En días pasados, muchos medios de comunicación -nacionales y extranjeros- dieron cuenta de un lamentable suceso en una escuela de Torreón, Coahuila: un niño de 11 años privó de la vida a su maestra y se suicidó; además dejó heridos a varios niños más y al profesor de educación física. Poco después de eso, algunos medios locales compartieron que aquí, en Baja California, también debemos estar al pendiente y prevenir actos de violencia tan letales, como los ocurridos en otro estado con altos índices de violencia; niños de una escuela de Tecate se organizaban a través de redes sociales para planear una masacre en un plantel local.
Estas notas volvieron a abrir el debate sobre los llamados “operativos mochila” y su pertinencia; opiniones a favor y en contra han estado en publicaciones por todos los medios. Mi intención solo es recordar que los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a una vida sin violencia, a una educación de calidad en un entorno pacífico, a ser consultados y a que las decisiones que se tomen sean siempre las que más les protejan en dignidad y derecho; eso es el principio del interés superior de la infancia.
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Además, las niñas y los niños deben ser un grupo de atención prioritaria para los tres poderes, en las políticas públicas, en la legislación y en la justicia. Las personas menores de 18 años deben ser siempre vistas como sujetos de derechos y no como objetos de las familias y la sociedad; sin embargo, las niñas y niños siguen siendo mayormente tratados como extensiones de las personas adultas, sin que se protejan sus derechos plenamente para que puedan desarrollarse y crecer en la plenitud que merecen, lo que reduce sus posibilidades en la etapa adulta de sus vidas.
En muchas casas de nuestra entidad, habitan niños y niñas sin que eso implique que tengan un “hogar”. Porque hogar es el que proporciona seguridad, calma y paz; pero ellos pasan largas horas en soledad porque padres, madres y/o tutores están trabajando o involucrados en actividades ilícitas (de manera directa o indirecta). En muchas de estas casas hay drogas y armas visibles, al alcance principalmente de quienes son adolescentes. En casi todas las casas, independientemente de los niveles socioeconómicos, hay celulares que captan la atención de las personas adultas más que las necesidades de sus descendientes.
Profesores y profesoras trabajan con un gran compromiso social y arropan -en la medida de sus posibilidades- a grupos de 35 o 40 niños, niñas o adolescentes; algunas veces encuentran en sus dibujos y proyectos -e incluso en sus sueños y metas- armas largas y cortas, botellas de bebidas alcohólicas, carros de lujo, mujeres con grandes curvas y semidesnudas y narcocorridos.
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Cuando contrastamos estas realidades con los derechos enunciados en la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, las leyes generales y locales de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, nos damos cuenta de la enorme brecha que existe en la garantía de los derechos de la infancia.
En particular, me preocupa mucho la primera infancia, este periodo que va del nacimiento a los ocho años de edad y que es un momento único del crecimiento, en que el cerebro se desarrolla y se recibe mayor influencia de entornos y contextos. Si Baja California quiere invertir bien en presente y futuro, debe prestar mayor atención a preparar a niños y niñas, con valores sólidos y brindando una atención integral de sus necesidades emocionales, cognitivas, físicas y sociales.
Es mejor amar, proteger, comprender, escuchar y atender a los niños y niñas que tratar de corregir las conductas de los adolescentes y adultos. Por ejemplo, enseñar el derecho a la igualdad sustantiva a niños y niñas pequeñas previene las conductas machistas que generan violencia de género y que a veces resultan en feminicidios; educar para la paz evita en acoso escolar y las agresiones; enseñar a no discriminar favorece la inclusión. Esas tareas son de equipo de hogares y de crianza consiente y de escuelas y programas de valores y derechos humanos.
Para empezar, necesitamos “operativos mochila del corazón” en la casa y en la escuela.
Melba Adriana Olvera fue presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California.
Correo: melbaadriana@hotmail.com
