El Ayuntamiento de Tijuana detectó a la empresa por una denuncia ciudadana, en la cual les aseguraron que la maquiladora se manejaba en la clandestinidad y mantenía a sus empleados en condiciones deplorables. La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta para investigar si los empleados fueron víctimas de algún delito
La noche del sábado 1 de febrero de este año, personal de Inspección y Verificación de las delegaciones La Presa Abelardo L. Rodríguez y Cerro Colorado, acudió al inmueble marcado con el #19 de la calle Bonampak, de la colonia Planicie en Tijuana, con la consigna de clausurar una maquiladora textil denominada como Bodega 5, que les fue reportada por operar clandestinamente.
Al llegar, encontraron dos pisos repletos de máquinas de coser y retazos de telas, mientras que en el tercer nivel había al menos 12 habitaciones pequeñas y dos áreas de servicio -cocina y baño- para las 52 personas que usaban ese espacio para vivir. En ese momento se identificó la presencia de mujeres, hombres y menores de edad, que presuntamente también eran empleados de la empresa.
El titular de la dirección de Inspección y Verificación, Adolfo García, comentó a Semanario ZETA que en el lugar una mujer identificada como la empleadora -de nombre Miriam y origen asiático- trató de sobornar a los inspectores para que no procedieran con la clausura de su negocio, debido a que no contaba con ningún permiso para operar.
“El jefe de Inspección y Verificación de la delegación de La Presa (Abelardo L. Rodríguez), Alberto Reynoso, recibió una queja ciudadana en días anteriores sobre las condiciones deplorables en las que operaba la maquiladora, dedicada a la producción de ropa, y por esto fue que se montó el operativo el sábado”, comentó el funcionario.
Las personas que trabajaban y vivían en este sitio les refirieron a las autoridades tener poco tiempo en la ciudad; por esto, la empleadora les permitía permanecer ahí después del horario laboral, sin costo alguno.
En cada habitación hallaron entre cinco y seis colchones sobre el piso, así como pertenencias personales apiladas contra la pared; en algunos cuartos había un “tendido” que atravesaba el área con ropa o toallas de baño secándose.
Al saber que las personas no contaban con otro sitio para resguardarse, las autoridades optaron por no clausurar el tercer piso, permitiendo que continuaran viviendo ahí en lo que avanza la investigación. Sin embargo, al miércoles 5 de febrero el edificio ya se encontraba desalojado.
FGE abre carpeta de investigación
Ante la sospecha de que se estaba cometiendo el delito de explotación laboral en Bodega 5, la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación, aunque solo les fue posible entrevistar a seis de las presuntas víctimas el 4 de febrero. Al día siguiente que regresaron para continuar con la colecta de testimonios, el edificio se encontraba deshabitado.
“Las víctimas se mostraron muy molestas por la clausura del lugar. Negaron ser víctimas de algún delito y aseguraron percibir un salario entre dos mil y tres mil pesos por semana; la molestia era porque les cerraron su fuente de trabajo”, compartió Adriana Lizárraga, Fiscal de Delitos contra las Mujeres por razón de Género.
En las primeras averiguaciones solamente se han corroborado faltas administrativas; sin embargo, la Fiscalía continuará con la investigación ante la sospecha de que la posible propietaria tenga otros negocios con características similares.
En las pocas entrevistas que logró la Fiscalía, se identificó que la mayoría de los afectados provenían del interior de la República, de estados como Tlaxcala y Puebla, y tenían de dos a cuatro semanas de haber llegado a esta ciudad para trabajar. Se descartó que se les tuviera privado de la libertad, debido a que podían entrar y salir del inmueble cuando quisieran.
Este Semanario recabó los testimonios de algunos vecinos, que por cuestiones de seguridad prefirieron omitir sus nombres, mismos que refieren que la empresa se instaló en ese domicilio hace poco más de 15 años; era sabido que no operaba legalmente, pero desconocían hasta el día de su clausura que los empleados vivían en el lugar. También compartieron que las jornadas comenzaban desde las cinco de la mañana y concluían hasta pasadas las 11 de la noche.
Empresa carecía de razón social
Otra de las autoridades que acudió al lugar para hacer una inspección el pasado 4 de febrero, fue el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado, Sergio Moctezuma Martínez, quien afirmó a ZETA que acudió con la intención de corroborar que se cumpliera con las prestaciones de ley a los trabajadores; pero esto no les fue posible porque el lugar se encontraba cerrado y la empleadora no estaba.
“Solo pudimos hablar con dos personas, un hombre y una mujer, pero desde las ventanas de la parte superior pudimos detectar a otras seis que no accedieron a bajar para platicar con nosotros”, comentó Moctezuma Martínez.
Las dos personas entrevistadas manifestaron que les pagaban un salario cada semana, aunque no supieron precisar si contaban con seguro social. Al respecto de otras prestaciones, como el pago de aguinaldo y utilidades, argumentaron que tenían pocas semanas laborando en el lugar.
Al requerir Moctezuma Martínez la presencia de la empleadora, los entrevistados le manifestaron que no se encontraba en el lugar, pues había acudido al Ayuntamiento a tratar de regularizar sus permisos. Por su parte, la dirección de Inspección y Verificación sostuvo -hasta el cierre de esta edición- que ningún representante de la empresa se había presentado, aunque aún contaban con algunos días hábiles para hacerlo.
