vendría el miércoles 19 de febrero, cuestionado por los medios de comunicación al término del evento conmemorativo por el 107 Aniversario del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana.
Ahí reconoció fallas, pero solo en el 2% de todos los planteles educativos atendidos por el programa y -curiosamente-, aseguró se trata de los mismos donde no querían los desayunos escolares.
“Hubo ocho escuelas que dijeron que no querían los desayunos porque ellos ya los tenían, pero los tenían porque se los vendían a los niños. Dijimos, bueno, que eso lo decidan los padres de familia, y los padres de familia decidieron porque fueron los desayunos que los estamos previendo”, dijo el mandatario estatal, quien advirtió a los maestros que deben atender la exigencia de los progenitores.
Respecto a los procesos de licitación que definieron a las empresas favorecidas, indicó que todo se realizó de manera transparente, pero que el proceso de selección se hizo antes de que asumiera la gubernatura, donde se revisaron todas las propuestas, definiéndose por dos empresas llamadas AB Alimentos Nutraséuticos Funcionales, SA de CV y MOBA Alimentos, SA de CV, con sede en Hermosillo, Sonora y Guadalajara, Jalisco, respectivamente.
Contrario a lo expresado por el gobernador, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Baja California, establece que toda licitación pública regional o nacional tendrá que pasar por lo menos doce días contados desde la fecha de la publicación de la convocatoria pública, según expresa el Artículo 29, la cual no fue publicada ni localizada en ningún medio digital del portal del Poder Ejecutivo. Tampoco en algún ejemplar del Periódico Oficial del Estado desde el 16 de septiembre al 4 de noviembre de 2019, cuando comenzó a brindarse el servicio.
La empresa AB Alimentos se inscribió el 16 de octubre de 2019 en el padrón de proveedores, mientras que MOBA Alimentos hizo lo propio el 12 de agosto del mismo año. Es decir, ambas se inscribieron después del proceso electoral, pero antes de la toma de protesta. Sin embargo, durante este periodo no se llevó a cabo ningún proceso de licitación para desayunos escolares, o algún programa llamado Alimentando para Aprender.
Las únicas excepciones para no efectuar una licitación pública -según el Artículo 38 de la misma Ley- es cuando el contrato solo pueda celebrarse con una persona por tratarse de patentes, obras de arte o derechos exclusivos; peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región, como consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales; o bien, existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, por urgencia para atender eventualidades y el tiempo ser un factor importante para ello.
También contempla que se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al proveedor que hubiere resultado ganador en la licitación; que se declaren desiertas dos licitaciones por un mismo servicio; o exista razón justificada para la adquisición o arrendamiento de bienes de marca determinada y que se trate de un tema de seguridad estatal
Otras excepciones son: que se trate de adquisiciones ofertadas en condiciones favorables por liquidación o disolución; bajo intervención judicial; servicios profesionales prestados por una persona física que no requiera apoyo de un especialista; o si se trata de servicios de mantenimiento de bienes en los que no sea posible precisar su alcance,
La Ley también contempla aceptar bienes o prestación de servicios a título de dación en pago, también de adquisiciones de bienes perecederos, granos y productos alimenticios básicos o semi-procesados, semovientes y bienes usados, cuando se trate de adquisiciones de armamento necesario en temas de seguridad pública.
Cualquier otro elemento tendría que ser sometido al proceso de licitación pública o de invitación, a su vez, justificado por argumentos “económicos de eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, además de asegurar las mejores condiciones de pago”, como consta en el Artículo 37.
Según el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, AB Alimentos pertenece a un empresario llamado Mario Abeyta Ruiz, quien apoyó fuertemente a la actual alcaldesa morenista Célida Teresa López Cárdenas y posible candidata a la gubernatura por el mismo partido.
La empresa también tiene como representante legal a Elsia María Ruiz Durón, cercana al hoy director de Servicios Públicos de Hermosillo, Norberto Barraza Almazán, al grado que lo apoyó en una contienda como candidato independiente a la alcaldía de la misma ciudad. Esto consta en un documento del Instituto Estatal Electoral de Sonora.
Referente a MOBA Alimentos, solo se pudo constatar que su propietario es Alexander Baumann Peniche, descendiente de una conocida familia de Jalisco, que comparte el negocio con su esposa Mónica Castro San Vicente y con otro conocido empresario del ramo alimenticio de aquella entidad, de nombre José Guillermo Gómez Molina.
