Bajo la misma lógica de sus antecesores, Jaime Bonilla Valdez avanza en el refinanciamiento de la deuda de Baja California a cambio de tener mayor recurso disponible para su administración. El viernes 28 de febrero se dio el fallo con la que los bajacalifornianos tendrán que pagar más de 25 mil mdp por 20 años, además en sus primeros meses de gestión contrajo deuda a corto plazo por 3 mmdp para “cubrir insuficiencia de liquidez de carácter temporal”
Banamex, HSBC, Banorte, Banobras y Banco del Bajío fueron las cinco instituciones financieras ganadoras de la licitación No. BC-SH-RR-001-2020, con la que la administración de Jaime Bonilla Valdez refinanció la deuda de largo plazo del estado. Misma que sumada a los gastos y costos asociados a la celebración de las operaciones de refinanciamiento asciende a 12 mil 594 millones 900 mil 240.33 pesos.
En cuanto a la adjudicación de ofertas de Garantía de Pago Oportuno (GPO), la Secretaría de Hacienda señaló que “debido a que ninguna de las ofertas de crédito ganadoras requiere GPO no se realizó evaluación alguna sobre la oferta calificada” de Banobras; única propuesta recibida por mil 875 millones 780 mil 175.57 pesos.
Propuestas ganadoras de la licitación
De acuerdo con el acta del fallo, del 28 de febrero de 2020, el resultado de la licitación se dio luego de haber analizado 17 propuestas de 8 bancos por un monto total de 28.8 mil millones de pesos, tomando en cuenta su tasa efectiva con y sin GPO.
Según el documento, se seleccionó a aquellas con menor tasa efectiva. Posteriormente, se validó que las ofertas de crédito tuvieran una menor tasa efectiva que los créditos a refinanciar.
“El saldo proyectado de los créditos a refinanciar al 29 de febrero de 2020, incluyendo los montos necesarios para la constitución de los Fondos de Reserva, así como los gastos y costos asociados a la celebración de las operaciones de refinanciamiento asciende a 12 mil 594 millones 900 mil 240.33 pesos”.
Este monto junto con los intereses correspondientes tendrá que ser pagado por los bajacalifornianos por 20 años. Lapso que sería mayor al que tenían los créditos de largo plazo, cuya vigencia en promedio era de 14 años, según la estimación de algunos especialistas.
Por otro lado, el fallo indica que, derivado del incumplimiento de la entrega de la totalidad de documentos previstos en la base de la licitación se desecharon las propuestas de BBVA, por un monto total de 3 mil 105 millones 200 mil pesos; Multiva, por 500 millones; y Santander, por 2 mil 500 millones de pesos.
Si bien la actual administración ha argumentado que es necesario hacer el refinanciamiento ante la falta de flujo de efectivo que dejó el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid, los morenistas han sido poco transparentes y ambiguos respecto al destino que dará al recurso que se liberará a corto plazo.
En opinión del economista Enrique Rovirosa, el refinanciamiento es un “engaño”, ya que además de una reestructuración de los empréstitos existentes, se planea un endeudamiento adicional.
Se estima que en total, los bajacalifornianos pagarán 25 mil 34.22 millones de pesos durante 20 años, monto que incluye el saldo al 30 de septiembre de 2019, de 23 créditos (12 mil 320 millones 395 mil 242 pesos) y los intereses (20 mil 984.29 millones de pesos).
A la par, existe duda respecto a si la actual administración logrará reducir drásticamente su gasto e incrementar sus ingresos. Esto último ante la ola de amparos presentados contra el alza y la creación de nuevos gravámenes, con lo que las finanzas no se sanearían como ha propuesto el discurso oficial.
Por otro lado, el gobierno de Jaime Bonilla Valdez contrató a un despacho para hacer el refinanciamiento, al que pagará por lo menos 100 millones de pesos.
Para Rovirosa, la contratación de cualquier despacho para esos fines implica “un gasto innecesario” y “una de las prácticas de corrupción que se traen desde administraciones pasadas”; toda vez que es obligación del secretario de Hacienda y los tesoreros hacer el proceso. Más aún cuando una de las instituciones financieras es la banca de desarrollo (Banobras) que opera el Gobierno Federal.
SE RECIBEN 17 OFERTAS POR MÁS DE 28 MIL MDP
De acuerdo con información extraoficial, en la presentación y apertura de ofertas (previa al fallo de la licitación de hoy viernes 28 de febrero) se recibieron 17 ofertas de distintos bancos por un monto total de 28 mil 310 millones 401 mil 170.46 pesos.
Banobras presentó cuatro propuestas por 12 mil 505 millones 201 mil 170 pesos, en total, con sobretasas de 0.44, 0.49, 0.65 y 0.75% sin Garantía de Pago Oportuno (GPO).
HSBC presentó tres propuestas por mil 200 millones de pesos como monto total, con sobretasas que oscilan entre 0.40 y 0.60%.
Las instituciones financieras que presentaron dos propuestas cada fueron: BBVA por 3 mil 105 millones 200 mil pesos, con sobretasas de 0.45 y 0.50% con GPO; y sobretasas de 0.57 y 0.62% por ciento sin esta.
CitiBanamex lo hizo por 2 mil 400 millones de pesos, con sobretasas de 0.27 y 0.29% sin GPO. Banorte, con 4 mil millones de pesos, y sobretasas de 0.43 y 0.50%. Así como Santander (2 mil 500 millones de pesos), con una sobretasa de 0.55% sin GPO, y de 0.45 y 0.58% con GPO.
En tanto, una propuesta fue presentada por Multiva por 500 millones de pesos, con una sobretasa de 0.95% con GPO. Banco del Bajío presentó una propuesta por mil 500 millones de pesos y una tasa de 0.495%.
Previo a la reunión celebrada el miércoles 26 de febrero, Norma Angélica Alcalá Pescador, subsecretaria de Finanzas del Estado, declaró a ZETA que la expectativa era refinanciar 22 créditos con un monto total de 11 mil 880 millones de pesos, a una tasa de 0.60% que permitiría afectar el 41% de las participaciones federales, en lugar del 46.38% que actualmente están comprometidas.
La GPO es un mecanismo financiero que el gobierno podría contratar para tener acceso a tasas de interés más bajas propuestas por los bancos para el refinanciamiento, sin embargo, también podría extender el pago de la deuda a 25 años.
La única propuesta recibida para GPO fue la de Banobras, por mil 875 millones 780 mil 175.57 pesos.
REESTRUCTURA DARÁ MAYOR FLUJO A CORTO PLAZO, PERO AUMENTARÁ COSTO FINANCIERO
A decir de la funcionaria, el refinanciamiento permitirá liberar 970 millones de pesos durante el primer año del refinanciamiento, de los cuales 220 millones de pesos al año se irán a “temas de operatividad del Estado”.
Mientras que 750 millones que se liberarán de los créditos cupón bono cero que el gobierno tiene contratados con Banobras, se usarían para pagar las participaciones federales que la administración de Francisco Vega de Lamadrid recibió y no entregó a los ayuntamientos.
Al reestructurar los créditos cupón cero, el Estado tendría que pagar el capital y los intereses, lo que implicaría un costo mayor por servicio de deuda en este rubro, ya que el Estado solo venía pagando capital.
Perspectiva que confirmó Kurt Honold Morales, empresario y representante del Comité de Refinanciamiento del Estado, sin embargo (y contrario a la postura que tuvo cuando Vega pretendía reestructurar los créditos cupón cero) justificó:
“Ahorita lo que está buscando el gobierno es cómo podemos refinanciar lo que tenemos para tener un flujo adicional. Me refiero a pagar menos para tener más dinero para poder cumplir con todo lo que tiene, cuando menos a pagarle a los proveedores, porque esos 12 mil millones es lo que se debe a los bancos, pero tienes casi 20 mil que se deben a empleados, y proveedores”.
— ¿Qué garantía hay de que el gobierno destinará el recurso que liberará por el refinanciamiento a inversión productiva y no a programas sociales?, planteó ZETA al ex alcalde sustituto de Tijuana.
“La única garantía es creerle a nuestros gobernantes que elegimos. Anuncian programas sociales, pero no los hacen porque no hay dinero. Por eso es tan importante sacar esto rápido, que la gente pague los impuestos y haya flujo de recursos”.
Respecto a los créditos bono cupón cero, la subsecretaria de Finanzas del Estado, Norma Angélica Alcalá Pescador, afirmó que se está trabajando con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con Banobras. Esta última institución hará modificaciones a nivel nacional, y Baja California sería la primera entidad en acceder a las nuevas reglas.
Por su parte, el economista Enrique Rovirosa opinó que se está buscando el refinanciamiento para que el gobernador Bonilla pague menos durante su gestión por la deuda y le quede más recurso libre, sin embargo, le deja el problema a las generaciones futuras. “En México los gobernantes no piensan en el futuro, sino en su gestión, que en este caso estamos hablando de dos años”, agregó el consultado.
GOBIERNO PAGARÁ MÁS DE 114 MDP POR CONSULTORÍA
La administración de Jaime Bonilla Valdez pagaría más de 114 millones 333 mil 267 pesos a Marco Moreno Mexia, por la asesoría financiera y legal que el contador público brinda en el refinanciamiento de la deuda estatal.
La subsecretaria de Finanzas del Estado expuso que se pactó pagar “0.8% de lo que se llegue a refinanciar”, lo cual incluye “un concepto para pago de calificadoras, el pago de notario y los honorarios del despacho”.
No obstante, el contrato al que ZETA tuvo acceso evidencia que además del 0.8% “del monto nominal de las operaciones de crédito”, el gobierno de Bonilla Valdez también pagará a Moreno Mexia el 0.8% “de las operaciones que permitan allegarse de recursos inmediatos al Ejecutivo estatal y/o a los organismos paraestatales”.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Adicionalmente, el Estado erogará el pago correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) tasado en 16%, pese a que el contador público radica en la Capital bajacaliforniana, sujeta al decreto de estímulos fiscales en los que el IVA es de 8%.
Igualmente, se desconoce por qué el gobierno firmó el 26 de diciembre de 2019 el contrato con Moreno Mexia como persona física, cuando este es socio de la empresa Servicios Financieros Patrimoniales, SA de CV junto con Edmundo Lugo Domínguez, según el Registro Público y el Comercio de la Secretaría de Economía federal.
Contrario a las declaraciones de Norma Angélica Alcalá Pescador, en ninguno de los 23 puntos de la cláusula primera del contrato -en la cual se establecen las acciones que llevará a cabo Moreno Mexia- se especifica que deba pagar a las agencias calificadoras o a un notario público.
De hecho, en las preguntas del Segundo Taller de Aclaraciones sobre el refinanciamiento, celebrado el 5 de febrero, Grupo Banorte cuestionó: “Por normatividad interna los contratos de crédito se deben ratificar ante fedatario público, ¿podrían confirmar si el Estado podría absorber el costo de dicha ratificación?”, a lo que Hacienda estatal contestó: “No, este costo deberá ser cubierto por la institución financiera que así lo requiera”.
Por otro lado, el contrato de adjudicación directa entre Gobierno del Estado y Marco Moreno Mexia también establece que el pago de honorarios se
Refinanciamiento de deuda de Mexicali superará los 965 mdp
Al cierre de esta edición, el Cabildo de Mexicali seguía sin celebrar la sesión en la cual la administración de Marina del Pilar Ávila Olmedo pretende aprobar el refinanciamiento de la deuda municipal por 965 millones 042 mil 323 pesos.
Al presentar el plan ante regidores el 26 de febrero, el tesorero Víctor Daniel Amador Barragán señaló que actualmente la deuda municipal tiene un plazo remante de 11.8 años, que aumentaría a 20 años con el refinanciamiento.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Mexicali, presidido por Rodrigo Llantada Ávila, reconoció que la reestructura financiera incidirá en un mayor pago de intereses en el futuro, a la par de resaltar la necesidad de que la administración morenista disminuya su elevado costo operativo. En un comunicado, condicionó su apoyo a la medida financiera siempre y cuando el gobierno reduzca la nómina y resuelva la generación de jubilaciones y pago al Issstecali.
Asimismo, el 22 de febrero se dio a conocer que el XXIII Ayuntamiento de Tijuana, encabezado por Arturo González Cruz, refinanció el 75% de su deuda con Banorte y Bancomer, por un monto total de mil 750 millones de pesos a pagar en 20 años, en lugar de 17. Julieta Aragón Domínguez
efectuará en la fecha de la firma de los documentos que “soporten la operación financiera o aquellas que permitan allegarse de recursos inmediatos al gobierno central”, una vez que se reciba la respectiva factura.
Cuestionada sobre por qué se contrató un despacho para el refinanciamiento y no se hizo con técnicos de la dependencia, Alcalá Pescador manifestó: “Es una situación técnica que ocupamos tener apoyo de gente que sea experta en el mercado financiero, hay situaciones de temas muy técnicos, además de que tuvimos que preparar el paquete económico para el 10 de diciembre, además del acta de entrega-recepción”.
Cabe destacar que Moreno Mexia también es el “despacho contratado” para hacer la propuesta de refinanciamiento de dos créditos del gobierno municipal de Mexicali que encabeza Marina del Pilar Ávila, según declaraciones de Antonio López Merino, presidente del Partido Acción Nacional en ese municipio.
El líder blanquiazul recordó que Moreno fue tesorero municipal de la Capital bajacaliforniana durante la administración panista de Jaime Díaz Ochoa.
“Quien está detrás del refinanciamiento se llevará 10 millones de pesos por comprometer el futuro de Mexicali”, denunció López Merino en conferencia de prensa celebrada el 25 de febrero.
GOBIERNO DE BC CONTRATA DEUDA POR 3 MMDP
Aunado al proceso de refinanciamiento de la deuda de largo plazo y siguiendo la estrategia de su antecesor, la administración de Jaime Bonilla Valdez adquirió deuda de corto plazo por 3 mil millones de pesos durante los primeros dos meses de gestión.
De acuerdo con el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el primer empréstito se contrató el 15 de noviembre de 2019 con Banco Mercantil del Norte, SA (Banorte) por mil 050 millones de pesos, a una tasa efectiva de 8.18%.
Cuatro días después, la Secretaría de Hacienda estatal -encabezada por Adalberto González Higuera- contrató un crédito con HSBC por 950 millones de pesos, a una tasa efectiva de 7.94%.
El 2 de diciembre, el gobierno estatal adquirió otro préstamo con Banorte por 950 millones de pesos, a una tasa efectiva de 8.2%. El día 10 del mismo mes, contrató un empréstito con Bansefi por 50 millones de pesos, con una tasa efectiva de 9.23%.
En los cuatro empréstitos, cuya vigencia es de un año, la autoridad estatal señaló que el
recurso se destinaría a “cubrir insuficiencia de liquidez de carácter temporal”.
ZETA solicitó una entrevista con el secretario de Hacienda del Estado para conocer en qué se usó el recurso de estos préstamos, sin embargo, al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta del funcionario.
