El próximo miércoles, 26 de febrero de 2020, el pleno del Congreso de Baja California votaría la creación del Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación; con lo que la administración de Jaime Bonilla Valdez llevará a cabo un registro de autos usados de procedencia extranjera irregulares, también conocidos como autos “chocolate”.
El cual ha sido justificado como una medida de “seguridad y de control”. Misma que tendrá que hacerse en un plazo de cuatro meses a partir del inicio de las operaciones de dicho Instituto, y tendrá una vigencia anual.
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Lo anterior, luego de que la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales aprobara el dictamen 32 el jueves pasado, al considerar que la iniciativa es “jurídicamente procedente”, toda vez que “no se contrapone a ninguna disposición de orden federal o local, no contraviene el interés público”, pese a que la iniciativa viola los convenios suscritos entre el Gobierno estatal y la Federación, como el Anexo 8.
De acuerdo con la iniciativa –presentada en diciembre por el Ejecutivo- el registro costaría mil pesos. Sin embargo, sobre este punto la Comisión de Gobernación, presidida por el morenista Juan Manuel Molina García, advirtió que la norma sustantiva no debe establecer el costo o importe de dicho trámite, pues el instrumento legal que facultará al Instituto para realizar cobros o derechos será la Ley de Ingresos del Estado del año correspondiente, por lo que los legisladores tendrán que hacer el ajuste correspondiente.
Los legisladores también modificaron el monto de las sanciones, ya que la multa que estipulaba la iniciativa del Ejecutivo oscilaba entre los 4 mil 344 a 6 mil 081 pesos, equivalentes a 50-70 Unidad de Medida y Actualización, así como remisión del vehículo al depósito.
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Sin embargo, el dictamen que será votado el próximo miércoles “advierte la necesidad de realizar modificaciones al contenido de las fracciones I y II del precitado artículo, esto con la finalidad de reducir la sanción a impone pues en ambas hipótesis las sanciones a imponer superan en un 100, 300 y 500% el valor principal del registro vehicular que se pretende en mil pesos”, con el fin de no contravenir el principio constitucional de proporcionalidad así como diversos criterios de jurisprudencia emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Sobre la aprobación del dictamen en la Comisión de Gobernación, Ernesto Elorduy, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Mexicali, hizo un llamado a los legisladores locales para atender de fondo el tema del contrabando rodante llamado “autos chocolate” y se trabaje en el combate a la corrupción en aduanas, así como ofrecer a los ciudadanos un servicio público digno, accesible y eficiente.
Consideró que la medida de registrar, cobrar y verificar esas unidades vehiculares ilegales “lo único que propicia es seguir fomentando la llegada de más vehículos de este tipo, los problemas de ilegalidad, saturación del parque vehicular y la contaminación”.
El líder empresarial destacó la necesidad de trabajar de manera conjunta en ofrecer créditos accesibles, agilidad y transparencia en importaciones, incentivos fiscales para adquirir un vehículo, así como opciones de transporte público funcional y digno, que responda a las necesidades de las personas que acuden día a día a su trabajo, atienden su negocio, transitan a centros escolares, entre otras tantas actividades cotidianas.
En un comunicado, acusó que los legisladores aprueban dictámenes sin los estudios correspondientes o la opinión de los sectores involucrados.
Recordó que la regularización a nivel nacional de “autos chocolate” fue rechazada por el Senado en noviembre del año pasado por miembros de Morena, en el marco de la privación del paquete fiscal 2020, por los efectos adversos fiscales, ambientales y al mercado formal. Antecedente que debe considerarse en el estado.
