Amador Rodríguez Lozano está manchado por la sospecha de la corrupción.
En la época más reciente, su nombre salió a relucir cuando la ex secretaria de Bienestar, por cierto mujer de todas las confianzas del gobernador Jaime Bonilla Valdez, lo describió como “más cabrón que bonito” para referir a una tercera persona que no le “tocaría” parte del dinero solicitado a un empresario con la promesa de entregarle contrato de gobierno.
Vaya, específicamente al empresario le solicitaron 20 millones de pesos a cambio de un contrato cuya suma económica rasaba los 300 millones de pesos. Transacción que aseguraba la alimentación de los presos de Baja California, área que a capricho y conveniencia, Rodríguez Lozano maneja directamente.
Efectivamente, cuando se integraba la reforma que creó la Fiscalía General del Estado, el sistema estatal penitenciario que estaba en la facultad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, no pasó de manera natural y directa a la institución ahora encabezada por Guillermo Ruiz Hernández. Amador lo peleó para sí y se salió con la suya.
Por alguna razón solo conocida por el gobernador, a Rodríguez Lozano le tiene confianza ciega. Le permitió quedarse con el Sistema Estatal Penitenciario, y por ello maneja un negocio -solo por alimentos- de unos 280 millones de pesos al año. Aparte está el contrato para el abastecimiento de víveres y enseres a disposición de los reos de Baja California, en lo que se conoce como “tienditas” que dan servicio a once mil personas, toda vez que ese es el número aproximado de prisioneros.
De acuerdo a uno de los testigos de la historia de corrupción en la administración de Jaime Bonilla, Amador entregaría los convenios en su esfera de competencia, pero sería generoso con los dineros que salpicarían a tres funcionarios más en partes iguales. De esto fue enterado del Ejecutivo del Estado y ha sido un acto probado por etapas por parte de sus protagonistas, entre ellos la ex secretaria de Bienestar y el ex oficial mayor Jesús Núñez. Sin embargo, el gobernador no lo cree.
En efecto, Bonilla mantiene a Amador Rodríguez Lozano no solo en la posición número dos de la estructura del gobierno estatal; también es el poder tras el trono, o como dicen en su oficina, “el gobernador es Bonilla, pero quien gobierna es Amador”.
De hecho, semanas atrás lo eximió de toda culpa o participación en los moches orquestados desde el Voluntariado Gente como Tú, con Bonilla, a pesar de los señalamientos de corrupción.
Hace unos días, cuando se discutía el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos, Amador quiso quedarse también con las placas y licencias. Que fuese la Secretaría General de Gobierno y no la de Finanzas, la que cobrara por esos trámites. Al final imperó la lógica gubernamental y la situación quedó como está, pero el criador de caballos pura sangre no se quedó sin nada. Su voraz apetito político lo ha llevado, de la mano del gobernador, a erigirse como el comprador de todas las áreas del Gobierno del Estado de Baja California, pues será él quien titule el Comité de Honestidad de la Proveeduría Pública. Figura recién creada en el Congreso del Estado, a sugerencia e iniciativa del gobernador, por la cual pasarán todas las adjudicaciones mayores a 5 millones de pesos, pues aquellas que no rebasen esa cantidad, seguirán en la esfera de la Oficialía Mayor, como corresponde.
Ahora sí que nadie podrá hacer una compra sin la venia de Rodríguez Lozano, que con esa medida, se erige como el único posible señor de los moches, pues quienes venderán productos y servicios al gobierno, serán elegidos por él.
Quién sabe por qué, pero Jaime Bonilla Valdez sigue empoderando a quien ha sido señalado -y de hecho es investigado- por la Fiscalía General del Estado, de solicitar y aceptar dinero de empresarios a cambio de otorgarles contratos oficiales, lo cual ya podrá hacer a sus anchas.
En la administración de Bonilla, la corrupción parece estarse institucionalizando. Le sigue debiendo a los bajacalifornianos la transparencia, la honestidad.
