Emilio Ricardo Lozoya Austin, exdirector general de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex), fue detenido la mañana de este martes 12 de febrero en Málaga, según lo informó la Policía Nacional de España. Esta información fue confirmada por la Fiscalía General de la República (FGR) en su cuenta de la red social Twitter.
El ex funcionario federal cuenta con órdenes de aprehensión en su contra por presunta delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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🚩Detenido en las inmediaciones de una urbanización de #Málaga un exdirector general de una petrolera mexicana, gracias a la excelente relación entre la Fiscalía Mexicana y la Policía Nacional. Había urdido junto a algunos familiares un sistema para defraudar dinero público. pic.twitter.com/9HhFK3ogyf
— Policía Nacional (@policia) February 12, 2020
“Efectivamente después de un largo peregrinar con la orden de aprehensión y con Interpol y en este caso de la policía española; logramos la detención”, dijo el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula.
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Por su parte, en entrevista por separado para ese mismo espacio radiofónico, el abogado Javier Coello Trejo, dijo que la noticia de esta detención fue “como balde de agua fría”, pero se buscará reparar la defensa en España.
“Agotaremos todas las pruebas en el juicio de extradición. Me cayó como balde de agua fría. Ni modo, así es esto. Tenemos las pruebas, desahogaremos las pruebas que la justicia mexicana no nos permitió desahogar. Tendré que hablar con él y me tendré que ir a España”, detalló el litigante.
El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, confirmó en exclusiva para El Heraldo de México la detención de Emilio Lozoya Austin, ex director general de Pemex, en Málaga, España.
“En el caso de Lozoya, [su detención] si se complicó más por sus vínculos con sus familiares en Alemania y la nacionalidad de su esposa, hizo que la investigación se complicara mucho”, abundó Gertz Manero en otra entrevista, otorgada al Heraldo Radio.
En agosto de 2017, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) envió un citatorio al ex director general de Pemex para comparecer por presuntamente haber recibido los 10 millones de dólares de parte de la constructora brasileña Odebrecht.
Previo al citatorio de la PGR, el diario brasileño O’Globo reveló que Odebrecht habría pagado 10 millones de dólares a Lozoya Austin a cambio de ganar una licitación de 115 millones de dólares, para el proyecto de remodelación de la refinería Miguel Hidalgo, en Tula, Hidalgo.
El 21 de agosto del 2019, el diario estadounidense The Wall Street Journal, basado en una fuente con conocimiento del caso, informó que Lozoya Austin también recibió unos 2.8 millones de dólares en sobornos relacionados con la compra de Pemex en 2015 de Grupo Fertinal, “una compañía de fertilizantes en problemas”.
El pasado 26 de julio, Javier Coello Trejo, abogado del ex funcionario federal, avisó que su cliente revelará quiénes son los verdaderos responsables del saqueo de la empresa paraestatal. Lozoya Austin dará a conocer nombres y pruebas, además de detalles de la transacción para la adquisición de la planta Agro Nitrogenados, la cual se compró a sobreprecio.
El 30 de julio del 2019, Lozoya Austin renunció a la suspensión definitiva que lo protegía de la segunda orden de aprehensión girada en su contra, por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, por lo que ahora ya no goza de ninguna medida cautelar que pueda evitar su captura.
Según lo informó el diario Reforma -basado en fuentes del Poder Judicial de la Federación (PJF)-, el funcionario federal presentó ante Erik Zabalgoitia Novales, juez Décimo Cuarto de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, el desistimiento de la medida protectora a su favor.
Siempre según el mismo rotativo, días antes Lozoya Austin envió un escrito al juez federal para informarle del desistimiento, y el 29 de julio, su apoderado legal Javier Esquinca, del despacho de Javier Coello Trejo, compareció al juzgado para ratificarlo.
Ahora la FGR ya no tiene ningún impedimento para capturar al ex funcionario federal y llevarlo ante un juez para que comparezca en una audiencia de imputación, y posible vinculación a proceso.
El mes pasado también se retiró la suspensión definitiva que le habían concedido a Lozoya Austin contra la primera orden de aprehensión que le libraron por lavado de dinero. En dicho caso fue retirada por Luz María Ortega Tlapa, juez Octavo de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México.
Las órdenes de captura contra el ex director de Pemex fueron giradas el 25 de mayo y el 4 de julio del 2019, respectivamente, por jueces del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte.
En la primera se le acusa de recibir recursos de procedencia ilícita para adquirir en 38 millones de pesos su casa en la colonia Lomas de Bezares, alcaldía de Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.
En la segunda, al ex director general de Pemex se le imputa recibir recursos de la constructora brasileña Odebrecht y d Altos Hornos de México (AHMSA), así como la compra que hizo su esposa Marielle Helen Eckes de una casa en Ixtapa, Guerrero, por 1.9 millones de dólares.
Apenas el pasado 5 de febrero, la Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó la validez de la inhabilitación por diez años que el Gobierno Federal impuso en mayo de 2019 a Lozoya Austin.
La inhabilitación se impuso al ex funcionario federal porque presuntamente proporcionó información falsa en su declaración de situación patrimonial, al haber omitido, en más de una ocasión, una cuenta bancaria que registraba saldos de cientos de miles de pesos.
La sanción a Lozoya Austin fue ratificada en sesión pública de la Sala Superior del TFJA, por ocho votos a favor, dos abstenciones y cero en contra, de los magistrados, quienes determinaron que la inhabilitación se mantiene en firme en tanto no haya una resolución en contrario.
La SFP indicó que en virtud de la relevancia del caso, el juicio al ex director general de Pemex, fue atraído por la Sala Superior del TFJA desde la Tercera Sala Regional Metropolitana, donde fue presentado originalmente.
“Para la secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, la determinación es un signo positivo […] La confirmación de esta sanción es histórica, al ser la primera ocasión que la Función Pública inhabilita a un ex titular de la empresa productiva del Estado, lo que es una muestra de la imparcialidad, rigor y apego a la ley con el que esta dependencia realiza su trabajo para garantizar un gobierno honesto y efectivo”, indicó la SFP.
“Esta sanción se suma a las acciones de combate a la corrupción y a la impunidad que en los más altos niveles ha desplegado la Secretaría de la Función Pública, a cargo de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, entre las que se encuentran la inhabilitación a una ex secretaria de Estado, la destitución del directivo de una filial de Pemex y multas resarcitorias por más de 7 mil 700 millones de pesos”, abundó la SFP.
“Una de las inhabilitaciones, por 10 años, es resultado de un cuidadoso procedimiento de responsabilidades administrativas en donde, entre otras cosas, se detectó que se proporcionó información falsa en la declaración de situación patrimonial”, refirió la SFP en un comunicado que emitió el pasado 22 de mayo de 2019.
Sin embargo, los abogados defensores de Lozoya Austin, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia, aún puede recurrir al juicio de amparo para combatir la decisión del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Según la defensa del ex director general de Pemex, la omisión en la que presuntamente incurrió el ahora ex funcionario federal, fue en no haber asentado en su declaración patrimonial que era beneficiario de una cuenta bancaria abierta por su madre, Gilda Margarita Austin Solís, la cual registró, entre 2010 y 2015, saldos de 619 mil a 1 millón 32 mil pesos.
Por su parte, el pasado 30 de enero se conoció que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), investiga un desvío de 83 millones de pesos que involucra Emilio Ricardo Lozoya Austin, exdirector general de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex).
Así lo dio a conocer Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, ante senadores de los grupos parlamentarios de los partidos Morena, del Trabajo (PT), Encuentro Social (PES), y Verde Ecologista Mexicano (PVEM).
“Hemos generado casos, casos nuevos, y este tiene que ver con Pemex, en la administración del señor Lozoya. Es un caso de 83 millones donde se utiliza nuevamente una universidad y esa universidad contrata empresas fachada”, detalló el funcionario federal.
“Lo que encontramos durante la administración anterior fue la generación de empresas fachada. Esas empresa fachada eran constituidas, se convertían en elementos absolutamente contrarios al interés del empresariado mexicano, en razón de que competían ilícitamente contra los empresarios, porque ganaban los contratos”, indicó el titular de la UIF.
“Y estas empresas, tres o cuatro veces después de haber ganado millones de pesos en contratos, desaparecían […] De ahí se sacaba el dinero en efectivo y por trasladadores de valores era llevado a distintos lugares de la República, e inclusive fuera de las fronteras nacionales”, abundó Nieto Castillo.
Antes, el 3 de noviembre, Gilda Margarita Austin y Solís –madre del ex director de Pemex-, fue vinculada a proceso por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero. Asimismo, el juez determinó que permanezca en arraigo domiciliario durante el proceso judicial.
Además se determinó retirarle el pasaporte, y la mujer permanecerá vigilada todo el tiempo, dentro y fuera de su casa. Durante la audiencia también se solicitó que la madre de Lozoya Austin portara un brazalete electrónico, pero finalmente esa medida no fue aprobada por el juez.
Sobre el plazo del juicio, el juez determinó que serán seis meses para que se lleve a cabo la investigación complementaria. Dicho plazo fue solicitado por la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que las indagatorias concluirán el 3 de mayo de 2020.
Austin y Solís llegó el sábado 2 de noviembre a la Ciudad de México, procedente de Munich, Alemania, luego de aceptar ser extraditada para enfrentar el proceso en su contra por presuntamente haber cometido delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
En la audiencia celebrada dicho día en el Reclusorio Norte, la FGR exhibió pruebas como la apertura de una cuenta bancaria en 2009, en la que la madre del ex funcionario habría recibido depósitos de recursos ligados a presuntos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
La madre del ex funcionario federal fue detenida el pasado 24 de julio, por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), en la isla de Juist -conocida como la “Isla Maravillosa”-, en Alemania, requerida por la FGR mexicana, por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
Un día después, el 25 de julio, el juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, frenó la captura de Austin y Solís, contra quien hay una orden de aprehensión librada en su contra por el juez de control Jesús Eduardo Vázquez Rea, al considerar que los supuestos ilícitos en los que incurrió la madre del ex director de Pemex que no son graves y no ameritan prisión preventiva oficiosa.
Luego de que la FGR entregó la copia del mandato judicial al juzgado para conocimiento de Austin y Solís, su representante legal Javier Esquinca, del despacho de Javier Coello Trejo, promovió el pasado martes 17 de septiembre la ampliación del amparo de la mujer de 71 años de edad.
En la causa penal por la que Austin y Solís estaba presa en Alemania y sujeta a un proceso de extradición, también se ordenaron las aprehensiones del ex director de Pemex, su hermana Gilda Susana Lozoya Austin, su esposa Marielle Helene Eckes, Nelly Maritza Aguilera Concha -la vendedora de la residencia en Ixtapa-, y el empresario Alonso Ancira Elizondo, dueño de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA).
El pasado 5 de julio, a través de una tarjeta informativa, la FGR informó que las órdenes de aprehensión fueron giradas por el caso de la casa que la cónyuge del ex director general de Petróleos Mexicanos adquirió en Ixtapa-Zihuatanejo, Guerrero, en 1.9 millones de dólares, mediante la representación de un abogado de AHMSA.
El Juez de Control del sistema penal acusatorio también instruyó la captura de Nelly Maritza Aguilera Concha, quien vendió la casa, en una operación que la FGR presume que se trató de un soborno de la empresa de Ancira Elizondo para el ex director general de la paraestatal.
La Interpol giró una ficha roja para buscar Aguilera Concha, al igual que a Lozoya Austin, su esposa, su hermana y madre, en más de 190 países, “[…] con relación a los delitos probablemente cometidos en el caso mencionado y que involucra a Pemex”, abundó la Fiscalía en su tarjeta informativa.
“Este asunto, que se inició en enero de 2017 y que durante años no obtuvo judicialización, hoy se han logrado las órdenes de aprehensión que sujetan a una probable responsabilidad a los involucrados”, indicó la FGR.
Además, la Fiscalía agregó que presentó ante el Juez de Control todos los elementos de prueba necesarios para obtener el mandato de captura “en un caso que por mucho tiempo estuvo congelado en forma tan criticable”.
En julio de 2013 la esposa de Lozoya Austin compró una casa del condominio Quinta Mar, en Ixtapa-Zihuatanejo, la cual tiene 3 mil 578 metros cuadrados, de los cuales la residencia abarca 934 metros cuadrados.
El valor del inmueble fue de 1.9 millones de dólares y la operación de compra la llevó a cabo, en representación de Marielle Helene Eckes, el abogado Juan Carlos Quintana Serur, quien en ese momento estaba contratado, en un cargo externo, como secretario de los comités de auditoría y de prácticas societarias de AHMSA.
Para la FGR, esta adquisición podría ser un soborno, ya que el 31 de julio del mismo año, una filial de Pemex aprobó la adquisición de la planta chatarra de Agro Nitrogenados en el complejo de Pajaritos, Veracruz, por un monto de 273 millones de dólares.
-Información en desarrollo…
