Por improcedente, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa abolió la inhabilitación de tres años dictada en contra de José Luis Hernández Silerio por la ex Síndico Procuradora, Ana Marcela Guzmán Valverde, por el caso del accidente provocado por una unidad de Altisa, en el que fallecieron seis personas y 11 resultaron lesionadas.
La resolución firmada por Iván José Curiel Villaseñor, Magistrado de la Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción del Tribunal, “condena al Síndico Procurador del Ayuntamiento de Tijuana a que deje sin efectos la resolución declarada nula y por ende la resolución dictada el 17 de junio de 2019 en el procedimiento administrativo RES/071/2017”.
También instó a la dependencia a efectuar las anotaciones correspondientes en el registro de servidores públicos sancionados de la fiscalía municipal y gire oficios a la Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Tijuana y a la Secretaría de Honestidad y la Función Pública del Estado de Baja California, haciéndoles saber el sentido del fallo, para que se cancele cualquier anotación que al respecto se haya hecho en el expediente de Hernández Silerio.
En julio de 2019, la fiscalía municipal consideró que José Luis Hernández Silerio actuó con omisión en el camionazo provocado por una unidad de Altisa, inhabilitándolo por tres años, “el funcionario tuvo conocimiento de las irregularidades el día 12 de octubre del 2016, fecha en que ocurrió el accidente, y posteriormente, no inició procedimiento de cancelación ni gestionó actos orientados a conocer la verdad de lo ocurrido”, determinó entonces la fiscalía municipal.
Tal determinación la dictó Guzmán Valverde 2 años y ocho meses después de ocurrido el accidente, cuando se supo de las aspiraciones del ex director de Transporte Municipal a ocupar un cargo público.
Por considerarla una “inhabilitación ilegal, injusta y arbitraria”, Hernández Silerio presentó un recurso de revocación ante la misma Sindicatura a cargo de Ana Marcela Guzmán Valverde, toda vez que “se me inhabilita por omisión de que no solicité la cancelación de la concesión de la empresa correspondiente, cuando yo no podía hacerlo porque no se pudo identificar oficialmente el vehículo”.
Explicó que por los daños causados por el choque, se pudo ver el número de serie de la unidad de Altisa hasta después del peritaje, lo cual fue en marzo de 2017, cuando ya no se encontraba en funciones, “yo no tenía los elementos técnicos jurídicos para solicitar ninguna cancelación, porque, técnicamente, no estaba la matrícula del camión”.
Para reparar su imagen, Hernández Silerio dijo a ZETA que recurrió ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, demandando la nulidad de su inhabilitación, “con el único objeto de que quede demostrado ante la opinión pública de que no tengo ninguna responsabilidad y que mi familia sepa que no tuve ninguna situación que le avergüence en este tema; es cuestión de imagen, sí me lastimó mucho esta situación moralmente”.
Con más de 20 años en la función pública, José Luis Hernández Silerio subrayó que “hay cosas que no están en la facultad de uno –resolver-, que la gente no maneje bien, que no choque, son accidentes de la vida”.
