Desde tiempo inmemorial hemos hecho hincapié en la necesidad de revisar el sistema penal bajacaliforniano y nacional a la vez, lo cual implica un análisis de la legislación penal vigente y el funcionamiento de los agentes encargados de mantener el orden y la seguridad pública.
Los antiguos (griegos, romanos, etc.) aprendieron que es necesario castigar a quien delinque, o sea, a quien dañaba un bien jurídico de importancia. Este castigo tenía ciertos límites de utilidad pragmática; al que se le imponía una pena, tenía como límite el respeto a la condición humana.
Tratándose de situaciones graves, se imponía la pena de muerte o castigos alternos como la lesión, los golpes y otra serie de sanciones que demostraban el reproche social para quien realizaba conductas antisociales.
Hoy, diversas publicaciones escriben sobre la necesidad de un cambio estructural en el sistema penal y para ello se piensa abrogar las legislaciones vigentes; esto significa que los Código Penales basados en la escuela finalista quedarán archivados hasta que venga un grupo perteneciente a la escuela funcionalista, sobre todo que se está pensando en sustituir el sistema de penalización -como dijimos antes- basado en el funcionalismo. Todo lo anterior implica replantear los conceptos de sanción, peligrosidad, reprochabilidad, para detener el desbordamiento del delito que rompe con el orden y la seguridad de la sociedad.
Necesitamos nuevos códigos penales (de acuerdo a las condiciones de desarrollo económico, político, jurídico, religioso y social) porque los actuales no han llenado las expectativas para una política sana, pragmáticamente útil, que se esperaba cambiaría la manera de hacer justicia en materia penal. Necesitamos códigos modernos, inteligente, nacionalistas, que vean la aplicación de la pena en contra del que ha delinquido como la última ratio y entendiendo la justicia como prima ratio, o sea, que para evitar la anarquía y que prevalezcan las políticas de orden y seguridad, se debe imponer penas con características de utilidad, como son la prisión, la multa, la libertad vigilada, etc.
Debe de darse un Código Penal unitario para todos los Estados, pero, sobre todo, debe ser de expresión de lo que aspira un pueblo aterrorizado por los diversos grupos delincuenciales.
Cada país, cada Estado, cada pueblo, tiene su antídoto (contra veneno) para combatir la delincuencia. Aquí en México -y en particular en Baja California- debemos de tener nuestro propio catálogo de delitos y de penas de acuerdo a las condiciones sociales que estamos viviendo. El documento que contenga la política criminal de Baja California debe de ir más allá de lo que estipula un documento idealista que aspira a una sociedad pacífica e idílica.
Se necesita darles a los bajacalifornianos un instrumento útil y ágil, con máximos y mínimos de penas privativas de libertad que preocupe la readaptación social, antes de adoptar posiciones filosóficas cargadas de romanticismo que no conducen a ningún lado.
Nota: Si es necesario echar mano de los descubrimientos de la ciencia penológica, criminológica y penales, bienvenido; pero no conformarnos con ensayos atribuidos al pensamiento jurídico que nada traen a la guerra del delito.
Arnoldo Castilla es abogado y catedrático de la UABC.
