Después de 20 años de estar viviendo en un predio de la colonia Nueva Esperanza, en Tijuana, el señor Rafael Pérez Alanís fue desalojado junto con su familia -sin mediar palabra- a principios de 2020, situación por la que sigue luchando, aun sin tener los recursos para ello.
En entrevista con ZETA, el afectado relató que el problema inició en 2014, cuando los representantes de Leonardo Alfonso Villegas Muñoz (ya finado), presunto dueño del predio, lo demandaron por los terrenos.
“Ellos me demandaron con planos falsos, con documentación irregular, en 2014. Un par de años después lo reabren, y yo le explico a la juez todo lo que no respetan y están haciendo. Entonces el caso se cerró a mi favor”, dijo.
Pérez Alanís asegura que quien le cedió el Lote #9, de la Manzana 13, en el fraccionamiento La Cuesta, fue Martín Muñoz Estrada, sobrino de Villegas Muñoz (quien no aparece como dueño de ningún predio ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio); incluso solicitó Actas de Levantamiento ante la Dirección de Catastro, para que delimitaran el terreno.
Al respecto, Luis Fernando Cañez Montoy, director de Catastro de Tijuana, comentó que en efecto, las delimitaciones y planos se encuentran en los archivos de la Alcaldía; sin embargo, estos no fungen como títulos de propiedad.
En el acta se registra el nombre del dueño o posesionario, para determinar quién se hará cargo del pago del impuesto predial; además, en los planos presentados por la parte afectada, se señala que se realizó un deslinde -que remarcaba el área donde Pérez Alanís habitaba-, pero en ningún momento representa un certificado de propiedad.
El argumento de Rafael Pérez Alanís, es que los demandantes no cuentan con los registros catastrales correspondientes, así como el que lotes y manzanas no coinciden con las que él tiene en sus documentos, por lo que aseguró que estaban “falsificando documentos y la jueza está coludida”.
Abogados expertos en temas inmobiliarios refirieron que, si bien la primera instancia la ganó Rafael Pérez, y la segunda los demandantes representados por Javier Covarrubias, aún queda una tercera, a la que el afectado puede recurrir para recuperar el terreno.
Su ventaja es que asegura que tiene más de 20 años viviendo en ese lugar, y si hubo un contrato previo, le puede ayudar a sustentar su caso y, finalmente, reclamar la tierra.
Por su parte, Javier Covarrubias, representante legal del fraccionamiento La Cuesta, afirmó que los terrenos están invadidos desde 2014, y no desde hace 20 años.
“Él no tiene 20 años viviendo aquí (Rafael Pérez), no puede ser; hay imágenes satelitales que tiene el Inegi (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática) que indican que aquí no había nada”, dijo.
Covarrubias invitó a las personas desalojadas, a que regularicen los predios a través del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda en BC (Indivi).
Al respecto, Ramón Castorena Morales, delegado de Indivi en Tijuana, mencionó que durante enero se estuvieron realizando campañas de regularización en ese fraccionamiento; actualmente, 14 personas están en proceso para obtener su título de propiedad, de 26 que esperaban regularizar.
Pérez Alanís afirmó que continuará luchando por recuperar lo que le corresponde, así tenga que llegar hasta la Suprema Corte de Justicia o, incluso, ante el Presidente Andrés Manuel López Obrador, por los actos de corrupción del que asegura fue afectado.
