Un informe del Centro de Investigación del Congreso de los Estados Unidos publicado en diciembre de 2019, y titulado “México, crimen organizado y organizaciones de tráfico de drogas”, analiza así la posición del Gobierno Federal:
“Al final de su primer año en el cargo, el Presidente López Obrador ha seguido siendo popular, aunque niegue que los niveles de homicidio hayan seguido aumentando y su crítica a la prensa por no proporcionar una cobertura más positiva, ha generado preocupaciones. Algunos analistas cuestionan su compromiso para combatir la corrupción y reenfocar los esfuerzos para frenar la violencia relacionada con el crimen en México.
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“Durante su campaña presidencial, López Obrador dijo que consideraría enfoques no convencionales, tales como legalización de algunas drogas. Sin embargo, una importante política de seguridad para combatir a las organizaciones de tráfico de drogas, más allá de adoptar un enfoque para disuadir a los jóvenes vulnerables del crimen y un compromiso para detener la lucha contra la violencia de las organizaciones con violencia (o fuego con fuego) aún no se han articulado”.
Ciertamente de la política para combatir de manera directa al narcotráfico y el crimen organizado en México poco se sabe. La Guardia Nacional en el fuero del Gobierno dela República y a la cual se integró la Policía Federal, está dedicada a acciones de proximidad con la sociedad, no desarrolla –al menos así lo han declarado sus titulares en las distintas regiones del país- trabajos de inteligencia para no solo desmantelar las redes criminales, sino combatirlas y atacarlas (sin balazos, con inteligencia).
En ese contexto es congruente el informe que resalta que las políticas federales para combatir a las organizaciones de tráfico de drogas, aún no están articuladas.
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En estos momentos el Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, parece estar más preocupado por el juicio que en los Estados Unidos emprende el Departamento de Justicia contra Genaro García Luna, que en combatir a la criminalidad organizada y acabar con la impunidad que mantiene prófugos a muchos narcotraficantes en el primer año de su gestión en México.
Hace unos días presumió Durazo a propósito del juicio a García Luna:
“En este equipo no habrá ni saldrá ningún García Luna. Esto implica no solo el fin de la complicidad con la delincuencia organizada, sino romper con la ideología de guerra del “se matan entre ellos”. Para nosotros preservar la vida humana es prioridad por encima de todo”.
Ciertamente el narcotráfico, los capos, no pueden subsistir sin la ayuda del Estado. Las Policías corruptas les proveen protección para realizar sus ilícitos (ahí está el caso de García Luna), los gobiernos les proporcionan los servicios para mantener la infraestructura física criminal, apertura de negocios para el lavado de dinero, identificaciones con nombres apócrifos, permisos para construcción, entre otros, mientras en el Ministerio Público, la omisión por incapacidad o por complicidad corrupta mantiene a muchos narcotraficantes sin una orden de aprehensión.
Pero vaya, las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, no los están persiguiendo, y si lo están haciendo, lo están haciendo mal, pues en el primer año de gobierno de la Cuarta Transformación nada relevante ha sucedido en el combate al crimen organizado (lo más notorio han sido la captura y liberación de Ovidio, y el congelamiento de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera).
En un año del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, los cuatro narcotraficantes que gozan de mayor impunidad, ya sin García Luna y con una nueva corporación, siguen disfrutando de la misma.
En un año Alfonso Durazo no ha logrado aprehender a quienes son el origen del trasiego de la droga, del secuestro, de la extorsión y de los miles de asesinatos que en 2019 alcanzarán, de acuerdo a las proyecciones, los 30 mil casos. Se trata de Ismael Zambada Garcia, líder criminal del Cártel de Sinaloa, quien tiene 72 años y por lo menos 50 viviendo en la impunidad, incluido el primer año de gobierno de López Obrador. De Nemesio Oceguera Cervantes, un hombre de 54 años, que a fuerza de corromper autoridades se ha mantenido impune al frente del cártel Jalisco Nueva Generación; también de Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro, de 37 años y cabeza criminal del cártel de los Beltrán Leyva con su célula Los Mazatlecos. Y el notorio Rafael Caro Quintero, quien a sus 68 años de edad permanece prófugo de la justicia y de acuerdo a fuentes de inteligencia (extranjeras), continúa en la actividad criminal, protegido por los capos que le arroparon al salir de prisión donde permaneció durante 28 años.
Por supuesto que hay más capos del narcotráfico encabezando el resto de los nueve grandes cárteles mexicanos, o cualquiera de las cientos de células criminales que conforman la base de los mismos, pero de pocos se conocen sus nombres precisamente por la impunidad con la que se manejan.
Podrá decir Durazo que no hay Garcías Luna en su Secretaría o en las Fuerzas Armadas o en las corporaciones policíacas, pero de que hay elementos corruptos los hay, y la prueba es la impunidad que le proveen a los narcotraficantes, ello sumado por supuesto a que no exista una política pública definida para el combate y la aprehensión de los mismos.
Así que está bien, preocúpense por García Luna y lo que pueda declarar o negociar en la Corte de los Estados Unidos, pero más preocupados deberían estar por aprehender a los narcotraficantes por los cuales tanto la Unión Americana como México, ofrecen una recompensa millonaria, Zambada (30 millones de pesos), Oceguera 10 millones de dólares/30 millones de pesos), Caro (20 millones de dólares), Meza (5 millones de dólares).
Mientras estos –y muchos más- sigan libres, trasegando droga, asesinando u ordenando matar, lavando dinero, extorsionando, secuestrando, no se puede decir o declarar que en México se terminó la impunidad y se combatió la corrupción. Por lo pronto, los narcotraficantes ya acumularon un año más de impunidad.
