De recibir 800 laudos laborales, el gobierno de Juan Manuel Gastélum Buenrostro heredó 2 mil casos a la administración de Arturo González. Las demandas fueron interpuestas por trabajadores despedidos a los que no se cubrió la indemnización marcada por Ley, negligencia por la que el ayuntamiento es condenado a pagos que giran alrededor del millón de pesos en cada expediente, lo que representa un menoscabo para el erario de Tijuana. En la administración de González se han generado 118 laudos laborales, los han multado en tres ocasiones por incumplimiento de pago y condenado a reinstalar a seis empleados
En los últimos tres años, las demandas laborales en contra del Ayuntamiento de Tijuana tuvieron un aumento de un 250%, por encima del incremento promedio registrado en las últimas administraciones municipales.
De acuerdo al acta de entrega-recepción, el gobierno de Juan Manuel Gastélum Buenrostro recibió de su antecesor 800 juicios laborales y, a su vez, heredó a la administración de Arturo González Cruz 2 mil demandas pendientes de atender.
El consejero jurídico Salvador Gómez Ávila, indicó que la mayoría de las demandas han derivado del despido de trabajadores a los que no se cubrió el pago de prestaciones determinadas por la Ley, lo que concibió “expedientes laborales que nos han generado un rezago extraordinario, con laudos condenatorios por pagar de millón a millón y fracción”.
De los 2 mil juicios interpuestos por ex trabajadores, 790 se encuentran en etapa de instrucción, lo que significa que el proceso está abierto a la conciliación y desahogo de pruebas, por lo que la autoridad demandada aún tiene oportunidad de debatir a su favor.
Los mil 210 laudos restantes son casos con resolución ya emitida, sin que en los archivos del Ayuntamiento de Tijuana exista acuerdos de pago. Estos asuntos rezagados de pago son los que mayor afectación causan a la Hacienda municipal, porque ante el incumplimiento de una sentencia condenatoria, la parte demandante reclama indemnización.
Omisión eleva montos de sentencias
De los 22.4 millones que el actual gobierno municipal ha tenido que disponer para el pago de juicios laborales sentenciados en su contra, el caso que ha resultado más oneroso para las arcas del Ayuntamiento es el de un policía que demandó al ser dado de baja en 2008.
Tanto el XIX Ayuntamiento que despidió al elemento policiaco, como las administraciones subsecuentes, dejaron correr el tiempo y el proceso. Se dictó sentencia por una cantidad menor a la reclamada por el demandante, por lo que este se amparó, juicio que la autoridad municipal tampoco atendió y no presentó perito para un avalúo de daños.
Ante la omisión de la autoridad de Tijuana, el Tribunal determinó que no se había pagado al policía las cantidades correctas, por lo que elevó el pago condenatorio a 3 millones 400 mil pesos, sentencia que tuvo que cubrir el XXIII Ayuntamiento
La autoridad municipal no tiene definido el monto total a pagar de los juicios condenatorios no atendidos oportunamente, pero el consejero jurídico estimó un promedio de un millón de pesos por cada uno de los más de mil 200 laudos rezagados.
Ante la imposibilidad económica del Ayuntamiento de Tijuana para cubrir la totalidad de los juicios laborales perdidos, el funcionario dijo que la actual administración recurre al amparo en los casos en los que aún tiene oportunidad de hacerlo.
De los laudos laborales en los que los tiempos procesales ya vencieron, la actual administración ha pagado 22.4 millones de pesos y programó el pago de veinte casos más, estos últimos de juicios donde la sentencia no ha sido tan onerosa, con pagos condenatorios de 200 mil pesos, muy por debajo del promedio.
118 DEMANDAS CONTRA ADMINISTRACIÓN DE GONZÁLEZ CRUZ
De 790 juicios laborales activos, 118 fueron interpuestos durante el actual periodo de gobierno,
cantidad que el consejero jurídico municipal, Salvador Gómez Ávila, considera mínima, “sobre todo si se toma en cuenta que esta administración ha despedido a mil 500 trabajadores”, anotó.
“Cuando entramos removimos libremente, ordenamos que se les pagaran las prestaciones de Ley y nos evitamos las demandas, tuvimos una buena organización, menos del 10% demandó”, añadió.
La plantilla de trabajadores de confianza que se recibió del XXII Ayuntamiento fue de mil 741 trabajadores, de los cuales mil 500 fueron despedidos, siendo recontratados el 60% de estos.
De los casos heredados, del 1 de octubre de 2019 a la fecha, el Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California ha dictado resolución en 22 laudos, de los cuales 12 han sido condenatorios para el Ayuntamiento de Tijuana; en respuesta la autoridad municipal ha interpuesto amparo directo.
Las otras diez sentencias han sido a favor del Municipio, es decir, el Tribunal absolvió al Ayuntamiento del pago de las prestaciones demandadas, por lo que los trabajadores despedidos han recurrido al amparo directo, a lo que el gobierno de Arturo González Cruz ha respondido con la presentación de amparos adhesivos.
Ante la presentación de amparos de ambas partes, los 22 casos siguen activos y derivan de administraciones pasadas.
Según Gómez Ávila, responder con amparos será la estrategia recurrente que seguirá la autoridad municipal en cada caso que se dicte en contra.
PAGO DE LAUDOS FRENA OPERATIVIDAD: OFICIAL MAYOR
De las demandas rezagadas de pago por anteriores administraciones, el XXIII Ayuntamiento ha cubierto una decena de casos, entre personal de confianza y policías que han interpuesto demandas que datan principalmente de 2008 a 2010, aunque existen casos rezagados desde 2005, compartió la oficial mayor Ana Leticia Salcedo.
Los asuntos concluidos durante lo que va del periodo de gobierno de Arturo González Cruz, precisó, ha obligado al gobierno local al pago condenatorio de 22 millones 488 mil pesos, cantidad de la cual 7 millones 488 mil pesos correspondió al pago de laudos interpuestos por trabajadores despedidos de oficinas centrales y 15 millones por juicios ganados por agentes policiacos,
“El pago de laudos frena la operatividad del ejercicio 2020 del Ayuntamiento de Tijuana, porque se tiene que disponer de recursos, que bien pudieran aplicarse en obras, para pagar demandas laborales que no se atendieron, propiciando el aumento del monto de la condena a pagar”, señaló la funcionaria.
Actualmente, el área jurídica municipal atiende veinte casos, cuyo monto conjunto de pago fluctúa en 4 millones de pesos, promoviendo en tres asuntos la prescripción de la ejecución del laudo por ser casos con resolución de más de dos años. “No cobraron el dinero en el plazo que señala la Ley, por lo que prescribió la obligación del Ayuntamiento para pagar a los demandantes”, subrayó el abogado del Municipio, Salvador Gómez Ávila.
En tanto, en los 17 juicios restantes busca promover que el pago sea ejecutado en dos años.
Tanto la prescripción como el diferimiento en el plazo de pago es factible en estos veinte casos, al no haberse “solicitado diligencia de requerimiento y embargo, lo que encuadra en ejecución de laudo”, expuso el funcionario.
En contraparte, admitió que de los mil 210 juicios concluidos, la actual administración municipal ha recibido tres multas por no cumplir con lo sentenciado por el Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, mismas que “fueron impugnadas por inconsistencia en su forma, lo que trae como consecuencia que estén afectadas de nulidad”, es decir, que no sean pagadas hasta que se resuelva la impugnación.
REFORMAS DE LEY NO FRENAN DEMANDAS LABORALES
Una de las premisas de las reformas a la Ley del Servicio Civil, efectuadas en 2014, fue bajar el registro de juicios laborales burocráticos, al permitir a la autoridad la remoción libre, es decir, despedir a trabajadores que no son de base, cubriendo las prestaciones de Ley como el pago de vacaciones e indemnización proporcional al tiempo laborado.
Al no cubrirse esas prestaciones básicas, ha elevado el número de demandas por despido injustificado en contra del Ayuntamiento de Tijuana, reiteró el consejero jurídico Salvador Gómez Ávila.
En efecto, Jorge Astiazarán Orcí, quien gobernó en el periodo 2013-2016, recibió de su antecesor un rezago de 600 laudos, pero heredó 800 a Juan Manuel Gastélum Buenrostro, quien durante su trienio elevó exponencialmente la cantidad de juicios laborales, al entregar al XXIII Ayuntamiento gobernado por Arturo González Cruz, 2 mil demandas de este tipo.
Para la parte demanda, la ventaja de la nueva Ley del Servicio Civil en materia de juicios laborales, estriba en el hecho de que el demandante solo puede pedir la indemnización de hasta un año por salarios caídos.
En los casos que los empleados despedidos requieran ser restituidos con asignación de base, la plaza laboral ya no se otorga con solo el aval del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, sino que una comisión mixta colegiada, conformada por seis integrantes, tres de parte del gobierno demandado y tres del Sindicato de Trabajadores, asentó la oficial mayor Ana Leticia Salcedo.
La base solo es otorgada si hay vacantes disponibles, y aclaró, durante la actual administración no se han otorgado dos bases derivadas de laudos condenatorios; solo han sido reinstalados siete trabajadores, seis por laudos condenatorios y uno que optó por desistir de su demanda laboral a cambio de ser reinstalado en su puesto
PIDEN JUICIO POLÍTICO CONTRA SÍNDICO DE TIJUANA
Ante el Congreso de Baja California, el ex trabajador municipal y abogado laborista Eduardo Edmar Pérez Castro, interpuso solicitud de juicio político en contra de la síndico procuradora María del Carmen Espinoza Ochoa, por negarse a acatar un laudo dictado por el Tribunal de Arbitraje del Estado en contra del Ayuntamiento de Tijuana.
De igual forma, solicitó la inmediata destitución e inhabilitación de la funcionaria.
La demanda derivó de la omisión en el seguimiento del juicio laboral 116/2009-III que el en enero de 2018 condenó al Ayuntamiento de Tijuana al pago de salarios caídos e indemnización, pero al haber un recurso judicial interpuesto por parte del Municipio, el cobro pudo ser requerido formalmente hasta el 6 diciembre de 2019, indicó Pérez Castro.
En diversas ocasiones, el Tribunal de Arbitraje exhortó al Ayuntamiento de Tijuana dar cumplimiento a lo ordenado y ante el incumplimiento apercibió con diversas multas.
El 20 de enero dio un ultimátum a la síndico procuradora, para que en un término de tres días cumpliera con la resolución condenatoria, advirtiéndole que, en caso de incumplimiento, “se daría vista al agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación contra el Patrimonio, Sociedad, Estado y Justicia”. Pese a la advertencia, el pago condenado no fue otorgado.
El 24 de enero, por escrito se informó a la funcionaria que se ordenó imponerle una multa en su carácter de síndico procuradora y de representante legal del Ayuntamiento de Tijuana, por incumplir con este laudo.
El 31 de enero, la fiscal municipal fue notificada por parte del Ministerio Público, “pero al tener fuero constitucional, la autoridad ministerial no puede proceder”, anotó el abogado y demandante Edmar Pérez.
Por ello, “el 12 de febrero le hice del conocimiento al alcalde y al tesorero que iba a iniciar un juicio de procedencia en contra de la síndico, para efecto de que tomaran cartas en el asunto, al ser ignorado me vi forzado a presentar el 13 de febrero, ante Congreso del Estado, el juicio de procedencia política en contra de la síndico”, solicitud que ratificó el 18 de febrero ante el diputado Víctor Manuel Morán Hernández, presiden de la mesa directiva de la XXIII Legislatura de Baja California.
El 14 de febrero, la Sindicatura Procuradora presentó ante el Tribunal un cheque a favor del demandante, cubriendo solo la indemnización, sin considerar los gastos de ejecución.
De acuerdo a la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, el juicio de procedencia política es válido cuando se acredite una actitud de negligencia reiterada por parte del funcionario que ha cometido la infracción.
Para el consejero jurídico del XXIII Ayuntamiento de Tijuana, el juicio político requerido no procede, ya que “solo es válido cuando, en el ejercicio de sus funciones, los funcionarios incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”.
En este caso, “no procede porque no afecta a la colectividad, sino a un particular, los particulares no pueden invocar un juicio político. El caso de un reclamo laboral es de un particular contra el Ayuntamiento, no se están afectando intereses públicos fundamentales”.
Respecto al no pago oportuno de este juicio laboral, lo que derivó en el apercibimiento de Ministerio Público y la solicitud de juicio político en contra de la síndico procuradora, Gómez Ávila argumentó que no se cubrió en el tiempo determinado “al no contar el Ayuntamiento con recursos suficientes”.
