Alejandro Ruiz Uribe, delegado único de Baja California, informó que gestionará para que Grupo Melo, responsable del derrumbe en Lomas del Rubí, dejando sin vivienda a 243 familias, no pueda concursar en ninguna licitación a nivel federal.
El funcionario federal comentó a ZETA que en los dos últimos encuentros que ha tenido con Hypatía Fuentes, coordinadora nacional de Reconstrucción de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), le ha puntualizado los daños causados por Grupo Melo.
Esto con el fin de que tampoco se les permita participar en licitaciones por parte de Gobierno Federal, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) ni Sedatu.
Además dijo que “la demanda que tienen los vecinos de Lomas del Rubí con el Grupo Melo, tiene que seguir su curso ante las instancias correspondientes para que se les repare el daño; no solo patrimonial, sino moral”.
El 2 de febrero de 2018, 243 familias de Lomas del Rubí se quedaron sin hogar, después de que un deslizamiento de tierra cayera sobre sus viviendas, provocado por trabajos de la constructora en cuestión.
El 31 de diciembre de 2019, el gobernador Jaime Bonilla entregó tres departamentos -de 15 programados- a las familias afectadas que más lo necesitaban, mientras que el resto deberá esperar a que se adecúen predios y se comience a construir nuevas viviendas.
Asimismo, el 11 de febrero Bonilla llamó empresa non grata a Grupo Melo, y argumentó que mientras no exista una reparación de daño justa, no obtendrán permisos para seguir trabajando en Baja California.
Por otro lado, Alejandro Ruiz Uribe, delegado único en Baja California, explicó que por parte de los municipios también se les debería de prohibir cualquier tipo de trámites; aunque es una competencia distinta a la federal.
Agregó que la delegación ha estado en contacto constante con las familias afectadas, y les ha manifestado la disposición de apoyarlos con la demanda jurídica contra Melo; reiteró que las demandas deben seguir su curso, a pesar del apoyo que se les está brindando con el acceso a nuevas viviendas.
“Las demandas deben seguir su curso hasta que se haga justicia, incluso que se pueda investigar a los anteriores gobiernos de Acción Nacional que fueron cómplices de los movimientos de tierra que realizó Melo en la zona, que devino en un desastre y, posteriormente, no solo no respondieron al daño, sino que protegieron a la constructora, lo que habla de una red de complicidades”, finalizó.
