Desde el poder, Alejandra de la Vega va por el mercado gasolinero


 
Destacados viernes, 7 febrero, 2020 01:32 PM

Al tiempo que se desempeña como funcionaria en el gobierno de Javier Corral, la empresaria juarense aumenta su negocio de venta de gasolina a través de estrategias que desataron una disputa jurídica entre millonarios

 

Gabriela Minjáres/Rocío Gallegos/Itzel Ramírez

La Verdad

 

Ciudad Juárez – Al amparo del poder acumulado durante décadas y consolidado desde su posición como secretaria de estado en Chihuahua, Alejandra de la Vega Arizpe ha aprovechado todos los márgenes de la ley para competir por un mercado multimillonario en la frontera: la gasolina.

Más de la mitad de los permisos con los que actualmente cuenta Almacenes Distribuidores de la Frontera, empresa en la que son accionistas Alejandra, su mamá y sus hermanos –Guadalupe Arizpe y Miriam Guadalupe y Artemio de la Vega–, se gestionaron y obtuvieron cuando Alejandra ya era funcionaria estatal.

De una revisión de documentos oficiales se desprende que antes de que Alejandra fuera designada secretaria de Innovación y Desarrollo Económico por el gobernador Javier Corral Jurado (2016), Almacenes obtuvo 13 permisos gasolineros y a partir de 2017 la empresa tuvo un mayor auge y solo en tres años obtuvo la gestión para construir otras 18.

Mediante información obtenida en registros públicos y vía transparencia, La Verdad documentó que Almacenes Distribuidores de la Frontera usó diferentes estrategias judiciales que le permitieron la construcción y operación de gasolineras que incumplen con la normatividad municipal vigente sobre distancias mínimas entre estaciones de servicio.

Aun cuando los De la Vega incursionaron en el mercado gasolinero desde el 2003, la ampliación del negocio se aceleró unos meses después de que en 2016 Alejandra fuera designada secretaria de Innovación y Desarrollo Económico y tras lograr una alianza comercial con Marathon Petroleum Corporation, propietaria de la marca Arco.

Para la empresaria y servidora pública este crecimiento es irrelevante debido a que asegura estar al margen de los negocios familiares, que además de las estaciones de venta de combustible operan la cadena de tiendas de conveniencia Del Río, Superette y Oasis.

“La compañía tiene cerca de 300 unidades de negocio, discúlpame si… me parece totalmente irrelevante que pienses que porque yo estoy en el gobierno (hay un crecimiento de gasolineras)”, responde al solicitarle una entrevista sobre la expansión de Arco.

A pesar de eso, el nombre de Alejandra Catarina de la Vega Arizpe aparece como solicitante en tres trámites, entre ellos la licencia de construcción de tienda de autoservicio con fecha del 22 de septiembre de 2017, cuando ella ya era funcionaria pública, y con número de folio 2017-11523.

Incluso, para evitar el freno de su emporio, Alejandra de la Vega en representación del Consejo de Administración de la empresa Inmobiliaria Grupo De la Vega demandó el amparo en contra del municipio de Juárez, esto como resultado del más reciente episodio de una lucha que su familia sostiene por el mercado gasolinero desde hace más de dos años.

Con esta acción, los empresarios De la Vega buscan evitar la aplicación de los artículos 38 y 39 del Reglamento para la Ubicación y Operación de las Estaciones de Servicios para el Municipio de Juárez, donde se establece que las nuevas gasolineras deberán distanciarse entre 1.2 y 1.7 kilómetros de las existentes.

Bajo el argumento de que esta reglamentación vigente desde hace 14 años riñe con la legislación federal emanada de la reforma energética de 2013, la empresa Almacenes logró obtener un amparo en el juicio 781/2017 para que el municipio le diera los permisos para construir y operar nuevas estaciones a pesar de que contravienen las disposiciones locales vigentes.

Ese amparo derivó en más de una docena de asuntos judiciales, algunos llevados hasta a la Suprema Corte de Justicia y a la Fiscalía General de la República. Incluso, Lilia Ana Méndez, directora de Desarrollo Urbano Municipal, fue señalada de parcialidad a favor de la empresa de Alejandra de la Vega, ya que tardó casi un mes en llevar a cabo la sentencia que imponía el cierre de una de las gasolineras, como consta en el oficio DGDU/JUR/1359/209, en el que Méndez pidió la “aclaración” de la resolución emitida.

En respuesta, el 30 de octubre de 2019 los magistrados desecharon la petición de la funcionaria municipal “por notoriamente improcedente”, al no considerar error o imprecisión en la sentencia.

Con la protección de la justicia federal, Almacenes inició la expansión en el mercado gasolinero y la transición de la marca Petrol a la franquicia Arco, propiedad de Marathon Petroleum Corporation, de la que es accionista el esposo de Alejandra de la Vega, Paul L. Foster, quien ocupa el lugar mil 349 en la lista 2019 de Forbes de las personas más ricas del mundo.

Aprovechando la ubicación de sus tiendas de conveniencia, Almacenes instaló estaciones a escasos metros de las ya existentes, estrategia que desató un conflicto con sus competidores, con quienes se enfrenta en al menos tres procesos judiciales en los que tienen parte tres de las familias más prominentes de la frontera.

Dos de estos procesos son promovidos por ocho empresas gasolineras, entre las que se encuentran la de Pedro Zaragoza Fuentes, el mayor propietario de estaciones de servicio en la entidad con la marca Bip Gas; así como Gaso Mex de la familia de Eduardo Fuentes Varela, empresario gasero; y la del dirigente local de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), Fernando Carbajal Flores.

El otro proceso legal confrontó a los De la Vega con la sociedad mercantil que encabeza Valentín Fuentes Varela a través de Grupo Imperial, donde también participan sus hijos, entre ellos Adriana, Octavio y Angélica Fuentes Téllez.

Resultado de estas acciones judiciales, los quejosos revirtieron el amparo de Almacenes y lograron la clausura de seis de sus estaciones y frenaron la apertura de una, mientras que otras cinco se encuentran en riesgo de cierre por resoluciones en tribunales que en al menos tres sentencias han determinado que la violación a las distancias representa un “riesgo en la seguridad, salud y la vida de las personas”.

Al tener en peligro la expansión que los convertiría en el tercer grupo gasolinero más importante de la entidad, la empresa Almacenes reforzó su equipo de defensa con Arturo Chávez Chávez, ex procurador General de la República con el presidente Felipe Calderón; y con César Jáuregui Robles, ex consejero de la Judicatura Federal y ex secretario General de Gobierno en Chihuahua, donde fue compañero de Alejandra en el gabinete del panista Javier Corral.

Ambos abogados se sumaron al litigio que inició Iván Antonio Pérez Ruiz, quien formó parte de la actual Administración Municipal durante siete meses, tiempo en el que también atendió el caso, como lo confirma el ahora exfuncionario.

En espera de que el juicio, que lleva más de 28 meses en tribunales, se resuelva en la Corte, Alejandra emprendió una nueva ruta para exentar a sus gasolineras del cumplimiento de las distancias al solicitar otro amparo a través de Inmobiliaria Grupo de la Vega, una empresa creada en noviembre de 2018 con su mamá y sus hermanos.

A diferencia del primer proceso en el que el promovente es el representante legal de Almacenes –Manuel Castillo–, en esta estrategia, Alejandra de la Vega es puesta como una de las quejosas. Así consta en la demanda de amparo radicada en el expediente 774/2019, ingresada el 29 de octubre y turnada al Juzgado Cuarto de Distrito en el estado, documento al  La Verdad tuvo acceso.

A pesar de que el nombre de la funcionaria aparece estampado en la nueva demanda de amparo, ella misma, su hermana y representantes de sus empresas insisten en deslindarla de su participación en los negocios familiares y en las acciones a favor de sus gasolineras.

“Alejandra no está operando, ella es miembra (sic) del Consejo y es accionista minoritaria de Almacenes pero ella no tiene nada qué ver en la operación”, afirma Guadalupe de la Vega, quien al igual que la funcionaria y su hermano Artemio comparte el mismo porcentaje de acciones en Almacenes y la Inmobiliaria, el 0.19 por ciento cada uno, de acuerdo con documentos en el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía.

Lo mismo sostiene Antonio Jiménez Farías, director Operativo de Almacenes, quien asegura que Alejandra “está perfectamente al margen” de los negocios y que no ha hecho ningún trámite relacionado con la expansión de Arco.

La encargada del desarrollo económico de Chihuahua también rechaza estar involucrada en la empresa familiar.

“Al tomar yo este rol yo tomé una distancia de toda la actividad de las empresas de mi familia que tienen muchos años de existir en esta frontera, las gestiones, la operación y la administración la llevan otras gentes”, acota y se niega a profundizar sobre las implicaciones de su actividad privada mientras está dedicada al servicio público.

Sin embargo, la permanencia de Alejandra de la Vega en sus negocios también ha quedado expuesta como cabeza visible del equipo de futbol FC Juárez, en el uso de sus oficinas privadas para actividades públicas, así como en las gestiones que ha realizado en la defensa de sus intereses económicos.

Su actividad se extiende más allá de la frontera, ya que en Estados Unidos tiene participación en al menos nueve compañías del sector médico, deportivo, comercial y financiero. De acuerdo a registros públicos, en México aparece como socia en 13 empresas y junto con su familia propietaria de 434 inmuebles.

LEYES LAXAS

En su búsqueda por contar con privilegios en el mercado gasolinero, Almacenes ha manifestado su rechazo a las disposiciones que marcan las condiciones para la instalación de estaciones de servicio, con el razonamiento de que es un tema de competencia exclusivamente federal, basados en el artículo 95 de la Ley de Hidrocarburos.

Si bien, dicho apartado legal establece que únicamente el Gobierno Federal puede dictar las disposiciones técnicas, reglamentarias y de regulación en la materia, la disposición solo abarca lo concerniente al desarrollo sustentable, al equilibrio ecológico y a la protección al medio ambiente, pero no contempla el desarrollo urbano y protección civil, ámbitos de injerencia municipal y estatal.

Las leyes federales no establecen la distancia entre estaciones y determina que los permisionarios deben cumplir con las disposiciones y regulaciones que en esa materia emitan las autoridades locales.

Incluso la CRE, órgano federal regulador en materia de combustibles y energía, indica en autorizaciones expedidas a Arco que cada permiso “se otorga sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones o la obtención de las autorizaciones o permisos establecidos por otras autoridades federales o locales”.

De igual manera, la ASEA reconoce que las disposiciones de desarrollo urbano le competen a autoridades municipales o estatales y son independientes de lo permitido por la agencia.

“La presente resolución se refiere exclusivamente a la evaluación del impacto ambiental que se prevé sobre el sitio del Proyecto que fue descrito, por lo que, la presente resolución no constituye un permiso o autorización de inicio de obras y/o actividades, ya que las mismas son competencia de las instancias municipales”, se precisa en las autorizaciones de la ASEA.

Las atribuciones municipales en esta materia se encuentran incluidas en el Reglamento para la Operación y Ubicación de Estaciones de Servicio, sobre el cual el secretario del Ayuntamiento de Juárez, Maclovio Murillo Chávez, defiende su vigencia.

“La disposición que establece las distancias entre una y otra estación de gasolina se encuentra en vigor, hay un juicio de amparo en el que se obtuvo una sentencia favorable, donde se consideró que era inconstitucional, pero una sola sentencia no es suficiente, ni siquiera para formar jurisprudencia. Entonces, ese criterio, aislado, no afecta para nada en la vigencia de esa ley reglamentaria”, ataja en entrevista Murillo, quien se desempeñó como Consejero Jurídico del Estado de Chihuahua desde el 4 de octubre de 2016 hasta el 4 de abril de 2018.

En el municipio de Juárez, la dependencia que expide las constancias de zonificación y licencias de uso de suelo es la Dirección General de Desarrollo Urbano a cargo de Lilia Ana Méndez Rentería, quien por su actuación en este conflicto ha sido cuestionada y apercibida en los tribunales.

De acuerdo con las síntesis de expedientes públicos del Consejo de la Judicatura Federal, la funcionaria municipal ha hecho solicitudes improcedentes de aclaración de sentencias, diferido el cierre de al menos una de las estaciones Arco y expedido licencias que violan el propio Reglamento de Juárez donde se establecen las distancias entre gasolineras.

Lilia Ana Méndez no dio respuesta a las solicitudes de entrevista que se le hicieron directamente en su oficina ni a través de Comunicación Social del Gobierno Municipal.

La distancia entre estaciones también se establece en la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua, donde se especifica que se ubicarán a una distancia radial mínima de entre mil 200 y mil 700 metros, una respecto de la otra.

A pesar de que la ley le obliga a regular las distancias entre gasolineras a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, el gobierno estatal lleva años sin ejercer esa función.

Salvador Barragán, delegado regional en Juárez de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado, señala que desde el 2006 la dependencia dejó de emitir los dictámenes para la regulación de las estaciones de servicio.

A través de convenios, ratificado en 2008 y actualizado este año, se transfirió todo lo relativo a autorizaciones para gasolineras al ámbito municipal, por lo que el gobierno estatal no tiene ninguna intervención en el tema.

Iván Pérez concede que hay una omisión del gobierno del Estado en el cumplimiento de la ley.

“Nunca nos aplican la ley estatal, a nosotros nunca nos aplicaron porque la ley estatal establece que habrá estas distancias en los términos que los reglamentos municipales correspondan”, declara el exfuncionario en entrevista.

Mientras es el Ayuntamiento la única autoridad que participa del cumplimiento a los ordenamientos sobre desarrollo urbano y protección civil, el Congreso del Estado lleva más de dos años en el análisis de un proyecto para expedir una nueva ley de desarrollo urbano que cumpla con las disposiciones federales.

Además de incumplir con las distancias, las estaciones de Almacenes también entran en conflicto con otras disposiciones de la Dirección de Desarrollo Urbano que aplican para todas las licencias y permisos otorgados a los negocios en Juárez.

Por ejemplo, las licencias de funcionamiento incluyen indicaciones para no causar molestias o inconvenientes a las zonas habitacionales, no generar flujos de vehículos y advierten que en caso de controversia vecinal el permiso podrá ser revocado.

Mientras que en las licencias de uso de suelo se condiciona la autorización a que solucione el tráfico vehicular y peatonal que generan y establecer las medidas de protección para los usuarios y habitantes de la zona. Así como respetar las normas de los reglamentos vigentes de construcción, desarrollo urbano, protección civil y ecología.

En los hechos, se constató en recorridos realizados por diversas estaciones que la operación diaria de las gasolineras Arco causa conflictos viales debido a la afluencia de consumidores y al tamaño de las estaciones de servicio, que comparten espacio con restaurantes de comida rápida y tiendas, propiedad de la familia De la Vega.

 

LA LUCHA POR UN MERCADO MILLONARIO

El mercado de combustibles que disputa la familia De la Vega representa en promedio más de mil millones de pesos en ventas al mes y es dominado por el empresario Pedro Zaragoza Fuentes, con quien mantienen una añeja disputa por la venta de alcohol a través de las tiendas de autoservicio y del impulso de equipos de futbol.

De acuerdo con el reporte del Sistema de Información Energética (SIE) de la Secretaría de Energía, la Superintendencia de Ventas Ciudad Juárez vendió en 2018 un promedio, cada mes, mil 63.2 millones de pesos por el consumo de más de un millón 135 mil metros cúbicos de ambos combustibles en todo 2018. De enero a noviembre de 2019 las ventas se elevaron a mil 120.3 millones de pesos por mes.

Actualmente la totalidad de la gasolina que se vende en la ciudad es de importación, proveniente de El Paso, Texas, a través de un poliducto que lleva el combustible hasta la Terminal de Almacenamiento y Distribución de Pemex en Ciudad Juárez, y desde donde se vende el producto a todos los gasolineros, a excepción de Almacenes Distribuidores de la Frontera, que desde noviembre de 2018 importa su gasolina desde Estados Unidos a través de la empresa Tesoro México Supply & Marketing, filial de Andeavor.

La agrupación de gasolineros Onexpo Juárez indica que actualmente operan 192 estaciones en el municipio, con la compañía Bip Gas (Super’s Rapiditos Bip Bip propiedad de Pedro Zaragoza Fuentes) como la de mayor número de sucursales, seguida de Oxxo Gas, que se ha mantenido al margen del conflicto legal.

Momentáneamente frenados por sentencias judiciales, los planes de expansión de Almacenes –que dirigió Alejandra hasta tres días antes de asumir como secretaria estatal el 4 de octubre de 2016–, contemplan la operación de 28 gasolineras para finales de 2020 y tener presencia además de Juárez y Ahumada, en los municipios de Chihuahua y Cuauhtémoc, dice Antonio Jiménez Farías, director Operativo de la compañía. Hasta diciembre del año pasado la empresa acumulaba ya 30 permisos para estaciones en el estado.

La primera gasolinera de la empresa Almacenes se registró en el 2003 con una estación al sur de la ciudad. Para finales del 2004 contaba ya con cinco sucursales, algunas en combinación con tiendas de autoservicio.

Actualmente posee 21 establecimientos (13 en funcionamiento, siete clausuradas y una más lista para iniciar operaciones pero frenada por los juicios en su contra). Aparte de estas, la compañía cuenta con permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) para la instalación de otras ocho gasolineras, dos de estos otorgados en noviembre de 2019, de acuerdo a registros oficiales.

Cada una de las sucursales Arco tiene un valor de 9.5 millones de pesos, de acuerdo con información que Almacenes entregó a la ASEA.

Con las dos primeras estaciones clausuradas la empresa dejó de vender aproximadamente 60 mil litros diarios de combustible, lo que representa pérdidas de alrededor de un millón de pesos, según cálculos de Antonio Jiménez.

Obligada por contrato a cumplir con un volumen de ventas, Almacenes señalaba a inicios de noviembre que, a pesar de las dos primeras clausuras, sus estaciones Arco lograban el nivel acordado con Marathon, la compañía norteamericana dueña de la marca.

En palabras del director Operativo de Almacenes, Marathon Petroleum Corporation no ha intervenido en el proceso judicial en Juárez.

“Lo que ellos (Marathon) están hoy respaldando es la marca, están ayudándonos a través de relaciones directamente con Cofece (Comisión Federal de Competencia Económica), relaciones con la ASEA. Finalmente las batallas legales de nuestra empresa para con nuestras instancias gubernamentales pues son nuestras y entonces ellos lo que hacen es apoyarnos en lo que pueden y en eso están”, dice Jiménez en entrevista.

Consultada al respecto, Marathon emitió una declaración por escrito a través de su vocero Chris Kozak, en la que deslinda a la compañía y a la marca Arco de los juicios desarrollados en México, pero respalda a sus socios comerciales.

“Arco® respalda a nuestros socios comerciales y confiamos en que ellos resolverán este asunto. Las estaciones Arco® en Ciudad Juárez están entre las de mejor desempeño en todo México y nuestros socios comerciales están comprometidos con suministrar de manera confiable energía asequible, segura y abundante”, agrega.

Sobre el conflicto entre los grupos gasolineros, la Onexpo nacional se pronunció a favor del cumplimiento regulatorio y de la apertura de mercados en un posicionamiento que difundió en medio de este conflicto.

“Hemos reiterado siempre nuestra posición en favor de mercados abiertos y competidos, bajo reglas que den piso parejo y certeza a todos los participantes, en beneficio de los consumidores. En Onexpo nacional nos esforzamos en fomentar una cultura de legalidad y cumplimiento regulatorio”, asegura la organización nacional.

Mientras que en el municipio, el dirigente local de Onexpo Juárez, Fernando Carbajal Flores, se encuentra entre los quejosos que interpusieron el recurso de revisión para tumbar el amparo otorgado a Almacenes.

Ni Carbajal ni los demás gasolineros enfrentados al consorcio Arco  respondieron a las solicitudes de entrevista requeridas para la elaboración de esta investigación.

¿LITROS DE A LITRO?

A la par de las disputas legales, la franquicia de Arco en Ciudad Juárez inició una campaña en medios de comunicación y redes sociales como respuesta a las clausuras de sus estaciones.

Inicialmente, la empresa puso la leyenda “clausurada por vender litros de a litro” en cada una de las estaciones cerradas, donde además permanece un contador que muestra el tiempo que acumula la suspensión de cada sucursal.

Pese a lo que difunden, ninguna de las sentencias o recursos interpuestos hasta ahora trata el tema de la venta de litros incompletos, alteración de bombas o de verificación de despacho de combustibles.

En las acciones de verificación realizadas por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a estaciones de servicio de todo el país, la dependencia ha informado que, junto con Almacenes, hay otras 14 empresas que cuentan con sucursales sin irregularidades en la venta de litros completos.

Las mismas revisiones, en el periodo del 22 de octubre al 2 de diciembre, advierten a su vez que se han detectado algunas estaciones con irregularidades, pertenecientes a las razones sociales Servicio Nuevo Milenio, Salvador Carbajal Santoyo, Servicio Herrera del Norte, Distribuidora Gaso Mex, Rapiditos Bip Bip, Autogas de la Frontera y Servicio Perimetral.

En sus redes sociales, Almacenes cambió de manera reciente su campaña sobre litros completos a “clausurada por gasolineros que no quieren competencia”.

El 2 de diciembre pasado, Guadalupe de la Vega Arizpe, directora de Almacenes, declaró en conferencia de prensa que los gasolineros que interpusieron los recursos en contra de su empresa tenían comportamientos semejantes a los de los “cárteles”.

“Está repartido el mercado entre ellos mismos y si tú no entras pues a este grupo que puede manejarse como cárteles, se podría decir, pues estás fuera… la competencia y la corrupción al que más perjudican es al consumidor”, acusó la expresidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Juárez.

De acuerdo con el Reglamento municipal, las estaciones de servicio se deben establecer de acuerdo con una serie de parámetros de contaminación y de riesgo que zonifican la ciudad en tres sectores en los que se establecen las distancias mínimas permitidas, que son el centro del litigio entre gasolineros.

En medio del enfrentamiento, abogados de los contrarios a los De la Vega impulsan en el Ayuntamiento de Juárez un nuevo Reglamento con el que buscan armonizarlo con la legislación federal y fortalecer las facultades del municipio en materia de protección civil, zonificación y uso de suelo, informaron regidores a lo que se les hizo llegar la propuesta.

“Ahora bien, la Dirección General de Protección Civil del Municipio de Juárez no cuenta con la infraestructura y el equipamiento necesario para controlar una contingencia por incendio de una estación de servicio, por lo que se justifica la necesidad de mantener una regulación sobre la distancia mínima que debe de existir entre las estaciones de servicios en nuestro municipio”, expone la iniciativa presentada ante la Secretaría del Ayuntamiento de Juárez.

El director de Protección Civil, Efrén Matamoros Barraza, no atendió la solicitud de entrevista para hablar al respecto.

 

 

 

 

EMPRESARIA Y FUNCIONARIA, UN CONFLICTO DE INTERÉS

Aunque Alejandra de la Vega hizo público que tres días antes de asumir como secretaria de estado en el Gobierno de Chihuahua dejó de ser la directora de Almacenes, su nombre aparece, cuando menos desde el 22 de septiembre de 2017, en la solicitud de tres licencias para negocios, de acuerdo con documentos obtenidos por La Verdad.

El 22 de septiembre de 2017 solicitó a la dirección de Desarrollo Urbano Ecología del Municipio de Chihuahua una licencia de construcción para tienda de autoservicio en la carretera Chihuahua-Cuauhtémoc, ubicada en la colonia Ejido Labor Terrazas de esa ciudad, según consta en el documento público emitido el 27 de octubre de 2017.

El 15 de diciembre de 2017 aparece con su nombre una licencia de construcción número 11474 ante Desarrollo Urbano en Ciudad Juárez para obra de uso comercial en avenida Miguel de la Madrid 7309, colonia Héroes de la Revolución, de acuerdo con registros oficiales del Municipio de Juárez.

En los mismos registros hay otra inscripción a nombre de la funcionaria, es el certificado de ocupación número 11192, otorgado el 15 de febrero de 2018 para una tienda de autoservicio ubicada en Hacienda El Retiro 3321, colonia Hacienda de las Torres Universidad, firmada por Lilia Ana Méndez, directora de Desarrollo Urbano.

Cuestionada sobre estos trámites, la secretaria estatal asegura que el hecho de que esté su nombre no quiere decir que ella los está gestionando.

–Alejandra de la Vega (ADV): ¿Cuál permiso? Deme las pruebas y con mucho gusto le respondo porque jamás se ha promovido un solo permiso o una sola gestión para las empresas de mi familia.

–La Verdad (LV): Son tres permisos, uno el 22 de septiembre donde solicita a la Dirección de Desarrollo Urbano una licencia de construcción en una tienda en la carretera Chihuahua-Cuauhtémoc…

–ADV: Por eso, pero dónde dice que yo la solicité o viene…

–LV: Viene su nombre.

–ADV: Por eso, que lo hagan a mi nombre porque yo soy propietaria de un terreno o porque soy socia de la empresa es una cosa, que yo gestione, Alejandra, el permiso, es totalmente diferente, entonces eso es una acusación, yo cuidaría…

Su nombre y firma también aparecen como “quejosa” en el más reciente amparo promovido el 29 de octubre de 2019 en reclamo del Reglamento para Urbanización y Operación de Estaciones de servicio de Ciudad Juárez.

Además, el desempeño entre la esfera pública y la privada de la funcionaria también ha sido evidenciado por uno de sus más cercanos colaboradores en la Secretaría estatal, Jesús Mesta Fitzmaurice, quien el 6 de agosto pasado mostró vía Facebook cómo las oficinas de Almacenes Distribuidores de la Frontera son utilizadas para reuniones de trabajo del equipo encargado impulsar las actividades económicas en Chihuahua.

Su esposo Paul Foster la acompaña a eventos oficiales, como consta en fotografías que la misma Alejandra difundió en sus redes sociales sobre un viaje a Taiwán hecho en octubre pasado por una delegación de Chihuahua con miras a ampliar la relación comercial e industrial.

Acerca de si la información privilegiada a la que tiene acceso como secretaria ha sido utilizada para su interés personal, Alejandra de la Vega considera “totalmente blindada” la posibilidad, con el argumento de que ni ella ni su familia participan en algún proyecto de la dependencia a su cargo.

Todo esto ocurre mientras la secretaria estatal rechaza hacer pública su declaración patrimonial y de intereses con el aval del gobernador Javier Corral.

Para René Moreno Medina, consejero del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, es cuestionable que se mantenga al frente de la Secretaría sin dejar sus labores empresariales

“Visto desde el punto de vista legítimo, está pésimo que una persona que se dedique al servicio público esté haciendo cosas de carácter de lucro. (Lo que hace Alejandra de la Vega)… No sirve de nada tener un código de ética si nada más es papel”, apunta al referirse al conjunto de los principios y valores que impuso el gobernador Javier Corral desde enero de 2017.

Según Moreno Medina, Alejandra de la Vega “ha incumplido por lo menos con el principio número IX, que compromete a los servidores públicos a no utilizar su puesto para obtener algún beneficio o ventaja personal”.

Desde el principio del servicio público de Alejandra de la Vega, sus declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses han permanecido en la opacidad. Esto, justifica ella misma, se debe a que sus familiares no le permitieron que se hiciera del conocimiento público.

De la falta de información, precisa Alejandra en una misiva dirigida a los ciudadanos de Chihuahua, estuvo enterado el gobernador Javier Corral desde que la invitó a formar parte de la administración del panista.

“Esto obedece a una situación de estricto carácter familiar, que no me permite hacer pública la información solicitada. Esto fue previsto e informado desde el momento en que fui invitada a formar parte del Gabinete de Gobierno para el ejercicio 2016-2021”, dice en el documento.

Moreno Medina señala que la imposibilidad para conocer las declaraciones de cualquier servidor público es un obstáculo para la rendición de cuentas.

“Creo que la persona funcionaria que pide que la declaración patrimonial no sea pública ya es un problema. Al menos deberían de poner el ejemplo ese primer círculo (del gabinete de gobernador). Me parece bastante negativo que no se conozca porque eso deja en vulnerabilidad a la hora de ver cómo sus intereses confluyen con su evolución patrimonial”, considera el activista.

Para la defensa de ese patrimonio, la empresaria se ha rodeado por contactos en el mundo político y económico.

Ocurre así en el proceso que mantiene su empresa por el mercado gasolinero. Uno de sus abogados es César Jáuregui Robles, quien ocupó de 2009 a 2014 un asiento en el pleno del Consejo de la Judicatura Federal, donde presidió la Comisión de Disciplina, el área encargada de dictar y ejecutar las amonestaciones y sanciones del Poder Judicial de la Federación.

Los contactos de Jáuregui en el terreno judicial se extienden a su cercanía con dos exministros de la Suprema Corte de Justicia, Sergio Aguirre Anguiano y Mariano Azuela Güitrón, con quienes junto al exprocurador Arturo Chávez Chávez integra una fundación de litigio pro bono en temas de derechos humanos.

Y mientras tanto, el hijo del abogado se encuentra como empleado en la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, misma que encabeza Alejandra de la Vega; de acuerdo con información oficial, César Jáuregui Erives, ocupa un puesto de asesor en la dependencia.

Completa la defensa de Almacenes el ex procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez, quien junto con Jáuregui fue socio de Antonio Lozano Gracia, también ex procurador General de la República en el sexenio de Ernesto Zedillo.

Otro caso es el de Iván Pérez Ruiz, quien ha sido por más de ocho años el abogado externo de Almacenes Distribuidores de la Frontera.

Pérez Ruiz y su despacho fueron los responsables del inicio del proceso jurídico en contra del Municipio encabezado por el alcalde Armando Cabada Alvídrez.

El 1 de septiembre de 2017 Pérez promovió el primer amparo y 28 días después se registró como aspirante a una candidatura independiente a diputado federal con el respaldo de Armando Cabada, la autoridad a la que combatió en tribunales.

En medio de la campaña el abogado fiscalista logró el amparo para Almacenes, pero no alcanzó la curul y poco después de dos meses de la elección fue designado por Cabada como director General de Centros Comunitarios.

Durante  su cargo como funcionario municipal, en el que duró siete meses, encaró  una nueva fase del litigio ahora en contra del grupo opositor de gasolineros al tiempo que se logró la expansión de las estaciones Arco en la ciudad.

“Yo no estaba impedido, ser funcionario público no te impide a ti continuar con tu actividad normal, no existe ninguna ley que lo hubiera prohibido”, expone quien asegura haberle avisado al alcalde “tengo que compaginar sus dos actividades”.

Sostiene que durante su horario de trabajo, que iba de ocho de la mañana a tres de la tarde, en ningún momento atendió asuntos de Arco, sin embargo, cuando ya era muy complicado compaginar los dos tiempos tuvo que decirle al presidente que renunciaba, “que lo mío es mi oficina, mi profesión”.

No habían pasado ni tres meses de su salida de la función pública cuando Pérez Ruiz encara un revés jurídico con la clausura de las gasolineras que Almacenes abrió con el amparo obtenido.

Con el caso en la Suprema Corte y la integración de los abogados Jáuregui y Chávez Chávez a la defensa, los De la Vega buscan garantizar su expansión en el mercado gasolinero.

“Vamos a seguir y lo vamos a llevar a las instancias que sea necesario”, advierte Guadalupe de la Vega, quien ahora aparece en los tribunales junto con su hermana Alejandra, la secretaria de Innovación y Desarrollo Económico de Chihuahua protegida del gobernador Javier Corral.

 

 

Alejandra, una vida entre poderes

 

 

 

Muy pocas personas saben con certeza por qué Alejandra de la Vega Arizpe aceptó incursionar en la burocracia y ocupar un cargo público en el gobierno de Chihuahua cuando sus negocios binacionales generan millones de pesos diarios.

En su círculo de amistades, algunos compañeros de trabajo y conocidos dicen que lo vio como un reto, otros que lo hizo para corresponder a la invitación de Javier Corral, quien supuestamente le pidió participar activamente en las acciones del gobierno y así poner un grano de arena en el progreso de Chihuahua.

Y hay quienes no descartan que aceptó el cargo de la secretaría a cargo de impulsar el desarrollo económico del estado en venganza con el exgobernador César Duarte, porque supuestamente durante su sexenio el priista castigó y frenó sus negocios y los de su familia en Ciudad Juárez.

Por otro lado,  no falta quien considera que solo busca su  beneficio personal para hacer crecer su emporio al amparo del poder público, pues no conciben que con la fortuna propia, la que le heredó su padre y la de su esposo, la empresaria juarense haya aceptado un cargo público por el que recibe un salario mensual de 117 mil pesos.

Alejandra ha dicho al menos en un par de entrevistas que aceptó la invitación de incorporarse al gabinete de Javier Corral porque representaba un reto y estaba convencida de que “solo criticar” no era suficiente, y los empresarios debían colaborar con el gobierno para lograr un cambio en beneficio de los chihuahuenses.

Sin embargo, colaborar con el gobierno no era algo nuevo para la empresaria, ya que desde 2012 formó parte del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec) y después fue coordinadora de la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez, espacios desde los que trabajó con los tres niveles de gobierno para mejorar la seguridad.

Así se lo hizo saber al expresidente Enrique Peña Nieto en la visita oficial que realizó a Ciudad Juárez en enero de 2015, cuando en representación del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y de la sociedad civil fronteriza le dijo que esta frontera superó la crisis de inseguridad porque se aprendió a colaborar en la construcción de una mejor comunidad.

“En la Mesa de Seguridad pasamos de la protesta y la descalificación, a la propuesta y a la colaboración”, dijo Alejandra en el evento en el que fue la única persona de la sociedad civil que dirigió un discurso frente al entonces mandatario.

Al siguiente año, 2016, la empresaria decidió aceptar un cargo público en la administración del panista Javier Corral con la condición de no hacer del conocimiento público su riqueza, la de su esposo ni la de su familia. Condición que le fue concedida.

Para Corral, promotor de la transparencia y la ética en la función pública, esto no fue un obstáculo.

“A Alejandra es para darle las gracias por haberse comprometido a trabajar en el gobierno de Chihuahua en favor de todos los chihuahuenses y particularmente de Juárez”, sostuvo Corral quien dijo sentirse “muy orgulloso” de que participara con él una persona con su liderazgo y biografía.

Antes de la llegada de Alejandra al puesto,  el gobierno estatal decidió cambiar el nombre de la Secretaría de Economía por el de Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico y mudó su sede a Ciudad Juárez, donde De la Vega tendría nuevas y más amplias oficinas.

En correspondencia, cuando el gobernador anunció que buscaría una colecta si la Federación no concedía más recursos a Chihuahua para cerrar el 2016, la funcionaria pública aseguró en declaraciones públicas que su familia podría ser solidaria y prestar dinero al Estado en caso de ser necesario.,

 

Cerveza, futbol y gasolina marcan su trayectoria empresarial

Alejandra es hija de Guadalupe Arizpe y de la Maza y del finado empresario Federico de la Vega Mathews, quien heredó de su padre, el comerciante español Artemio de la Vega Berdayes, el negocio de tiendas de conveniencia y la cervecería Carta Blanca de Ciudad Juárez que tenía la concesión para la distribución de los productos de la Cervecería Cuauhtémoc.

El poder económico que el empresario Federico de la Vega construyó con el acaparamiento de las licencias para comerciar licor y cerveza en la ciudad le permitió tener una influencia política no solo a nivel municipal y estatal, sino también en el ámbito federal.

Durante décadas fue uno de los principales patrocinadores de campañas electorales de candidatos de todos los niveles y partidos políticos de distintas siglas, lo que le permitió tener línea directa de comunicación y reuniones privadas con directores y secretarios de gobierno, pero también con alcaldes, gobernadores y presidentes de la República, así como información privilegiada sobre acciones de gobierno y obras públicas.

Por ejemplo, según consta en archivos periodísticos, en su casa se gestó el Concejo Municipal que durante el 2001 y 2002 encabezó José Reyes Ferriz como presidente y representó el despegue político de su yerno –esposo de Guadalupe de la Vega–, Álvaro Navarro Gárate, como suplente a la alcaldía.

También fue en su casa, durante el 2003, fue que se llevó a cabo la presentación privada del Plan Integral de Seguridad Pública que el gobierno de Jesús Alfredo Delgado puso en marcha con el apoyo del Gobierno Federal en la época de  Vicente Fox.

Así, Alejandra y sus hermanos –Guadalupe y Artemio– crecieron y convivieron lo mismo con presidentes que con empresarios y políticos, principalmente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del cual Federico de la Vega fue candidato suplente a la alcaldía de Juárez en 1983, cuando compitió en fórmula con Santiago Nieto Sandoval, y perdió frente al panista Francisco Barrio Terrazas.

Alejandra De la Vega, actual secretaria de estado, nació el 6 de diciembre de 1966, tiene 53 años, es ingeniera Industrial y de Sistemas, egresada del Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Monterrey y estudió en el Instituto Panamericano para la Alta Dirección Empresarial (IPADE), en la Ciudad de México.

A finales de 1980 su padre compró una franquicia de futbol profesional, el Club de Futbol Cobras, del cual la nombró presidenta, y con lo que se convirtió en la primera mujer con este cargo en la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut).

Desde entonces, cuentan allegados a “Bibis”, como la llaman en su círculo más cercano, que aprendió a moverse en ese mundo que describen como “una cochinada” por los intereses que hay de por medio entre los dueños de los equipos, las televisoras y los que manejan a los jugadores.

“Si pudo lidiar con Cobras cuando era muy jovencita, tenía unos 23 años, ahora lo hace con mucha más autoridad en Bravos, ha logrado el equilibrio, puede ser porque es una mujer sumamente dura, muy enérgica y muy fuerte, muy frontal”, dicen.

De acuerdo con documentos públicos, Alejandra es presidenta del Consejo de Gerentes de la sociedad FC Juárez, equipo de futbol de primera división conocido como Bravos, donde también tienen participación su esposo Paul Foster, su hermana Guadalupe, su cuñado Álvaro y otros empresarios de Juárez y El Paso, Texas.

A la par del ramo deportivo, entre 1983 y 2018 la actual servidora pública aparece registrada como socia en al menos una docena de empresas de distintos giros en México, entre ellas las gasolineras, así como en otras nueve compañías en Estados Unidos.

Además de intereses económicos y familiares por su matrimonio con el empresario texano Paul Foster, Alejandra de la Vega tiene una amplia participación en la vida política en Estados Unidos desde hace más de una década.

Información publicada por la Comisión Federal de Elecciones de Estados Unidos indica que de 2008 a marzo de 2016 la empresaria donó 746 mil 400 dólares para campañas políticas de candidatos demócratas como Silvestre Reyes y Beto O’Rourke, así como a una mayoría de aspirantes del Partido Republicano.

Entre los donativos hay dos en los que se identificó como propietaria de la empresa Almacenes Distribuidores de la Frontera, que además de las estaciones de venta de combustible Arco y Petrol en Ciudad Juárez opera la cadena de tiendas de conveniencia Del Río, Superette y Oasis. En otras 26 aparece registrada como ama de casa.

También hay registros de una reunión realizada en casa de Alejandra y Foster, quienes ofrecieron una recepción en honor del gobernador de Texas, Greg Abbott, el 24 de octubre de 2017.

En México, la empresaria mantiene una relación muy cercana con el expresidente Carlos Salinas de Gortari, quien asistió en 2008 a su boda con Paul Foster y en septiembre de 2018 a la de su hermano Artemio con Annmarie Olind, en Dallas, Texas.

Allegados a la familia cuentan que la familia De la Vega mantiene una relación muy estrecha con Salinas no solo por el vínculo que en su momento tuvo con el patriarca Federico, quien lo hospedó en su residencia en Juárez, sino también porque Guadalupe de la Vega es amiga desde la juventud de Ana Paula Gerard Rivero, actual esposa del ex mandatario.

Alejandra, a su vez, es amiga de José Antonio González Anaya, concuño de Carlos Salinas porque está casado con Gabriela Gerard Rivero, hermana de Ana Paula, y quien en el sexenio pasado fue director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en diciembre de 2012, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) en febrero de 2016 y secretario de Hacienda y Crédito Público de noviembre de 2017 a 2018.

En 2016 y con mayor fuerza en 2018, Alejandra de la Vega fue mencionada en el Partido Acción Nacional (PAN) para ser postulada por la alcaldía de Juárez, lo que no se concretó, aunque en la víspera del proceso local de 2021 su nombre se ha vuelto a escuchar, sobre todo por su incursión en la administración pública de la mano de Javier Corral.

Créditos

Investigación: Gabriela Minjáres/Rocío Gallegos/Itzel Ramírez

Editora: Daniela Guazo

Ilustraciones: Regina García

Fotografía: Rey R. Jauregui

Video: Alicia Fernández

 

[email protected]

Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto de investigación del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers

Comentarios

comentarios

Ir a la barra de herramientas
Tipo de Cambio